No aprueba Comisión de Fiscalización cuentas públicas de 2019 de mayoría de entes estatales y municipales

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó con 6 votos a favor y un voto particular el dictamen de revisión del ejercicio fiscal 2019 en el que no se aprueban las cuentas públicas de prácticamente todos los entes estatales y municipales, con excepción de tres dependencias.

A las que sí se les aprueban las cuentas públicas son el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.

El dictamen señala que no se aprueban las cuentas, relativas a los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los Entes Públicos Estatales y Municipales siguientes:

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin)

El Colegio de Sinaloa

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa,

Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin)

Servicios de Salud de Sinaloa

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Universidad Tecnológica de Escuinapa

Universidad Politécnica de Sinaloa

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa

De igual manera, en el dictamen señalado tampoco se aprueban las cuentas públicas de los órganos autónomos constitucionales siguientes:

Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa,

Al momento de someterse a votación el dictamen, el presidente de la Comisión Sergio Mario Arredondo Salas, precisó que emitía un voto particular, ya que disentía en algunas partes del dictamen, como el no aprobar las cuentas públicas de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, el Codesin, El Colegio de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

De igual manera dijo que disentía en que no se aprobaran las cuentas públicas de las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de El Fuerte, Salvador Alvarado, Mazatlán, Sinaloa y Culiacán

El resto de integrantes de la Comisión de Fiscalización que votaron a favor del contenido íntegro del dictamen son el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, en su calidad de secretario, y como vocales las diputadas Flor Emilia Guerra Mena, Alba Virgen Montes Álvarez y Nela Rosiely Sánchez Sánchez, y los diputados Adolfo Beltrán Corrales y César Ismael Guerrero Alarcón.

En el apartado de conclusiones técnicas que sustentan el dictamen, la Comisión de Fiscalización advierte los siguientes resultados en lo general:

El resumen de resultados obtenidos, recomendaciones y acciones promovidas, derivado de la auditoría de los Entes Públicos Estatales, Municipales y Autónomos,  correspondiente al ejercicio fiscal 2019, son de 728 resultados con observación, los cuales derivaron en las siguientes recomendaciones y acciones: 39 recomendaciones, 63 Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 682 promociones de responsabilidad administrativa y 147 pliegos de observaciones, lo cual permite conocer el cumplimiento y seguimiento que se le ha dado a dichos Recursos Públicos.

Asimismo, en la revisión practicada se determinó que los pliegos de observaciones, los cuales se toman como referente para medir el impacto en la fiscalización, ascienden a $76,489,380.98 (SETENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 98/100 M.N.), lo cual no necesariamente implica recuperaciones o daño a la Hacienda Pública del Estado, ya que está sujeta a las justificaciones y aclaraciones que los responsables de la aplicación de los recursos formulen y presenten ante la Auditoría Superior, dentro del plazo establecido para tal fin.

De manera particular en el dictamen se destaca las irregularidades de cada ente, que son diversas, como el adjudicar de manera directa la mayor parte de obra realizada, omitir pagos al IMSS, ISSSTE o SAT, tener comprobantes digitales cancelados por el SAT o bien se omiten estos comprobantes, entre otras.

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