La industria eléctrica y el litio deben arrebatarse al neoliberalismo

Martín Esparza

Los intereses que califican de “privatizadora” la iniciativa de ley enviada por el jefe del Ejecutivo al Congreso para recuperar a favor de la nación los recursos naturales para la generación, transmisión, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, determinando además que la explotación del litio será exclusiva del Estado, tienen no diríamos millonarias, sino billonarias, razones para estar francamente molestos con la pérdida de un botín que se les escapa de las manos.

El neoliberalismo no únicamente permitió el saqueo del sector energético con la paulatina desarticulación de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC); además, entregó la riqueza del subsuelo de manera preferente a empresas extranjeras que actualmente detentan el 70 por ciento de las concesiones mineras que les permiten explotar metales como el oro, plata y cobre, en 92 millones de hectáreas del territorio nacional.

Pero han sido migajas las ganancias que tal explotación millonaria ha reportado al país. Ahí está el ejemplo de Germán Larrea, cabeza del Grupo México, que gracias a las canonjías otorgadas a su progenitor, Jorge Larrea, en el sector minero durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, le han permitido ubicarse como el segundo hombres más rico del país y uno de los millonarios de la lista de Forbes a nivel mundial.

Lo mismo aconteció con el sector eléctrico que durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, otorgaron más de 700 permisos de generación a empresas privadas, sobre todo a trasnacionales como Iberdrola y Unión Fenosa, entre muchas otras, con las que pactaron la compra obligada de su energía en contratos a más de 20 años. Desde el golpe a Luz y Fuerza del Centro, denunciamos que tales compromisos costarían al país más de 1 billón de pesos.

Tal negocio que resultó más bien un robo a la nación, legalizado con la Reforma Energética de Peña Nieto, resultará seriamente afectado con la reforma enviada al Congreso por el presidente, pues en los argumentos que sustentan su propuesta busca cancelar el llamado mercado a corto plazo regulado por el Despacho Diario de energía, consistente en una maniobra tramposa para hacer ganar en todos los sentidos a los generadores particulares.

De acuerdo a estas reglas de operación, la demanda eléctrica crece durante todo el día hasta llegar a una máxima demanda de electricidad y para satisfacerla “se van despachando las centrales eléctricas de la más barata a la más cara”. Sin embargo, en el pago a las centrales participantes, todas reciben el precio que ofertó la central más cara, beneficiándose sistemáticamente a los privados que habiendo ofertado un precio bajo que les garantizó el despacho de su energía, en la liquidación se les paga el precio más alto. Aquí y en cualquier lugar del mundo eso se llama fraude y lo terminan pagando tanto los usuarios como la actividad económica en general.

Por eso, los opositores a una reforma que busca recobrar el sentido patriótico de la Expropiación Petrolera del General Cárdenas en 1938 y la Nacionalización de la Industria Eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos, en 1960, están realmente molestos porque además en la iniciativa de ley se ha determinado que la explotación del litio, considerado el nuevo “oro blanco”, será exclusiva del Estado

Para tener una idea aproximada de las fabulosas cantidades que se les irán de las manos a las trasnacionales y sus socios mexicanos, baste decir que de manera reservada se estima que la explotación de este mineral cuyo uso es fundamental, por ejemplo, en la fabricación de baterías para autos eléctricos, se calcula en un valor aproximado a 4,5 por ciento del monto total de la deuda externa mexicana.

Si se considera que tales adeudos al exterior sumaban hasta junio pasado 221 mil 448 millones de dólares, tal cantidad se traduce en cuatro billones 400 mil millones de pesos, que multiplicados por 4,5 nos arrojan una cifra estimada de 17,6 billones de pesos. Actualmente la deuda del Sector Pública ronda los 12 billones de pesos, para tener un comparativo de lo que puede hacerse con tales recursos en bien del país.

Estas cantidades explican por sí mismas las poderosas razones que los neoliberales y su clase empresarial, tanto local como internacional, tienen para insistir una y otra vez en que la iniciativa presidencial es “privatizadora” y desalentará las inversiones del exterior.

Con toda seguridad que de haber proseguido en el poder los partidos ligados al neoliberalismo, las trasnacionales y empresarios como Germán Larrea ya se estarían frotando las manos, haciendo cuentas alegres para acrecentar sus fortunas.

Al comprobarse las reservas probadas del valioso mineral en su subsuelo, México apunta a ser uno de los mayores productores de litio a nivel mundial; por ello, es sin duda un acierto salvaguardar esta riqueza para ser empleada en favor del desarrollo económico, social y tecnológico del país.

En la propuesta se anuncia también la desaparición de los contratos de autoabastecimiento, con lo que las grandes cadenas comerciales y tiendas de autoservicio deberán adquirir su energía con la CFE. De igual forma y aunque existen ocho concesiones otorgadas a particulares para la explotación del Litio, éstas podrían revocarse pues solo una empresa ha cumplido con el inicio del proceso de exploración, según ha informado el gobierno federal.

Al recobrarse este sentido nacionalista es necesario subsanar los daños causados con la política energética de despojo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que perdieron su empleo por un abuso de poder, ajeno a todo interés público, pues como ha quedado registrado en los años posteriores a la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, las tarifas nunca bajaron pues esto era imposible ante el compromiso adquirido de comprar a las trasnacionales su energía precios elevados.

Como un acto de justicia histórica, debe resarcirse tanto el daño social causado con los cobros excesivos a miles de usuarios pobres, a través de una ley secundaria que establezca una tarifa justa para los que menos tienen, como también aplicando el borrón y cuenta nueva pues es imposible que usuarios de escasos recursos, muchos de ellos, gente de la tercera edad, puedan pagar los cuantiosos adeudos que pesan en su contra.

También, es momento de que en los cambios que se avecinan para devolver al Estado el control y propiedad del sistema eléctrico nacional, se reintegre su empleo a los agremiados del SME, que en todos estos años han dado la batalla en contra del desmantelamiento del sector energético del país.

Con información de Contralínea