Poder Judicial de Sinaloa. Jueces que degradan su función
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La justicia como conjunto de valores esenciales de la sociedad y del Estado, como el respeto, la equidad, la igualdad, la lealtad, la legalidad y el profesionalismo, fueron quebrantados impunemente por el Poder Judicial estatal.
La audiencia de revisión de medidas cautelares convocada el día de ayer en la sede judicial de la zona centro del Estado, a la que comparecieron los imputados políticos del gobierno del Estado Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, fue todo un escenario peliculezco por la forma como desarrollo esa actuación judicial el Juez de Control Carlos Alberto Herrera.
El juzgador desde el momento en que hizo acto de presencia manifestó una actitud hostil ante las partes convocadas a la audiencia y el público presente en ese recinto judicial.
Fue categórico cuando espetó que la audiencia bajo ningún motivo sería reprogramada y que la misma se llevaría a cabo sin miramientos.
La orden era determinante. Destituir del cargo al Dr. Robespierre Lizárraga Otero como encargado del Despacho de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y seguramente imponer una tercera remoción del cargo de Rector Titular de la misma Institución del Dr. Jesús Madueña Molina.
Las condiciones de la audiencia fueron imponiendo situaciones que imprevistas para el Juez. La defensa nombrada por el imputado Robespierre Lizárraga Otero le exigió al Juez que le resolviera su petición de que había solicitado copia de lo actuado en el proceso al que fueron convocados y entrega de las reproducciones electrónicas de las audiencias celebradas para estar en condiciones legales de una defensa técnica adecuada en favor del imputado.
El Juez Carlos Alberto Herrera lo desoyó sin darle una respuesta fundada y motivada y ordenó que se hicieran presentes los defensores públicos que designaría oficiosamente al imputado Lizárraga Otero.
El Juez estaba impaciente por la forma en que se le complicaban las cosas y sin oír y respetar el derecho del imputado de ser él quien designara a su defensa le impuso no a uno sino a cuatro defensores públicos.
Pero el Juez no contó en el profesionalismo de los defensores públicos. Le manifestaron que no podían desempeñar su defensa en los términos exigidos por la ley porque no estaban impuestos de los antecedentes del juicio y de esa manera no le podían garantizar una defensa adecuada a la parte que representarían.
El Juez estaba desesperado sin poder tener las soluciones en ese evento procesal y no le quedó más remedio que cancelar la audiencia y reprogramar fecha para el nombramiento y protesta de los defensores para un día posterior.
La Justicia en Sinaloa quedaba evidenciada de que está al servicio de los intereses políticos del gobierno y no para cumplir con el mandato constitucional.
La Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades, siguen siendo perseguidos políticos de un gobierno empecinado en imponer todas las trabas que sean necesarias para castigar su atrevimiento de no acatar la Ley de Educación Superior de Sinaloa. Un producto legislativo detestable por violar la autonomía universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La lucha continua. La comunidad rosalina y la sociedad de Sinaloa se mantienen atentos y con todo su apoyo a los dirigentes universitarios, enfrentarán con toda la energía la arbitrariedad gubernamental. De rodillas nunca.
