La Sedena debe rendir cuentas sobre el espionaje realizado con Pegasus: Amnistía Internacional

Nayeli Roldán

Las evidencias confirman que las Fuerzas Armadas siguen usando el software Pegasus para espiar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el actual sexenio, lo cual no solo significa una violación a derechos humanos sino también una violación a la ley mexicana, advierte la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México (AI), Edith Olivares Ferreto. 

“Por lo tanto, exigimos también que haya transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de este software o cualquier actividad de espionaje que desarrollen las Fuerzas Armadas en México”, dice Olivares Ferreto en entrevista.  

La investigación periodística Ejército Espía, realizada por las organizaciones R3D, SocialTic y Artículo 19 y por los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, documentó que Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político fueron espiados con el sistema Pegasus entre 2019 y 2021. 

También, que el Ejército contrató el servicio de “monitoreo remoto” a Comercializadora Antsua, la representante de NSO Group, la empresa dueña de Pegasus, y reveló la existencia de un reporte de inteligencia entregado al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en el que se da cuenta de las conversaciones telefónicas que Raymundo Ramos tuvo con tres periodistas. 

Sin embargo, cuando la investigación Ejército Espía fue expuesta ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, este defendió a las Fuerzas Armadas y aseguró que los militares realizan labores de inteligencia, no de espionaje. 

“No ayuda para nada la negación de un problema del que hay claras evidencias”, dice al respecto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, en entrevista en el contexto de la presentación del Informe 2022/23 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo.  

“Es claro que las Fuerzas Armadas están espiando a defensores y a periodistas. Es claro que se está negando la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero esta negación lo que podría estar implicando es que no habrá investigación de estos hechos”, subraya. 

Olivares Ferreto advierte el peligro de tratar de ocultar estas violaciones a derechos humanos: “Mientras esto continúe sucediendo y no se investigue, continúa el clima de impunidad. La impunidad y opacidad que caracterizan a las Fuerzas Armadas en México y todo el mundo”.

Por eso, Amnistía Internacional en México se ha unido al llamado, junto con otras organizaciones, para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue las denuncias interpuestas en el sexenio anterior y el actual por el espionaje contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Olivares Ferreto insiste en que, aun cuando estén involucradas las Fuerzas Armadas, las investigaciones deben realizarse fuera de tribunales militares, porque de lo contrario “hay alta posibilidad de que los delitos queden impunes”. Las investigaciones en la fiscalía deben ser “apegadas a derechos de las autoridades y de las instituciones”. 

El espionaje, asegura Olivares Ferreto, “muestra la continuidad de percibir a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y a la prensa como enemigos del Estado; lo que vemos es que, a pesar de que se señale de manera recurrente de que en este país ya no se violan los derechos humanos, claramente sí, y los siguen violando las Fuerzas Armadas”.

Esto resulta alarmante porque las Fuerzas Armadas han adquirido mayor poder, como lo denuncia el informe de Amnistía Internacional en México: “En 2022 el Ejército avanzó no solo a realizar tareas de seguridad pública, sino en más de 220 tareas de orden administrativo para las cuales hay competencia de organismos civiles, pero en México se han asignado a las Fuerzas Armadas”. 

Olivares Ferreto también hace un llamado a que el gobierno haga públicos los contratos que tuvo o tiene con la empresa propietaria de Pegasus, para que se dé a conocer hasta cuándo siguió vigente y si se ha seguido utilizando durante este gobierno. 

“Las denuncias muestran que este gobierno sigue usando este software de manera ilegal y que alrededor del mundo ha sido utilizado con objetivos políticos de espionaje contra defensores y periodistas, y no con objetivos de inteligencia o seguridad nacional”, alerta.