Como agregado a la difamación, los diputados quieren marcarle la agenda a la UAS

Álvaro Aragón Ayala

Involucrados en la campaña de persecución política contra autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, diputados del Congreso Local intentan acorralar a la Casa Rosalina pretendiendo fijarle una agenda externa de reforma a la Ley Orgánica de la institución, violando flagrantemente la Constitución, la autonomía universitaria y la Ley General de Educación Superior.
Metidos en el proceso de criminalización contra funcionarios universitarios, en la organización de foros o encuentros con la sociedad para difamar y calumniar con el sonsonete de que la UAS no se deja auditar, enlazados con quienes le fabrican delitos al Rector y a los integrantes de la Comisión de Adquisiciones, los diputados convocaron a un tramposo encuentro foráneo para “dialogar” sobre las reformas externas a la Ley Orgánica de la UAS.
La invitación al “diálogo” de parte de los diputados del Congreso Local son, por la agenda a la que convocan, una violación a la Ley General de Educación Superior y una clara intención de los legisladores por normar la agenda universitaria, desde el exterior, pasando por encima de los órganos colegiados y de las autoridades de la institución. El propósito es sentar las bases de la morenización de la UAS.
La Ley General de Educación Superior establece:
1.- Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley.
2.- Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación (…).
3.- Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Pese al contenido de la Ley General de Educación Superior, el cual se lo pasan por el arco del triunfo, los diputados Feliciano Castro Meléndrez, Ricardo Madrid Pérez, Sergio Mario Arredondo Salas y José Manuel Luque Rojas, identificados por la comunidad universitaria como “instrumentos” usados por el gobernador Rubén Rocha Moya para intentar doblar a la UAS mediante una campaña de criminalización y persecución informativa, cerraron filas para, violando la autonomía universitaria, intentar penetrar al campus, con la idea de proponer reformas externas a la Ley Orgánica uaseña.
Sin embargo, topan con pared: el propósito de que la universidad debe gobernarse y regularse por sí misma es la esencia de la autonomía universitaria. La autonomía es la facultad que poseen las universidades para autogobernarse, tener sus propias normas en el marco de su Ley Orgánica, designar a sus autoridades, determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra, investigación y para administrar libremente su patrimonio.
Las universidades autónomas son el mejor contrapeso al pensamiento único, y constituyen el mejor instrumento del que disponen los universitarios para atajar los cada vez más preocupantes fundamentalismos, sean éstos, económicos, étnicos o religiosos. Que la comunidad universitaria asuma su compromiso histórico de defender la autonomía, que es al mismo tiempo defender la universidad pública autónoma, es conservar el conjunto de valores universitarios.
A principios de febrero, el diputado José Manuel Luque Rojas confesó que “el objetivo de revisar el marco jurídico, revisar las instituciones (es) para que sirvan a los propósitos de la Cuarta Transformación”, es decir, un proyecto de morenización de la UAS que se pretende aterrizar mediante reformas externas a la Ley Orgánica de la UAS que permitan el asalto y el secuestro físico e ideológico de las universidades.