La Fiscalía de Justicia entregada a los intereses políticos de Sinaloa
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
El órgano oficial investigador de los delitos en Sinaloa está entregado a los intereses políticos del gobierno. La Fiscalía General es desviada de sus funciones.
Es aberrante escuchar de la voz de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez que para recibir una denuncia es requisito revisarla previamente para determinar si hay o no delito que perseguir. Es jurídicamente admisible determinar en minutos si los hechos que se denuncian son o no constitutivos de delito.
La denuncia que pretendió presentar la Universidad Autónoma de Sinaloa está sustentada en hechos que sin duda constituirán delitos que son materia de la competencia de la Fiscalía del Estado.
Era preferible que la señora Fiscal siguiera como Juez de Control y dejara a los expertos en la investigación de los delitos hacerse cargo de la Institución del Ministerio Público Estatal.
El interés político es lo que hace que la Fiscalía desvié sus funciones esenciales en la investigación criminal.
La Fiscal lo sabe: está siendo utilizada para perseguir políticamente a los adversarios del gobierno y con las aperturas de carpetas de investigación quieren arrodillar a la Universidad para que la Auditoría Superior del Estado revise lo que no es de su competencia, el presupuesto y aplicación del gasto de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La basura informativa de los funcionarios del gobierno de que en la Casa de Estudios Rosalina se han realizado gastos para la adquisición de bienes o servicios que no corresponden a sus fines, es una blasfemia propia de quien tiene un interés político en hacerse del control político de la Universidad.
La Ley de Educación Superior se les hace engrudo. El insano propósito de quien ideó agregarle el contenido invasor contra la autonomía universitaria se les convierte en brazas que les quema alma y conciencias. La burda intención poco a poco cobra forma en las propias declaraciones de la Fiscal General.
“Para recibir una denuncia tenemos que revisarla previamente” no podemos recibir cualquier escrito, argumenta.
Son declaraciones que convierten a la institución del Ministerio Público en una dócil instancia gubernamental que está para obedecer consignas de sus superiores políticos porque su arribo a la Fiscalía fue precisamente para obedecer y no para decidir con autonomía. La legalidad al cesto de la basura.
Siguen calificando al Rector y a los funcionarios de la Universidad como servidores públicos. Si como dice la Fiscal, que para recibir una denuncia debe haber certeza de que los hechos que la sustentan requieren la presunción de ser constitutivos de delito, debieron, aplicando esa regla, no recibir las denuncias contra el Rector y funcionarios porque el régimen laboral que los rige es el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Federal y no el de la Constitución Política Local, y por ello, el o los delitos que se les atribuyen son inexistentes. Sin embargo, el vulgar propósito persecutorio queda al descubierto.
La Universidad Autónoma de Sinaloa -se ha dicho reiteradamente en este espacio- si bien es un organismo público descentralizado del Estado, no es de los que señala el artículo 70 de la Constitución Política de Sinaloa, por el régimen especial de autonomía que menciona el artículo 3°, fracción VII de la Constitución Federal. No se hagan bolas y admitan el error en que se encuentran.
El interés es puramente político; por ese motivo la Fiscalía General del Estado actúa en función de la consigna de perseguir ilegalmente a funcionarios universitarios cuando bien saben que no son servidores públicos.
Esa debió ser la revisión previa que dice la Fiscal y que no se hizo, porque su finalidad es muy clara, recibir la denuncia penal de la Auditoría Superior del Estado y de las denuncias de supuestos trabajadores universitarios para presionar mediáticamente a los denunciados por delitos que no se configurarán porque no son servidores públicos. La persecución política sigue estando a la vista de todos.
La Fiscal debe renunciar; se perdió en su misión constitucional de perseguir el delito. El homicidio de Enrique Ramírez quedará en la impunidad, se esfumó su esclarecimiento, el autor criminal impune y muchos otros homicidios y feminicidios que han seguido la misma senda de impunidad. Les resulta menos peligroso mantener un conflicto perverso contra la Universidad Autónoma de
Sinaloa, pero que al final se les revertirá y tendrán que rendir cuentas.
