Se reafirma la persecución política del Gobierno del Estado de Sinaloa; juez vincula a proceso a Robespierre Lizárraga
Se reafirma la persecución política del Gobierno del Estado de Sinaloa en contra de universitarios por defender la autonomía universitaria, declaró el Secretario General de la Universidad Autónoma Sinaloa (UAS), el doctor Robespierre Lizárraga Otero al salir de la audiencia en la que se le vinculó a proceso.
Y es que, pese a que la defensa argumentó de manera precisa y contundente que había razón legal y debidamente fundamentada para la no vinculación a proceso, el Juez de control Adán Alberto Salazar Gastélum, desoyó dichos argumentos y consideró que había elementos suficientes para su vinculación.
“Es triste y lamentable como las instituciones del estado como se vulneran precisamente con estas actuaciones tan burdas y ridículas por parte de quienes las encabezan (…) reafirmar como el Gobierno del Estado de Sinaloa está actuando en esta ocasión en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa y miembros de su comunidad con absoluto abuso, represión, represalias”, expresó.
De acuerdo a la formulación de imputación hecha por la Fiscalía, el delito se deriva del hecho de que Lizárraga Otero, en su calidad de apoderado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, negó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), el día 30 de marzo del presente año llevar a cabo la auditoría 012-2023 demostrando que no tiene facultades para hacerlo.
Durante la audiencia que se extendió por nueve horas, la Fiscalía verbalizó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación por el presunto delito de abuso de autoridad cometido en contra del servicio público, la cual está constituida por testimoniales del personal de la ASE notificadores y auditores; por solicitudes de pago tipo transferencia, mismas que llevan por concepto subsidio estatal 2022 recurso no etiquetado federal; además de fotografías, notas periodísticas y videos publicados por medios de comunicación, recabados por los agentes policiales de investigación.
“Es ridículo lo que acaba de pasar aquí en el poder judicial, construyendo delitos, esa es la gente que está frente a las instituciones, construyendo, inventan delitos, presionan al personal de la Auditoría, presionan y amenazan al personal de la Fiscalía y al de aquí del Poder Judicial para lograr sus caprichos y eso a estas alturas de nuestra historia es absoluta y totalmente grave, peligrosa”, manifestó el Secretario General de la UAS.
El equipo de defensor de Lizárraga Otero, conformado por el abogado Alfonso Carlos Ontiveros Salas y su hijo, el licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal, precisó que fue vaga y ambigua la formulación de imputación de la Fiscalía y que, ésta no probó ninguna de las hipótesis del 296 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, por lo que no se había configurado ningún delito.
Asimismo, la defensa fue contundente en sus argumentos al aclarar que cada uno de los supuestos de imputación como que Robespierre Lizárraga no acredita el carácter de servidor público, que la ASE carece de competencia para fiscalizar los recursos federales; que la máxima casa de estudios de Sinaloa goza de régimen de autogobierno y no forma parte ni le aplica la Ley de entidades paraestatales del Estado de Sinaloa.
Los abogados aclararon que la UAS nunca se ha opuesto a ser auditada, sino que está fiscalizada por las autoridades competentes, en este caso por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), puesto que todo el recurso que la Universidad recibió en su ejercicio 2022, que es el que pretende auditar la ASE, son recursos de naturaleza federal y aún y cuando entren a las arcas del Gobierno del Estado no pierdan su naturaleza de federalizado.
De igual forma, informaron que la UAS cuenta con dos suspensiones definitivas que le fueron concedidas en contra la Auditoría 012-2023.
Luego de los debates vertidos entre las partes, y pesar de no haber suficientes elementos de prueba, el juez dictó auto de vinculación a proceso con medida cautelar solicitada por la Fiscalía de limitar el abandono del país sin permiso judicial y un plazo de dos meses para la investigación complementaria, concluyendo está el próximo de noviembre.
Lizárraga Otero, agradeció el apoyo y solidaridad demostrada por los universitarios quienes acudieron y se mantuvieron en la explanada de la Sede Judicial ante las inclemencias del clima y reiteró que continuarán defendiendo la autonomía universitaria y la educación que representa el progreso del estado y el país y aseguró que será en las instancias federales en donde la razón y a correcta fundamentación del hecho en el derecho va hacerse valer.
“Tenemos algo que ellos no nos van a vulnerar es la dignidad en lo que creemos, en lo que pensamos, uno no está aquí compareciendo ante ellos por lo que hizo o no hizo, por lo que piensa, creemos en la autonomía universitaria la vamos a defender pase lo que pase”, externó.
