Red de exfuncionarios a favor Grupo México
Zósimo Camacho
Exfuncionarios del gobierno de Peña, responsables en cuatro dependencias federales de los documentos oficiales que levantaron las sanciones a Grupo México, le devolvieron recursos y dejaron sin remediar el desastre ambiental y social del derrame tóxico en el Río Sonora. Destacan los de Conagua que seguían enquistados en el presente sexenio, emitieron un dictamen que aseguraba el “mejoramiento de la calidad” del líquido en la región. A la fecha, el organismo se abstiene de emitir una nueva opinión técnica y de proporcionar el expediente certificado para respaldar la denuncia penal que la Semarnat interpuso contra el consorcio minero
Primera parte. Exfuncionarios de cuatro dependencias federales aprobaron la “remediación” del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de que no hubo saneamiento alguno ni reparación de los daños, los exservidores públicos beneficiaron al imperio de Germán Larrea Mota Velasco con la expedición de documentos que le exculparon de resarcir realmente el desastre ambiental. Algunos de ellos siguieron favoreciendo al consorcio minero en el primer año del presente sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) son las dependencias gubernamentales que emitieron documentos, con el objetivo conseguido de extinguir el Fideicomiso Río Sonora. Con ellos, aseveraron que la remediación del mayor desastre ecológico por lixiviados en la historia de México había sido cumplida.
Destaca la Conagua, que en el actual sexenio emitió el Memorando BOO.2.-201 para respaldar el “mejoramiento de la calidad” del agua en la región contaminada. El documento fue emitido el 13 de junio de 2019, bajo los auspicios de la Subdirección General Técnica, encabezada entonces por Víctor Hugo Alcocer Yamanaka. Como reveló el propio presidente López Obrador, este exservidor público también entregó en esas fechas una nueva concesión de explotación de agua a Grupo México.
Firmado por Juan Ernesto García Corona, en aquel tiempo gerente de Inspección y Medición, y Erick Daniel Gutiérrez López, entonces gerente de Calidad del Agua, el memorando señala: “en general la calidad del agua en el periodo 2014-2019 ha mostrado una tendencia de recuperación en el agua del río Sonora, ya que los resultados del mes de febrero de 2019 indican que: los metales […] están dentro del valor guía de los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua […]” (sic).
Alcocer Yamanaka hoy trabaja formalmente para ese consorcio encabezado por Germán Larrea, como lo confirmó el propio holding en el comunicado 006/22, emitido el 11 de noviembre de 2022:
“[…] Él [Víctor Hugo Alcocer Yamanaka] fue contratado por Grupo México por su experiencia acreditada como técnico especializado en temas hídricos, cuando se habían cumplido los términos y plazos establecidos por la ley. Del mismo modo, todas las contrataciones de personal técnico especializado para áreas relevantes en las actividades industriales de Grupo México se realizan en el marco de la legalidad y del respeto a la ética” (sic).
En efecto, Alcocer Yamanaka se desempeña como director de Asuntos Ambientales en México de la División Minera del consorcio empresarial desde septiembre de 2019. Antes fue funcionario de los gobiernos de Felipe Calderón –en la Profepa y en la Semarnat– y Enrique Peña Nieto en la Conagua, dependencia de la que salió en el presente sexenio, luego de favorecer al que a la postre sería su empleador.
Víctor Hugo Alcocer Yamanaka ya no está en la Conagua, pero parte de su equipo sí. Hay quienes fueron sus subordinados y comparten con él la apuesta por una gestión empresarial de los recursos naturales. Entre ellos, destaca Nahún Hamed García Villanueva, hoy gerente de Distritos de Riego de la dependencia.
Al hoy empleado de Germán Larrea se le considera parte del grupo que también integran Víctor Bourgett Ortiz, Roberto Ramírez de la Parra y David Korenfeld. El primero dejó su cargo a principios del año pasado como director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 36 millones de pesos en la gestión de 2021.
Mientras, Ramírez de la Parra se desempeñó como titular de la Conagua durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sustituyó a David Korenfeld Federman, el primer director de la dependencia durante el peñismo, quien tuvo que dejar el puesto luego de ser exhibido por utilizar un helicóptero de la dependencia para asuntos privados.
En ese tiempo, el director jurídico de la Conagua era Alejandro Medina Mora Nieto, hijo del exprocurador de la República y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora. Otro integrante del grupo es Arturo Palma Carro, exdirector de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) y expresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH).
