La ministra Norma Piña perdió calidad para dirigir la Corte
Carlos Ramírez
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, cometió uno de los más graves errores políticos y estratégicos del Poder Judicial al chocar con el presidente de la mesa directiva del Senado y abrió un frente innecesario al meter al máximo Tribunal Constitucional en una confrontación con la mayoría del poder legislativo.
El asunto tiene una importancia política mayor porque su nombramiento y sus primeros posicionamientos públicos contra propuestas del Ejecutivo Federal la habían potenciado en redes sociales a una heroína civil por su valentía para confrontar presuntos autoritarismos institucionales e inclusive comenzaron a circular propuestas para considerarla como precandidata ciudadana a la presidencia de la República en 2024.
Sin embargo, la ministra Piña exhibió su desconocimiento de las reglas sistémicas, abrió una disputa de la Corte con la mayoría legislativa de Morena y debilitó su propia condición al argumentar sentimentalismos conservadores en donde existen relaciones de poder.
A pesar de ostentar un cargo que requirió de votación de sus pares togados, la ministra Piña tomó una decisión individual para confrontarse –pese al presunto lenguaje sentimental– nada menos que con el presidente de la Cámara de Senadores Alejandro Armenta Mier, pero con reclamos no institucionales y menos políticos sino plagados de sentimentalismos que en política reflejan debilidad: preguntar si el senador, por sus decisiones y declaraciones, podían mirar a los ojos a sus hijos; en política eso se llama golpe bajo.
Se trata de una argumentación propia de la derecha súper conservadora cuando se le acaban los argumentos políticos y de poder, pero en voz nada menos de que la titular del tercer poder constitucional federal no fue sin un tropiezo que mostró su incapacidad para ejercer el cargo colegiado y abrió el debate a la necesidad de su sustitución porque vienen confrontaciones políticas mucho más graves que requerirán de una Corte con mayor fortaleza política, institucional y sobre todo personal de los ministros.
Las argumentaciones de la ministra fueron hechas a título personal, pero con la representación inevitable e inocultable de una institución autónoma contra el presidente de otra institución autónoma. Pero lo más grave fue que la ministra Piña demostró carecer de las fortalezas personales e institucionales para conducir las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a graves decisiones institucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Después de haber llenado las redes con apoyos a su favor por su discurso de toma de posesión planteando la autonomía de poderes y votar en contra de decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, las redes callaron después del tropiezo de sus mensajes de texto al presidente del Senado y mostraron el primer signo desconfianza social porque se decepcionaron de una titular del Poder Judicial de la Federación demasiado temerosa.
Todas las votaciones que emita desde ahora la ministra Piña en el pleno de la Corte estarán contaminadas –como fruto de un árbol envenenado, uno de los principios torales del derecho– de sus sentimientos resquebrajados por señalamientos políticos públicos de funcionarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo y no serán asumidos a partir de convicciones jurídicas.
Si miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo hubieran cometido el desliz de buscar un diálogo en lo oscurito con el Poder Judicial, las redes ya los hubieran destruido y conminado a renunciar porque las reglas institucionales son muy claras respecto a las formas de tomar decisiones.
La ministra Piña podrá quedarse en el cargo, pero con evidencias de que no estaba preparada para esa función.
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