El Plan D
Joaquín Narro Lobo
Con frecuencia, en México las elecciones federales intermedias constituyen un momento en el que la correlación de fuerzas se modifica de forma significativa, marcando un antes y un después para el gobierno en turno. Este ha sido el caso para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la primera mitad del gobierno de López Obrador, Morena y sus aliados contaron en la Cámara de Diputados con la fuerza legislativa necesaria para realizar reformas constitucionales. Sin embargo, a partir de septiembre de 2021 la oposición logró recuperar el terreno suficiente para evitar que esto sucediera, limitando con ello las intenciones presidenciales de modificar la Constitución Federal.
En 2022, tras la revocación de mandato que terminó por confirmar la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, y después de diversos diferendos con el Instituto Nacional Electoral, el presidente de la República buscó modificar la estructura del sistema electoral a través de lo que denominó como el “Plan A”. Al no alcanzar la mayoría calificada que le permitiera reformar la Constitución, López Obrador anunció un “Plan B”, el cual consistió en realizar reformas a leyes secundarias, las cuales fueron declaradas a los pocos meses como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este contexto fue que miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse en contra de lo que consideraban como un atentado a la democracia y sus instituciones fundamentales.
Tras una derrota legislativa y otra judicial, ya instalados en el próximo proceso electoral, Morena y sus aliados lanzaron el llamado “Plan C”, basado en lograr el número necesario de votos en las elecciones legislativas de 2024 que les permitan alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para realizar reformar constitucionales. En caso de que Morena, PT y PVEM logren su objetivo, la oposición se verá reducida a la irrelevancia legislativa y su papel en el Congreso será meramente testimonial, poniendo en riesgo la estabilidad democrática y la viabilidad de muchas de las instituciones que sustentan a nuestro sistema político. Lo que en 2022 y 2023 fue frenado gracias a la movilización ciudadana estaría en riesgo y a merced de una mayoría que no tendría necesidad de negociar con la minoría opositora.
Pero, ¿qué pasaría si Morena y sus aliados son derrotados? Si la victoria de la oposición es total e incluye no solo lo legislativo, sino que se amplía al ámbito presidencial, cualquier riesgo de reforma constitucional estaría cancelado. Si el triunfo opositor es parcial y se circunscribe a lo legislativo, bien porque estos partidos obtengan la mayoría o cuando menos impidan que Morena y sus aliados cuenten con la mayoría calificado, el “Plan C” será inviable, pero se activará lo que seguramente denominarán como el “Plan D”: convocar a un nuevo constituyente para promulgar una nueva Constitución. Con la fuerza de legitimación que da una victoria presidencial de amplio margen y a partir de una narrativa que profundice la división política y social de México, la elaboración de una Constitución a modo de la llamada Cuarta Transformación es el riesgo más grande que pueda enfrentar el Estado Mexicano.
A partir del panorama actual que muestran las encuestas y la opinión pública, si las elecciones fueran hoy, Morena y Claudia Sheinbaum ganarían la Presidencia de la República y la mayoría de los espacios legislativos. A prácticamente seis meses de distancia, se antoja complicado que Xóchitl Gálvez o Samuel García logren remontar una desventaja tan grande como la que hoy parece existir en las preferencias electorales. Si claudia Sheinbaum gana con más del 50 por ciento a la votación y por alguna razón no cuenta con la mayoría calificada para llevar a cabo reformas constitucionales, no tengamos dudas: Morena y sus aliados se movilizarán para hacer una nueva Constitución. El riesgo de ello es enorme e implicaría fragmentar a México en dos. Por todo lo anterior es fundamental que las oposiciones comprendan el momento que habremos de vivir en los próximos meses y sepan estar a la altura de las circunstancias. En el contexto actual, lo último que necesitamos es un Plan D.
