Los jueces de Inzunza y la venganza de Rubén Rocha
Álvaro Aragón Ayala
Usando al Tribunal de Justicia de Sinaloa Rubén Rocha Moya va por la venganza. Es imposible que el gobernador se lave las manos y la cara y trate de exculparse de la campaña de criminalización contra el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y otros funcionarios uaseños y el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Sí, aunque el mandatario estatal reconoció que la Fiscalía no puede integrar carpetas con “investigaciones” periodísticas, ahora le apuesta al armado de esos “expedientes” y al control de los jueces para consumar su vendetta personal y pretender tomar por asalto a la UAS.
Se pasó ya, pues, a la etapa de la instrumentalización del Poder Judicial -Tribunal Superior de Justicia- para los fines políticos morenistas planeados por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien meterá toda la carne al asador -si es posible hasta dinero para la compra de jueces- para que las autoridades judiciales le cumplan su capricho: encarcelar al Rector y a otros funcionarios de la UAS con el propósito de hacer realidad su sueño: convertirse en Rector Externo de la Universidad. Violar, sí, violar la autonomía universitaria para dominar a la Casa Rosalina desde el Tercer Piso del Gobierno Estatal. El Tribunal ya puede empezar a funcionar en modo títere del gobernador del estado.
A través de Enrique Inzunza Cázarez, el gobernador de Sinaloa ejerce el dominio de los jueces locales -de todo el Poder Judicial- y aunque ese control no le ha permitido meter a la cárcel a Jesús Estrada Ferreiro, a quien mandó destituir de la alcaldía de Culiacán para instalar ahí a su ahijado, el niño consentido, Juan de Dios Gámez Mendívil, ahora si confía en que los jueces inzunzistas sabrán cumplir la encomienda gubernamental de meter a prisión y desplazar de la rectoría a Jesús Madueña Molina y otros funcionarios de la UAS que rechazan la aplicación de la Ley de Educación Superior mediante la cual Rubén Rocha y su pandilla pretende tomar por asalto a la Casa Rosalina.
Aunque todo mundo sabe que no se trata una lucha contra la corrupción, sino la intentona del gobernador por controlar para su peculio personal y político a la UAS, por órdenes de Rubén Rocha Moya y con el apoyo del secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, la Fiscal General de Justicia, Sara Bruña Quiñónez Estrada, -terminó de armar carpetas de investigación contra el Rector y funcionarios del Comité de Compras de la UAS con verdades a medias y mentiras completas difundidas ex profeso por Noroeste, al cual Rubén Rocha paga mensualmente entre un millón 250 mil pesos y un millón 750 mil pesos por publicar “expedientes informativos” con datos adulterados o tergiversados aportados al periódico por Enrique Inzunza.
Principal auspiciador de la campaña de difamación y calumnias contra el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina y el comité de compras, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, Rocha Moya, quien se jacta de estar enterado de todo, se comporta ahora como una persona “decente”, de lengua corta, que protege la presunción de inocencia y el debido proceso y en un acto de cinismo pidió disculpas públicas a Cuén Ojeda por insultarlo en un programa radiofónico, feliz, muy contento, ya que Sara Bruna Quiñonez, la Fiscal opaca, cumplió con la consigna de pedir al Poder Judicial una audiencia para formular o imputar delitos al Rector y a otros funcionarios de la máxima casa de estudios.
La campaña de persecución y linchamiento público que raya en la vulgar criminalización y el armado de expedientes turnados ante el Poder Judicial controlado por Inzunza Cázarez y Rubén Rocha, fueron orquestados debido a la oposición de la comunidad universitaria, entre ellos el Rector Jesús Madueña Molina, a la aplicación a la Ley de Educación Superior del Estado. Contra Cuén Ojeda la orden de deshonrarlo viene por su afinidad a la máxima casa de estudios. Fue Cuén en función de Rector el que arrebató y rescató a la Casa Rosalina de las hordas vandálicas que hoy, con el apoyo de Rocha Moya y el Tribunal de Justicia, pretenden demolerla para edificar sobre sus escombros la Universidad Anárquica. La misma del pasado.
Para poder armar la campaña de criminalización el gobernador seleccionó a Noroeste primero porque esa empresa le adeuda al Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) cerca de 60 millones de pesos, y segundo porque el periódico se prestó al juego perverso firmando un contrato millonario para desarrollar la campaña de difamación. Ya todo mundo sabe que la consigna informativa y judicial contra el Rector de la UAS, el comité de compras y Cuén Ojeda, viene del tercer Piso del Gobierno Estatal. A estas alturas la sociedad está bien enterada de que los ataques y el armado de los expedientes de la Fiscalía son parte de la venganza personal de Rubén Rocha Moya porque encontró una férrea oposición a su proyecto de tomar por asalto a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
