Enriquecimiento ilícito, acopio y tráfico de armas, los otros delitos del asesino de Buendía
Diana Lastiri
Previo a ser procesado formalmente por el homicidio del periodista Manuel Buendía, las autoridades ya preparaban otras acusaciones contra el exdirector de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) José Antonio Zorrilla Pérez; una de ellas, evidenció la riqueza que el exfuncionario amasó de manera inexplicable en México y el extranjero.
Proceso consultó el expediente Buendía, entregado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al Archivo General de la Nación (AGN), en el que se encuentra un informe sobre la orden de cateo que las autoridades realizaron en el domicilio de Zorrilla Pérez, en Paseo de la Reforma 2570, casa 79, lugar donde había sido detenido el 14 de junio de 1989.
Allí, las autoridades aseguraron documentos relacionados con propiedades de inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, cajas de seguridad de diversos bancos nacionales y extranjeros, así como acciones en las que se le mencionaba como socio principal de varias empresas.
Las autoridades señalaron que era posible que desde 1988 Zorrilla preparaba su fuga para el caso de que se le intentara detener por el homicidio de Buendía.
“Se desprende el señalamiento de una incalculable fortuna que pudo amasar en los últimos años como servidor público y que, salvo los peritajes de valuación correspondientes a verificar, asciende a miles de millones de pesos”, señaló la PGJDF en el informe del 18 de junio de 1989.
Con las evidencias, la PGJDF consideró que la situación patrimonial y financiera de Zorrilla Pérez no coincidía con los sueldos que obtuvo oficialmente durante todos los años que fue funcionario público.
“La abundante relación de bienes a nombre de Zorrilla Pérez y de su esposa, Marisela Ruvalcaba de Zorrilla, rebasa con mucho la manifestada en la declaración de bienes, que de 1983 a 1985 hizo el exdirector de la Federal de Seguridad ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación”, señaló la Procuraduría capitalina.
En 1983 Zorrilla declaró tener bienes en Cuernavaca, Morelos; en el estado de Hidalgo y en la colonia Campestre Churubusco de la Ciudad de México, que sumaban un valor de tres millones 170 mil pesos.
También reportó tener inversiones por un millón 537 mil pesos e informó de dos vehículos: una Ford 1982 y un Rambler 1980.
Su esposa, Marisela Ruvalcaba, declaró tener propiedades en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y en Cuernavaca, Morelos, por un millón 650 mil pesos y un vehículo Ford 1981.
Al año siguiente Zorrilla declaró ingresos por cuatro millones 91 mil pesos, inversiones por 191 mil pesos y deudas de dos créditos hipotecarios ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Banobras, por 495 mil pesos.
Para 1985 el exdirector de la DFS vendió su casa en la Campestre Churubusco, por siete millones y medio; declaró sueldos por cuatro millones 246 mil pesos e intereses por tres millones 750 mil pesos.
Ese año sumó ingresos por 15 millones 496 mil 400 pesos; inversiones en Banobras, Banco Internacional y Banca Confía, por nueve millones 729 mil pesos y sus deudas con el ISSSTE y Banobras ya eran por 305 mil 56 pesos.
Los documentos de sus propiedades y las de su esposa se encontraron en varios portafolios que estaban dentro de uno de los clósets de la habitación desde donde Zorrilla amenazó, el día de su captura, con matar a su familia y suicidarse.
Su riqueza en México y el extranjero
En uno de esos portafolios había un documento titulado “Relación de propiedades”, en el que se describen más de 20 bienes, como la casa de Paseo de la Reforma y 13 lotes en el Fraccionamiento Lomas de las Palmas en el Estado de México; tres lotes en Colinas del Sur, en el Distrito Federal; una casa en los Tabachines, Cuernavaca; otra en Teololco 320, en el Pedregal de San Ángel; tres lotes en el fraccionamiento San Juana, otro en Paseos de Taxqueña, uno más en Portales, un lote en División del Norte y otro en Tlalpan.
El listado incluyó un condominio en el fraccionamiento el Conquistador en Cuernavaca, otro en la zona hotelera de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y uno más en la zona residencial de Cancún, Quintana Roo.
