Quitan a civiles más de 4,500 millones de pesos y los canalizan a milicia
Maritza Pérez
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), alertó que la militarización por la que atraviesa nuestro país se ha expandido más allá de la seguridad pública, dando paso a un fenómeno mucho más grave: la militarización de la vida pública y del gobierno civil, lo que representa un riesgo para la democracia en México.
Al presentar una serie de documentos titulados: “La militarización de la vida y la seguridad pública: amenazas a la estabilidad democrática y la paz en México”, la organización resaltó que a pesar del fracaso en la estrategia de militarizar la seguridad pública del país, la labor de las Fuerzas Armadas (FA) no sólo continúa, sino que se ha expandido de manera acelerada en funciones que le corresponden al gobierno civil, tales como educación, migración, protección civil, puertos, obras públicas y política social.
Señaló que de acuerdo con el “Inventario Nacional de lo Militarizado”, las tareas de las Fuerzas Armadas han ascendido a 227 en los últimos 12 años, significando un traspaso presupuestario de, al menos, 4.5 millones de pesos de entidades federativas y 4,531 millones de pesos de recursos originalmente asignados a instituciones civiles.
En este sentido, alertó que al otorgar mayores recursos públicos a las FA, los gobiernos locales pierden facultades y capacidades técnicas en materia de seguridad pública y se rompe con el pacto federal.
“México se encuentra en este punto, donde, aprovechando la crisis de inseguridad, los gobiernos democráticamente electos han militarizado la seguridad pública, otorgándoles cada vez más poder de decisión sobre dicha materia.
“Posteriormente, los militares progresivamente se han involucrado en ámbitos de la Administración Pública Federal, incrementando sus recursos económicos, humanos y políticos y, a la par, se han instaurado entre la sociedad como una institución supuestamente más eficiente y capaz que las instituciones de naturaleza civil, gracias a un discurso que privilegia los valores militares sobre los civiles”, identificó la organización.
Asimismo, MUCD alertó que el protagonismo de las FA en la escena pública ha trastocado su propia identidad institucional y afianzado su popularidad entre la ciudadanía, que peligrosamente puede aceptar e, inclusive, exigir formas no democráticas para resolver sus demandas.
Entre más funciones que originalmente corresponden al poder civil pasan a manos del poder militar, las FA fortalecen su autonomía, así como su poder económico y político, lo cual les permite aumentar su capacidad para oponerse a decisiones de las autoridades civiles cuando éstas les son adversas, o bien, para poder determinar el rumbo de las mismas”, se dijo.
Además, la militarización de la seguridad y la vida pública ha creado espacios de excepción que, con el beneplácito de las autoridades civiles, permite a las Fuerzas Armadas ignorar los límites legales y los controles democráticos que deberían regir su actuar.
Recursos para fondos
MUCD destacó que en los últimos años el presupuesto en subsidios a estados para seguridad ha bajado, mientras los recursos para la FA van al alza.
La ONG precisó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), han presentado recortes desde 2020.
Mientras que, en contraste, el presupuesto dedicado a la Guardia Nacional, Ejército y Marina ha ido a la alza. Tan solo en 2023, la Sedena recibió un aumento del 7% de presupuesto, con lo que alcanzó una suma de 111,911 millones de pesos.
