En la mira de la Fábrica de Delitos…

Álvaro Aragón Ayala

A raíz de la oposición a la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado, el Congreso Local puso en operación su Fábrica de Delitos, al estilo de los regímenes totalitarios, para, con el apoyo de una feroz persecución informativa sostenida en una narrativa falsa, buscar la construcción de ilícitos contra Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quienes se desencadenó y centró una campaña de linchamiento público.

La estrategia de criminalización contra todo lo que huela a UAS soportada en la editorialización de ficciones, sospechas, dudas o la descripción de novelas detectivescas, pretende crear una atmósfera de odio en la sociedad para tratar de justificar el funcionamiento de la Fábrica de Delitos y la manufactura de demandas que, si bien carecen de soporte legal, buscan, a su vez, causar el mayor daño posible a la honra de los funcionarios universitarios.

Aunque la plantación pública de sospechas, no evidencias, no pruebas, no encaja en los estándares para validar el confeccionamiento de demandas penales dentro del marco de la ley, la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa abrió el abanico y un área especial para atender con prontitud las acusaciones que sean fabricadas contra el Rector. La propia Fiscal empuña la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica contra Jesús Madueña Molina.

Para generar sospechas y despertar el morbo, el Congreso del Estado ordenó adulterar los datos que obran en la página de transparencia y rendición de cuentas de la UAS, pretendiendo hacer aparecer las compras de la institución de enseñanza superior como delitos de lesa humanidad. Las adquisiciones de insumos para más de 220 planteles, laboratorios, campos de investigación científica y de experimentación agrícola, son dibujados por el “departamento de información” de la Fábrica de Delitos del Congreso Local, como operaciones criminales.

Ciertamente: para los efectos del linchamiento político y la persecución, todo es ilícito para los morenistas del Congreso y su Fábrica, desde la compra de computadoras para sus escuelas y oficinas administrativas, hasta la de lápices, plumas, jabón y un tractor que requería para las prácticas de campo en una de las Facultades de Agronomía de la Casa Rosalina. No es remoto que la Fábrica de Delitos considere también un crimen la adquisición de papel de baño.

La tergiversación de la información difundida con la falsa carátula de una investigación retrata el régimen totalitario en Sinaloa, gobernando por una élite, en modo de cártel político, que controla casi todas las esferas de la vida política, económica y social haciendo uso falaz de la información o de la propaganda, sistema que, además, tiene como tentáculos los cuerpos policiacos a los que no le interesan la seguridad pública, pero que si acosan los funcionarios universitarios, contra quienes se ejerce, ya, también, el espionaje político.

La UAS es la única institución no controlada por el régimen estatal totalitario. La Ley de Educación Superior fue elaborada y publicada con el rango de ley vigente para que un grupo de diputados de Morena, funcionarios públicos estatales y jubilados uaseños la secuestren y la regresen al modelo educativo anacrónico. La oposición a la aplicación de la Ley de marras desató la ira legislativa y gubernamental contra el Rector. Morena y el gobernador Rubén Rocha se quieren quedar con la UAS.

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