Tortura, delito e impunidad persistentes en México
Gloria Leticia Díaz
En los primeros cuatro años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió siete mil 511 denuncias por tortura, lo que demuestra que ese delito de lesa humanidad sigue vigente en México, sostuvieron integrantes de organizaciones civiles que integran el Observatorio contra la Tortura.
Al presentar el “Informe de hallazgos 2022”, los investigadores refirieron que el documento se elaboró con base en datos oficiales y al menos 800 solicitudes de información dirigidas a instancias de procuración de justicia, poderes judiciales, organismos públicos de defensa de derechos humanos y comisiones federal y estatales de atención a víctimas.
Natalia Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, destacó que a pesar de que el elevado número de denuncias, en 2022 solo se emitieron 10 sentencias, cinco de las cuales fueron condenatorias, y “ninguna de ellas corresponde a hechos cometidos por personal militar, a pesar de que hay evidencia de que integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera frecuente son señalados por actos de tortura”.
La defensora resaltó que, de la revisión de 23 sentencias emitidas entre 2017 y 2022, ninguna se basó en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada en 2017, y que se fundamentó en lineamientos y recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México.
Pérez resaltó que, a nivel federal, de 2018 a 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integró 294 quejas por tortura, de las cuales solo 41 se convirtieron en recomendaciones, “eso sin contar con que las quejas por tratos crueles y degradantes suelen ser mal clasificadas y en realidad se trataría de casos de tortura”.
“Lo que encontramos es que, a pesar de que tenemos una legislación de avanzada, pocas personas pueden acceder a resoluciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales, y peor aún, el acceso a una reparación integral es aún menor, pues si solo tomamos en cuenta las 41 recomendaciones y las cinco sentencias, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) sólo otorgó reparación integral para 10 víctimas”, alertó la integrante de Fundar.
Ángel Salvador Ferrer, de la organización Documenta, explicó que, del cúmulo de denuncias, a 2022 sólo existían seis mil 226 carpetas de investigación por tortura, que representan a seis mil 398 víctimas.
El investigador explicó que el número de carpetas “es 11% mayor a lo registrado en 2021, año en que se abrieron cinco mil 594 carpetas por tortura”, e indicó que si bien de 2019 a 2020 disminuyó el número de investigaciones, por debajo de las cuatro mil, “eso pudo deberse a la pandemia por covid, porque en 2021 volvió a subir el número de carpetas de investigación”.
En cuanto a las víctimas, Salvador Ferrer destacó que de las seis mil 398, 11% son mujeres, es decir 715 mujeres, en tanto que a 9.9% (22 mujeres) se les identificó como agraviadas por tratos inhumanos, crueles y degradantes.
“De todo el universo de carpetas de investigación, únicamente 82 fueron judicializadas, es decir 1.31%, lo que muestra hay una gran concentración y acumulación de casos y que no se resuelven en un porcentaje elevado”, aunado a que en materia de peritajes especializados en materia de tortura “81% de víctimas no tuvieron acceso a as certificaciones oficiales”, dijo el integrante de Documenta.
Salvador Ferrer explicó que en 2022 los organismos públicos de derechos humanos documentaron mil 243 quejas por tortura, de las cuales sólo emitieron 150 recomendaciones, en las cuales en 50.9% se señaló a personal de las fiscalías como responsables de los abusos y al 30.8% a los cuerpos de seguridad pública.
El investigador explicó que, en materia de resarcimiento del daño, las comisiones de atención a víctimas (sin contabilizar datos de Jalisco, que no los desglosó) sólo hay inscritas 244 personas como víctimas de tortura, de las cuales “identificamos 10 casos donde se emitieron medidas de reparación integral, personas atendidas por la institución federal, en las cuales no hemos tenido medida de reparación en casos estatales”.
En cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Salvador Ferrer resaltó que “únicamente atiende siete casos”, pese a la magnitud de las denuncias.
Este año, evaluación a México
Denisse Montiel Flores, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) de Jalisco resaltó la falta de implementación de la Ley General contra la Tortura por parte de las distintas instituciones, en particular de la FGR, que está obligada a presentar el Programa Nacional para Prevenir la Tortura, a pesar de que se han presentado amparos para que cumpla con la ley.
La defensora explicó que algo similar ocurrió con el Registro Nacional del Delito de Tortura, el cual “después de presentar amparos, lo único con lo que se cuenta es con 18 diapositivas, con información muy general, lo cual es muy preocupante porque la importancia del Registro es que está constituido como elemento fundamental para mejorar las investigaciones de las fiscalías, para identificar patrones y contextos en los que ocurre la tortura, diseñar herramientas y protocolos para la investigación y la prevención”.
Entre las faltas de aplicación de la Ley General, Montiel Flores resaltó que en el país solo hay 17 fiscalías especializadas en la investigación de la tortura y en materia de peritos, mientras “en 11 no cuenta con peritos especializados en el tema”.
Para la defensora, como resultado de las fallas institucionales para atender el tema de tortura, “pocas son las víctimas a las que se les ha garantizado el derecho a una reparación, tanto así que, de 2017 a enero de 2023, solo 255 víctimas han tenido acceso a una indemnización, lo cual es uno de los componentes de la reparación, pero no es toda”.
En su participación en la presentación del informe, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), resaltó que en este año México será sometido a revisión por el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), en fecha todavía no determinada.
El diplomático llamó la atención que la revisión del CAT, coincide con el año de cambio de poderes en México, por lo que “las recomendaciones que de ahí surjan, podrían tomarse como una hoja de ruta para prevenir y sancionar la tortura”.
Peña Palacios celebró el trabajo de las organizaciones civiles mexicanas y llamó a la apertura de un “espacio de diálogo, en espera de que el contenido del informe sea tomado en cuenta por los futuros tomadores de decisiones, para la erradicación de la tortura en México”.