Entre la colección de exfuncionarios que Grupo México ha contratado también se encuentra Arturo Rodríguez Abitia, quien durante el sexenio pasado fue subprocurador ambiental de la Profepa y, previamente, asesor del titular de la Semarnat. Hoy, es director de Asuntos Ambientales Americas Mining Corporation.
La DGGIMAR, de rodillas el sexenio pasado
Entre las dependencias que generaron más documentos a favor de la exculpación de Grupo México, se encuentra la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat. Todos, durante el sexenio anterior. Hoy, mantiene una postura unitaria con la secretaría acerca de que no hubo remediación alguna al desastre ambiental causado.
La DGGIMAR del sexenio pasado –encabezada por César Murillo Juárez, quien firmó todo– expidió cinco documentos en 2015 y uno en 2016, en los que asentó que quedó satisfecha con las acciones para remediar, reparar y compensar los daños ambientales, a la salud pública y materiales causados por el derrame.
Con respecto de los documentos de 2015, se trata de los oficios DGGIMAR.710/000529 del 27 de enero; DGGIMAR.710/006212 del 24 de agosto; DGGIMAR.710/006211 de la misma fecha; DGGIMAR.710/006521 del 27 de agosto, y DGGIMAR.710/006522 del mismo día. Mediante estos instrumentos, se aprobaron los Programas de Remediación de las zonas 1 a 5 afectadas por el siniestro.
Además, con el oficio DGGIMAR.710/010733 del primero de diciembre de 2016, la dependencia dio por remediada la contaminación en dichas zonas. Aseguró que, con respecto de la zona 1, “se alcanzaron los niveles de remediación propuestos y autorizados”. Y acerca de las zonas 2 a 5, los calificó de “aceptables”. Y se estableció que para estas zonas las empresas estaban obligadas a continuar la ejecución de los Programas de Monitoreo.
Tal “satisfacción” observada por la DGGIMAR fue justificada de manera muy precaria, como reconocería un documento emitido posteriormente por la misma dependencia. En el oficio SRA/DGGIMAR.618/003448, se lee:
“[…] Que el único documento que se llevó a cabo respecto a los sedimentos es el ‘Estudio de análisis de la información bioquímica de los sedimentos de Arroyo de la sierra a la cuenca del Río Sonora de Bacanuchi por los elementos As, Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn […]”.
Tal “estudio” fue firmado por el doctor Efrén Pérez Segura en septiembre de 2014. Este documento se tomó como base para determinar que no era necesario que Grupo México realizara acciones adicionales a las ya establecidas en la Propuesta Técnica Científica.
“[…] Sin embargo, reconoce la propia DGGIMAR, el documento emitido por el Dr. Efrén Pérez Segura no muestra resultados de un laboratorio acreditado por la EMA [Entidad Mexicana de Acreditación] ni aprobado por la PROFEPA” (sic).
Este documento determinó que la Conagua debería emitir un pronunciamiento sobre la calidad del agua de la región contaminada en diciembre de 2019. Hasta la fecha, no ha realizado estudio alguno. Y prácticamente hace oídos sordos a lo requerido por otros organismos de la administración pública federal.
De hecho, el 5 de octubre pasado, la Semarnat envió el oficio 112.-3433 a la Conagua, para que proporcione “las copias certificadas del expediente administrativo que se haya conformado, con motivo del siniestro acontecido el 6 de agosto de 2014”.
Hasta la fecha, la Conagua no ha entregado tal expediente, a pesar de que la Semarnat le informó que “la documentación peticionada es de suma importancia para la integración de la Carpeta de Investigación FED/SON//HSO/1798/2023, en la que se denunciaron hechos probablemente delictivos”.
Profepa, cooptada en el peñismo
Por su parte, el 26 de enero de 2017, la Profepa emitió la resolución PFPA/32.5/2C.27.1/0001-17 en el estado de Sonora. En ella, la dependencia gubernamental tuvo por “cumplidas las medidas correctivas”.
Más aún, la dependencia federal encargada de velar por el ambiente emitió unos días después, el 31 de enero de ese año, un oficio más controvertible que justificó la extinción del Fideicomiso Río Sonora. Incluso, mediante este instrumento, se le reintegraron a Grupo México los recursos que no habían sido ejercidos. Durante el sexenio anterior, la Profepa estuvo encabezada por Guillermo Haro Bélchez. El subprocurador fue Arturo Rodíguez Abitia, hoy director de Asuntos Ambientales Americas Mining Corporation del consorcio de Germán Larrea.
