La fortuna de Francisco Garduño se mantiene en la opacidad

Linaloe R. Flores

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ha estado fuera del escenario en el que se explicaron las acciones para investigar qué originó la tragedia en la que murieron por lo menos 40 migrantes en la estación provisional de ese organismo en Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del pasado 27 de marzo.

Además, su perfil es difuso en los mecanismos de transparencia. Su declaración patrimonial no se encuentra disponible en Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública, ni en la Plataforma Nacional de Transparencia en momentos en que cientos de organizaciones civiles, activistas y redes defensoras de derechos humanos de México y El Salvador exigen su destitución y un llamado a cuentas.

Incluso, después de la muerte de los migrantes, el gobierno planteó la desaparición del INM con la creación de una nueva estructura. El 4 de abril, el padre Alejandro Solalinde se presentó en Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A su salida anunció que avanzaron en la integración de lo que será la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.

“En ese cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules y embajadores de los países centroamericanos”, expresó el sacerdote quien sugirió que Garduño Yáñez quedará fuera del nuevo organismo.

Garduño Yáñez fue nombrado comisionado en el INM el 16 de junio de 2019. Habían pasado 11 días de que el Gobierno federal firmara un acuerdo migratorio con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles a México. Hasta ese momento el funcionario había estado a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social federal.

En los mecanismos de transparencia, se encuentra que como comisionado del INM percibe 150 mil 336 pesos como sueldo bruto y 105 mil 228 como neto. Es decir, por 45 meses de gestión al frente de la política migratoria de México ha percibido 6 millones 765 mil 120 pesos. Pero respecto a lo que hizo con este ingreso no hay un solo dato.

La contradicción con las palabras del presidente

La falta de transparencia del patrimonio de Francisco Garduño Yáñez contradice las palabras que en la conferencia mañanera del 3 de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió respecto a la publicidad de la fortuna de los funcionarios. Sostuvo que solo iba a trabajar en su gobierno quien hiciera pública la declaración patrimonial. “El que no los dé a conocer (sus bienes), alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia”, exclamó. En esa ocasión, también expresó: “Me patea el hígado saber que organismos como Transparencia Internacional nos (coloquen) en el sitio 135 en corrupción”.

Garduño Yáñez perteneció a la administración pública desde 1972 con el diseño de programas y proyectos como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal (hoy CDMX), según se lee en su currículum colgado en la página del INM.

La gestión del controvertido comisionado

Entre 2019 y 2022, periodo en el que el INM ha estado a cargo de Garduño Yáñez, el organismo se convirtió en una autoridad con un cúmulo de quejas por violación a los derechos humanos, incluso más que la Guardia Nacional. El crecimiento fue de casi 200 por ciento con 714 señalamientos en 2019 y 2 mil 141 en 2022, según una revisión de los informes anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las razones de las quejas forman un abanico amplio. Se trata de actuaciones negligentes por parte de los funcionarios públicos del instituto en varios escenarios y en contra de migrantes provenientes de Ecuador, El Salvador, Venezuela, Guatemala, o del continente africano.

En la gestión de Garduño Yáñez, en el INM se han firmado más de 400 contratos públicos que suman más de 6 mil millones de pesos. Uno de los gastos mayores ha sido la transportación por tierra de personas que fueron aseguradas en territorio nacional a sus países de origen.

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