También una casa campestre en Avándaro, dos terrenos en el Pedregal de San Ángel, un terreno en un “lujoso” fraccionamiento de Guadalajara, Jalisco; varios terrenos en Palmira, Cuernavaca, municipio en el que también tenía un terreno en la zona residencial de Los Limoneros; un terreno en Zapotlán, Hidalgo, y una exhacienda en Atotonilco; dos terrenos con caballerizas en el Ajusco, con una extensión de 36 mil metros; dos terrenos en Tizayuca, Hidalgo, otro en Huejutla y un condominio en Campos Elíseos, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
“En el extranjero tenía propiedades en La Joya, Cal., una propiedad en Houston y otra más en Horse Shoepday (sic)”, señala el documento que detalla lo asegurado durante el cateo de la casa de Zorrilla.
Según los documentos, Zorrilla era accionista de la empresa Constructora e Inmobiliaria Zoma; del Grupo Autotransportista Tusac, que integra 32 compañías; socio mayoritario del Grupo Agropecuario San José; socio y administrador único de Bienes Raíces Prado Sur, SA.
En otro portafolios las autoridades hallaron una membresía de condominio compartido internacional, con un valor de 44 mil 734 dólares, adquirida en el año 1988.
Fueron localizados documentos sobre cuentas en el Frost National Bank de San Antonio, Texas; el Israel Discount Bank of New York; en el Bank One of Texas; en el First National Bank en Woodlands, Texas; en el Deustche Bank en Munich Alemania Federal, donde realizó depósitos por aproximadamente dos millones de marcos alemanes; una cuenta en el Bank of Montreal en Canadá; vínculos con The Union National Bank of Laredo; San Diego Federal American Bank of Commerce; Credit Commercial de France; Ultimate Bank King; Alamo Bank y City Bank Preferred Visa.
“En su portafolios se encontraron cheques de viajero por ocho mil 200 dólares, así como un cheque personal en blanco de su cuenta en el Deutsche Bank”.
Las autoridades comprobaron que Zorrilla realizó tres depósitos de 500 millones de pesos cada uno entre septiembre y diciembre de 1988 a cuentas de Banamex, Bancomer y Banco Mercantil, en este último banco también se realizaron otros depósitos por 350 millones de pesos.
En Banco Internacional, Zorrilla tenía una caja de depósito y en Banamex recibió depósitos por cerca de 238 millones de pesos a nombre de Moisés Uribe López, utilizado por el mismo exfuncionario como una especie de prestanombres ilegal.
“Para preparar su posible huida en el caso de ser descubierto en su posible participación en el homicidio de Manuel Buendía”, señaló la PGJDF.
También fueron realizados depósitos en Bancomer a nombre de Marisela Ruvalcaba y Zorrilla por 35 millones de pesos.
“La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal procederá a realizar un desglose de estas actuaciones para remitirlas a la Procuraduría General de la República, a fin de que ésta investigue y, en su caso, consigne a José Antonio Zorrilla Pérez por posibles delitos de carácter federal como el de enriquecimiento ilícito”, precisó la institución.
Según la declaración de Roberto de Uslar de la Peña, amigo de Zorrilla, él se encargó de conseguirle una cartilla del servicio militar con el nombre de Moisés Uribe López, que el exfuncionario utilizó para abrir diversas cuentas de cheques en el Banco Nacional de México por 10 y 20 millones de pesos, con las que buscaría acreditar solvencia económica y obtener la visa para salir del país.
El arsenal de Zorrilla
En el expediente de Buendía también se incluye otro informe del cual se desprende que el 16 de junio de 1989, un día antes de que se dictara auto de formal prisión a Zorrilla por el homicidio del periodista, la PGJ envió parte de su investigación a la Procuraduría General de la República (PGR).
Esto, para que la PGR iniciara una averiguación previa contra Zorrilla por acopio de armas, portación de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas e introducción clandestina al país de armas y municiones.
Junto con el expediente la PGJ entregó a la PGR revólveres Colt 357 Magnum; Smith & Wesson 38 especial; uno con marca no visible pero matriculados con la leyenda José Antonio Zorrilla Pérez, calibre 38 especial corto; Pietro Beretta 9 mm de doble acción; Llama, calibre 9mm; Walther 9 mm.
También una escopeta Remington calibre 12; una escopeta Beretta calibre 12 doble cañón verticales y más de cuatro mil cartuchos “de alto poder destructivo, como son las balas expansivas y las de las escopetas capaces de partir en dos a un vehículo”, describió la PGJ.
A esto le acompañó un informe de balística de la Dirección General de Servicios Periciales, por lo que la PGR inició la averiguación previa correspondiente.
