Rubén Rocha planea estallar la violencia en la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Rubén Rocha Moya toca los linderos de la generación de la violencia en su diferendo con la Universidad Autónoma de Sinaloa, discrepancia generada por emisión de la Ley de Educación Superior del Estado violatoria a la autonomía universitaria. El gobernador le apuesta a la provocación de una “revuelta interna” universitaria con grupúsculos movilizados por él y su camarilla. Persiste la intención de Rocha de apoderarse del control de la UAS.
Únicamente que ahora se sumó a su plan el uso de la violencia ya que quedó atorado en una “crisis legal” ante la certera defensa de autonomía de la UAS y sus funcionarios de parte de un equipo jurídico uaseño que ha desmontado la agresiva campaña gubernamental emprendida para hacer aparecer como legal la “torcida” Ley de Educación Superior y trabaja en la desarticulación de las demandas penales prefabricadas contra los funcionarios universitarios.
En el gobierno de Rubén Rocha hay un sentimiento de cólera contra las autoridades de la Máxima Casa de Estudios, debido a que la sociedad ya entendió que:
a). – La campaña de criminalización y linchamiento público contra los funcionarios de la UAS no pega; por el contrario, tienen un efecto bumerang y rebota en el Tercer Piso del Gobierno Estatal, desenmascarando a un Rubén Rocha traidor, represor y persecutor de los universitarios.
b). -La Fiscalía General de Justicia del Estado se convirtió en uno de los principales brazos ejecutores de la política judicial perversa del gobierno de Rocha. La fiscal Sara Bruna prefabrica demandas o las “pule” para ser puestas a disposición de un Juez de Control a modo.
c). -Adán Alberto Salazar Gastélum, hechura del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez, viola la ley al desempeñarse como Juez de Control, pues es ministro de culto. La Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público prohíben a los ministros religiosos ocupar cargos de servidor público.
d) Entre las asociaciones, colegios y barras de abogados quedó exhibido el Juez de Control Adán Alberto Salazar al vincular a proceso al Rector Jesús Madueña “por abuso de autoridad” cuando no pudo precisar si es o no servidor público ni comprobar que la UAS haya recibido recursos propios del gobierno del Estado que pudieran ser sujetos a una auditoría estatal.
e). – La persecución política en contra de la UAS y las autoridades universitarias es una realidad. Ese acoso, quedó probado precisamente en el desarrollo de la audiencia del pasado 21 de agosto, cuando la arbitrariedad y la ilegalidad atropelló ferozmente los derechos fundamentales y humanos del Rector Jesús Madueña Molina al haber sido vinculado a proceso sin datos de prueba.
f). -Es un hecho: en cuestión de días los Juzgados de Distrito emitirán sentencias en relación a la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior exhibiendo a los diputados de Morena y del PRI del Congreso Local y al gobernador como autores de una ley ilegal “engordada” y seudolegalizada con un discurso gubernamental simplón y mentiroso. Los Jueces Federales determinarán que sí, que la “Ley Rocha” viola la Constitución y la autonomía universitaria.
g). – Que la Unidad de Investigación Económica y Patrimonial y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, una es ilegal, y, el otro sustrae también de manera ilegal documentación confidencial del sistema fiscal para armar facturas apócrifas que les sirven para armar carpetas de investigación sostenidas con la narrativa gubernamental del saqueo, versión falsa fabricada para justificar las demandas penales.
Ante la realidad y al no funcionar las mentiras gubernamentales en su pleito contra la UAS, la violencia es sopesada como la alternativa del gobierno de Rocha para romper la tranquilidad institucional. La idea del rochismo es agitar a los estudiantes contra los profesores y las autoridades de la UAS creando, con el apoyo de la prensa comprada, Fake-news y volantes, un escenario catastrófico que rompa la armonía que priva en las preparatorias, escuelas y facultades.
Recurrir a la violencia es el otro de los recursos que quiere abrazar el gobierno para “reventar” a la UAS dado que ha fracasado en el intento por encarcelar a Jesús Madueña Molina y por desbaratar el equipo jurídico universitario que lleva la defensa del Rector, el Comité de Adquisiciones y de otros funcionarios uaseños. La apelación al uso de la fuerza, a la movilización de “porros”, es acariciada como opción por el rochismo en pleno. Dinero para agitar es lo que les sobra.
En el curso del diferendo, en los tribunales, Rubén Rocha no les ha ganado ninguna demanda a los funcionarios de la UAS y lo que más le inquieta es la resolución de los Jueces Federales que declararán inconstitucional la Ley de Educación Superior, que al no ser aceptada por la comunidad universitaria, obligó a Rocha a inventarles delitos a los funcionarios de la Casa Rosalina.