Bajo el número PFPA/32.5/2C.27.1/0089-17, el documento tuvo por “cumplida la cláusula segunda del convenio y determinó que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos”.
Ante la inconformidad de pobladores y organizaciones defensoras del medio ambiente, el 15 de enero de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un amparo directo contra las acciones derivadas de esos documentos.
La falta de acción por parte de la Conagua, que no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre la calidad del agua desde diciembre de 2019, facilitó las omisiones de Grupo México. De hecho, señala la DGGIMAR, “[…] el que no exista certeza o se haya acreditado el cumplimiento puntual de los Programas de Remediación por Emergencia Ambiental, presentados por ‘LAS EMPRESAS’, indiscutiblemente representa un obstáculo para que esta Dirección General resuelva de manera favorable a sus pretensiones, al no contar con información y/o documentación idónea para tal fin” (sic).
Empantanados
La denuncia penal interpuesta por el gobierno federal, mediante la Semarnat, contra Mexicana de Cananea, SA de CV; Buenavista del Cobre, SA de CV, y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, SA de CV, obligó a Grupo México a restablecer la comunicación con el gobierno federal. La denuncia también es en contra “de quien o quienes derivado de los actos de investigación integren la Carpeta de Investigación resulten responsables”.
El documento, presentado ante la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Sonora el 17 de agosto pasado, denuncia que, en el escurrimiento de desechos tóxicos en el Río Sonora, se cometieron varios delitos de comisión y omisión.
Y advierte que nunca hubo remediación alguna. Por el contrario, “[…] la mutación en el mundo objetivo causada por el hecho ilícito, tuvieron su génesis el día 6 de agosto de 2014 y ese impacto ambiental transformador subsiste a la fecha. No ha desaparecido, sino al contrario, la lesión al referido bien jurídicamente protegido, día a día, acontece incesantemente.
En tal medida, es que se actualiza la hipótesis de la fracción II, del artículo 7º del Código Penal Federal, porque la consumación del delito se ha prolongado en el tiempo” (sic).
Como se recordará, el 6 de agosto de 2014, el represo del Bordo Poniente del sistema La Tinaja derramó más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, manganeso, plomo, arsénico y vanadio. El fallo del sistema, operado por Buenavista del Cobre, contaminó directamente los cuerpos de agua de la Cuenca del Río Sonora: el afluente principal, el río Bacanuchi y la presa El Molinito.
La contaminación se extendió por nueve municipios sonorenses: Cananea, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. Se le considera el mayor desastre ambiental por escurrimiento de lixiviados en la historia del país.
En la denuncia, se destaca que el siniestro ocurrió en el represo que servía para resguardo y almacenamiento de lixiviados para la extracción de cobre y molibdeno, en el marco de las actividades mineras de las empresas denunciadas.
Y argumenta que “[…] los imputados no realizaron o cumplieron con las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa le ordenó o impuso”.
En específico, sobre los funcionarios públicos involucrados, en su denuncia penal la Semarnat los señala por no haber cumplido con su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los objetivos del fideicomiso. Más aún, aprobaron la extinción del mismo “[…] y la reversión del remanente de los recursos y bienes de los fideicomitentes […]”.
El convenio de transmisión del patrimonio y extinción total del fideicomiso irrevocable 80724 consta de siete fojas. Está firmado por los representantes empresariales Alejo Francisco Manzo Díaz de Buenavista del Cobre, y Juan José Cervamtes Silva de Operadora de Minas e Instalaciones Mineras. Además, por parte de Nacional Financiera, aparece la firma de Diego Alberto Cervantes Villegas, entonces delegado fiduciario general. Y, por parte de la Semarnat, firmó Rodolfo Lacy Tamayo, quien se desempeñaba como subsecretario de Fomento y Política Ambiental.
Mientras, a las empresas Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras se les señala de ser las autoras intelectuales de los presuntos delitos. Para la Semarnat que hoy encabeza María Luisa Albores, “nunca hubo remediación tras el desastre ambiental”.
Contralínea solicitó entrevista con Grupo México para conocer su versión sobre la remediación del derrame tóxico de 2014 en afluentes del Río Sonora. Diana Luna Segundo, gerente de Información y Análisis del consorcio, señaló que “en caso de haber algún comentario [por parte del grupo empresarial] me comunico con usted” (sic).
También se solicitó entrevista con la Conagua, a través de José Solís Juárez, coordinador general de Comunicación y Cultura del Agua. Al cierre de edición no hubo respuesta.
