Publican nombres, difunden fotografías y ofrecen recompensa por los presuntos asesinos del periodista de El Debate
Richard Lizárraga Peiro
Al estilo del “viejo oeste” o de las autoridades de los Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado (FGE) está ofreciendo dos millones de pesos, uno por cada uno, a quien proporcione información para encontrar a los dos presuntos asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez, privado de su vida el pasado el 5 de mayo de 2022.
La Fiscalía por fin reveló los nombres y publicó las fotografías de las dos personas presuntamente implicadas en este asesinato del columnista de El debate. Son, según la FGES: Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde; por cada uno, ofrecen un millón de pesos a quien proporcione información para dar con su paradero.
Estos dos sujetos, a quien las autoridades de la Fiscalía y los investigadores policiacos consideran de extrema peligrosidad, tienen orden de aprehensión por delito de homicidio calificado.
En las investigaciones en torno al asesinato, el mes de julio del 2022, la FGE detuvo a Brysia Carolina “F”, pues fue acusada de ocultar información a los agentes investigadores, ya que supuestamente tenía un celular con registro de llamadas a su pareja sentimental, quien presuntamente es el autor intelectual del delito.
Sin embargo, el 19 de enero de este año un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso para Brisya Carolina y quedó en libertad.
Mediante un artículo periodístico, el semanario Río Doce reveló que la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, cometió su primera pifia, pues por el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos la dependencia que encabeza acusó a una mujer de un delito por el que no la pueden sancionar.
La FGE imputó a Brisya Carolina “F” de encubrimiento por favorecimiento por presuntamente ocultar el celular con el que se comunicó con su pareja, quien presuntamente ordenó el asesinato del periodista.
En julio de 2022 la mujer fue vinculada a proceso penal y la semana pasada el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso en cumplimiento de una sentencia de amparo.
Tras conocer la sentencia de amparo en noviembre de 2022, la Fiscalía la aceptó y no presentó ningún recurso de revisión.
“Ha transcurrido el término de 10 días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión alguna de las partes a quienes pudiera perjudicar la sentencia… se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria”, notificó el juez de distrito el 30 de diciembre.
Juan Carlos Ramírez, hermano del periodista asesinado, consideró que en el caso de Brisya se está aplicando la ley. “Se sabe que cuando hay familiaridad la misma ley los protege por ser familiar del acusado, entonces procedió lo que la ley dice, ahí no se puede hacer nada”, expresó.
Comentó que la Fiscalía sí está trabajando en la captura de los autores intelectual y material del asesinato.
Manifestó que ya han pasado más de ochos meses desde que se cometió el crimen y los culpables siguen libres, pero entienden que la captura es un proceso lento.
“Nosotros creemos que sí se va hacer justicia, nosotros confiamos en la Fiscalía y sobre todo confiamos en Dios que se va aclarar bien esto”, expresó.
En la sentencia de amparo, el juez de distrito estableció que a ella no la pueden sancionar porque es concubina de la persona a la que supuestamente encubrió y por eso aplica una excluyente absolutoria contemplada en el Código Penal.
El juzgador estableció que la excluyente se pudo considerar desde la orden de aprehensión para no llevar a proceso penal a una persona que al terminar el juicio no podía ser sancionada.
