Las evidencias de la persecución…
Álvaro Aragón Ayala
Apoyado por un despiadado y tosco proceso de persecución y linchamiento público ex profeso, el gobierno estatal usó a dos jubilados uaseños en la instrumentalización de demandas contra Héctor Melesio Cuén Ojeda reafirmando con las querellas las evidencias del hostigamiento y criminalización oficial-gubernamental que pesa sobre el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense. La utilización de ex empleados uaseños es una vieja práctica a la que ha recurrido el “cartel de los jubilados”, el diputado de Morena Feliciano Castro Meléndrez y funcionarios estatales para atacar a Cuén Ojeda y sus proyectos políticos.
Es del dominio público que, por su apoyo y cercanía a la UAS, por la afiliación de universitarios al PAS y por su oposición a que se aplique la Ley de Educación Superior del Estado que vulnera la autonomía de la Casa Rosalina, se persigue y se lincha públicamente a Cuén Ojeda y su familia. Las demandas basadas en lo que “vi en un periódico”, únicamente refrendan la estrategia del descrédito orquestado para intentar “quemarlo”. Todo obedece a un plan: primero fabricarle, inventar que todo lo que posee es ilegal y luego demandarlo. En esa perversa jugada navega también la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y la Fiscalía General de Justicia.
Las demandas contra Cuén Ojeda y Héctor, su hijo, fueron presentadas precisamente el día en que se reveló que en el Congreso del Estado opera una “Fábrica de Delitos”, con su “departamento informativo” -ligado al Poder Legislativo y Judicial-, que se encarga también del control de medios con el propósito de diseñar y publicar escenarios ad hoc, falsos, que permitan la justificación de la construcción de querellas penales que, si bien carecen de sustento legal sólido, sirven para linchamiento mediático.
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Con sus variantes, la campaña de linchamiento público y las demandas contra Cuén Ojeda, tiene similitudes con la enderezada contra Jesús Estrada Ferreiro, sobre quien se desató toda la fuerza del “aparato gubernamental”, incluyendo la “Fábrica de Delitos”, que culminó con su destitución de la alcaldía de Culiacán al oponerse a ceder el control político y administrativo de ayuntamiento a un “grupo de notables”. Desde el Tercer Piso del Gobierno Estatal y del Congreso Local le querían dictar línea en materia de contratos de obras y proveedores. Al negarse, fue criminalizado.
Al fundador del PAS se le demoniza con datos ficción y mentiras retomadas casi en su totalidad de publicaciones que datan de años atrás con las cuales se le orquestaron demandas que en aquel tiempo no procedieron legalmente: no se le pudo comprobar que su patrimonio provenía de recursos ilícitos y las autoridades judiciales lo eximieron de toda responsabilidad penal. Aquellas querellas, al igual que las presentadas ahora por los dos jubilados, se apoyaron en “recortes informativos” divulgados por quienes hoy, también, tienen como encargo criminalizarlo para “certificar” la canalización de esas demandas ante la Fiscalía General de Justicia.
La persecución política contra Cuén Ojeda y su familia, tiene un abanico graduado: en un extremo sobresale el rostro de una dictadura estatal, totalitarista, que quiere llevarlo a la cárcel, a él y a su hijo, con la fabricación de delitos falsos. En ese esquema desfilan también todo aquel que no se ajustan a los caprichos del Congreso Local y del Tercer Piso. En la otra punta se localiza el linchamiento propagandístico, la obstaculización institucional al trabajo político. El control mediático ha sido clave para el gobierno estatal, sólo que escapan a su dominio El Debate, El Sol de Sinaloa, Río Doce, algunos noticieros radiofónicos locales y algunos comunicadores de plataformas digitales que no se prestan al tosco proceso de criminalización del fundador del PAS por considerarlo un ejercicio anti-periodístico.
