Tribunal ordena al Gobernador y a la Fiscal Estatal hagan alto a la campaña de difamación contra las autoridades universitarias
En el caso del amparo interpuesto por el secretario de Finanzas y presidente de Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Salvador Pérez Martínez, un Tribunal Colegiado resolvió que era indebido que se le negara la suspensión provisional en contra de los actos de investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPE), dependiente de la Fiscalía General del Estado, indicó el director de la Facultad de Derecho Mazatlán, José Ramón Bonilla Rojas.
El también integrante del Cuerpo de Abogados de la Casa Rosalina, señaló que, ante el recurso de queja interpuesto por el propio Pérez Martínez, dicho Colegiado resolvió que el juzgado le otorgue al funcionario universitario la suspensión provisional y prohibió tanto al Gobernador Rubén Rocha Moya, como a la Fiscal Estatal, Sara Bruna Quñónez Estrada, hacer cualquier tipo de alusión, manifestación, expresión o externen cualquier tipo de comentario que hagan presuponer que el titular de Finanzas de la UAS es culpable de un delito o que pueda tener algún tipo de responsabilidad.
“A ellos no les corresponde hacer juicios de ese estilo, y en ese sentido salió la resolución del Tribunal Colegiado, que les está impidiendo que tanto el Gobernador como la Fiscal hagan juicios maliciosos. Es decir, que respeten la presunción de inocencia porque ustedes no son autoridad para decir quién es culpable o inocente de un delito”, comentó.
Asimismo, informó que un juez federal ordenó tanto a la UIPE como a la Fiscalía que permitan que un funcionario judicial, en este caso un actuario del propio juzgado, se constituya en las instalaciones de ambos órganos para que, a través de una inspección, se verifique que existen las denuncias en contra de Salvador Pérez Martínez, así como los oficios e investigaciones que se hayan hecho, dado que ha habido secrecía indebida en contra de los presuntos indiciados, pero que se ha publicitado en los medios.
“Hoy precisamente emitió resolución el Juzgado Segundo de Distrito, donde le ordena a la UIPE y a la Fiscalía General que tiene que permitir que vaya un actuario, un funcionario del propio juzgado, a verificar el contenido de las denuncias y las investigaciones que la UIPE haya realizado contra este funcionario”, comentó.
En el caso del amparo promovido por el Rector, doctor Jesús Madueña Molina, Bonilla Rojas enfatizó que el juez Tercero de Distrito consideró que aún no hay un acto de molestia en su contra y por ello no admitió dicha demanda. Y aunque dicha decisión no es definitiva, ya que se interpondrá un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado, quien definirá si está en lo correcto o no el juez federal.
Señaló que es probable que la ruta jurídica que ha llevado el Rector sea la misma que ha mantenido el caso del secretario de Finanzas, ya que son jueces federales los que están resolviendo, aunque con el antecedente de Salvador Pérez Martínez se entiende cuál sea el sentido del Tribunal Colegiado, quien ha reconocido que hay una afectación derivada de la parafernalia publicitaria de las autoridades estatales en contra de funcionarios de la Universidad.
