Facturas publicitarias, evidencias criminales contra Rocha, en los juicios
Álvaro Aragón Ayala
En los juicios penales prefabricados por el gobernador contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la defensa proyecta presentar ante los jueces las facturas y las listas de pago de publicidad como evidencias que conducen a la compra de Rubén Rocha Moya de espacios en los medios de comunicación para la deshonra y criminalización de universitarios que derivó en la elaboración de querellas “patito”.
Los contratos de publicidad en materia jurídica son la prueba para instalar y hundir a Rocha Moya como el cerebro o el autor intelectual del linchamiento público que condujo a la manufactura de las demandas contra autoridades universitarias en venganza por el rechazo a la Ley de Educación Superior del Estado con la que el gobernador y los diputados del Congreso Local planean tomar por asalto la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Aunque los recortes de medios impresos carecen de valor jurídico probatorio, en los juicios armados contra los funcionarios de la UAS se sabe que la primera demanda interpuesta ante el juez de control por la Fiscalía General de Justicia, fue elaborada con “papel periódico” y con fotos de plataformas digitales, expediente que fue “reforzado” con “testimoniales” de oídas. O bien con testigos comprados.
Esa primera demanda carece, pues, de sustento o validez jurídica, pero aun así la Fiscalía y los Jueces, controlados por el gobernador y su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, tratarán de imputar “delitos en el vacío” para poder judicialización la carpeta de investigación prefabricada exprofeso. Es claro que manipularán a los jueces de control del Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Precisamente, Nereida Avilés Aceves fue obligada a presentar su renuncia como Fiscal Anticorrupción porque se negó a “trasladar” esa primera carpeta de “investigación” al juez de control dado que el expediente no contiene pruebas sólidas para sostener la imputación de delitos. Por orden de Rocha Moya, el juez intentará ahora llenar esa “escases” de evidencias con sofismas legales o planteamientos leguleyos.
La dimisión obligada de la Fiscal Anticorrupción manda un mensaje negativo porque refleja el manipuleo gubernamental de la carpeta de “investigación” prefabricada y exhibe de hecho la magnitud de la persecución política en contra de las autoridades de la UAS. El nuevo Fiscal, Marco Antonio Álvarez Armenta, llega para obedecer ciegamente las instrucciones del gobernador.
La defensa de los universitarios demandados, planea ofrecer en su relatoría que lo que condujo a la prefabricación de las querellas fue la negativa de la UAS y de sus funcionarios a aplicar la Ley de Educación Superior violatoria a la autonomía universitaria, lo que desencadenó la furia del gobernador, quien paga a los medios para que fabriquen “delitos” y sostengan una campaña de linchamiento público que justifiquen “socialmente” la prefabricación de demandas.
Para comprobar que es el gobernador quien está atrás de todo, los abogados están dispuestos a mostrar las facturas de publicidad y las relaciones de pago que demuestran que las indicaciones para atacar a la UAS son giradas por Rubén Rocha Moya y de que las denuncias públicas con historias noveladas de corrupción sirvieron para soportar publicitaria, no jurídicamente, las demandas en poder de los jueces.
Los abogados poseen las copias de los contratos de publicidad con el gobierno del Estado de cuando menos 5 medios de comunicación, a los cuales Rocha Moya dicta la “línea informativa”. Los cobros de esos contratos los realiza NOROESTE, por medio de Servicios Sinaloenses de Noticias, S.A. de C.V., Servicios de Impresiones de Sinaloa, S.A. de C.V., y la “empresa” Webdav, S.A. de C.V. NOROESTE adeuda al Sistema de Administración Tributario del Estado de Sinaloa (SATES) 59 millones 960 mil 748 pesos con 53 centavos por evasión de impuestos.
