Cae a pedazos la “Ley Rocha” y estalla la locura en el gobierno de Sinaloa
Álvaro Aragón Ayala
Enfermo de poder, Rubén Rocha Moya intenta, con todos los medios a su alcance, ocultar que la Ley de Educación Superior o “Ley Rocha” se cae a pedazos en los Juzgados de Distrito o Tribunales Federales por ser inconstitucional y violatoria a la autonomía universitaria. El gobernador pretende ahora tapar que fue él el principal constructor de la ley de marras, distrayendo la atención, inventándoles más delitos a los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La locura impregna el Tercer Piso del gobierno estatal, de donde partió la orden de continuar criminalizando y linchando públicamente a las autoridades uaseñas.
Rubén Rocha gasta millones de pesos del erario público intentando que germine la idea de que hay corrupción en la UAS y, pues, no la hay. La realidad es que es él quien prefabrica imaginarios y delitos falsos contra los funcionarios universitarios. El plan del mandatario estatal es que ya no se mencione que él y los diputados de Morena y los legisladores del PRI, llamados “morenistas por contrato”, son los artífices de la Ley de Educación Superior del Estado que, a juicio de especialista en derecho constitucional y universitario, es toda una aberración jurídica-legislativa.
Con la ley, “congelada” por los Juzgados de Distrito (tribunales federales), Rocha Moya y los diputados de Morena manosearon el proyecto que buscaba controlar a la UAS desde el exterior, primero creando una Ley Orgánica Foránea, que les facilitara penetrar la institución, y luego dominarla mediante mecanismos que fabricaría el propio Congreso Local y el gobierno estatal y aplicaría la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la cual tomaría las riendas de las finanzas y de los procesos de desarrollo académico y administrativo del Alma Mater.
Únicamente que el proyecto se descalabró. Los Juzgados de Distrito están por decretar la inconstitucionalidad de la ley de marras, dejando así en el ridículo a Rubén Rocha y a los diputados locales, razón por la que le urge ocultar que la construcción de ese bodrio de legislación universitaria es de su invención, exigiéndole a los periodistas por paga que ni la mencionen y centren sus opiniones, “análisis” o ataques en la supuesta corrupción universitaria, falsa narrativa construida por el propio gobernador.
Efectivamente, el mandatario estatal, apoyado por la casi totalidad de los medios de comunicación a los que controla por medio de contratos de publicidad, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, la Fiscalía General de Justicia, la Auditoría Superior del Estado, el SATES y la UIPES, prefabricó y sigue inventando delitos contra los funcionarios de la UAS en venganza por haber rechazado la aplicación de la Ley Estatal de Educación Superior.
Pero queda claro: en la construcción esa ley los legisladores locales y el gobernador violaron la Constitución General de la República Mexicana y la Ley General de Educación Superior (Ley federal) y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual destaca que los poderes legislativos, tanto de la federación como de los estados, no tienen la facultad para modificar leyes, a modo o capricho de los gobernadores, en los aspectos garantizados por la Constitución Federal en materia de autonomía universitaria.
Más aún. La “Ley Rocha” en su aplicación frustrada pretendía modificar desde el exterior la Ley Orgánica de la UAS, sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterios en torno a la extensión y los límites de la figura legal de autonomía universitaria que los poderes legislativos, tanto de la federación como de los estados, no tienen la facultad para reformar las leyes orgánicas de las instituciones autónomas en aquellos aspectos garantizados por la Constitución Federal; la legislación universitaria, así como las disposiciones administrativas que de ésta se desprenden, son parte del orden jurídico nacional.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La formulación de la Ley General de Educación Superior, aprobada el 19 de abril de 2021, amplió el alcance de la autonomía universitaria en un aspecto fundamental: la ley limita la posibilidad de que los poderes ejecutivos y legislativos, tanto federales como de los estados, modifiquen unilateralmente las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Al respecto la norma estableció que:
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Precisamente esta disposición jurídica-legal fue incrustada en las Ley General de Educación Superior por los repetidos intentos de legisladores, fracciones y gobernadores de los estados de modificar a su antojo las leyes orgánicas de las instituciones autónomas, incluso varios de los artículos de la Ley General establecen el respeto que se otorga a las universidades e instituciones como un límite a la aplicación de las políticas y programas que establezca la autoridad federal en materia de educación superior.
