Se consuma la inhabilitación del INAI: La aversión a informar y rendir cuentas
Diana Lastiri y Mathieu Tourliere
Pese a los intentos de último minuto para salvar la situación, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no podrá sesionar por un tiempo indefinido, producto de los obstáculos que pusieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado para bloquear el nombramiento de tres comisionados.
Con el INAI fuera de servicio, el gobierno federal deja el sistema de rendición de cuentas en manos de la propia administración –vía la Secretaría de la Función Pública (SFP)– y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo que ha acumulado un gran rezago en la presentación de denuncias durante la gestión de David Colmenares Páramo.
Desde hace más de dos años López Obrador expresó su intención de desaparecer los organismos con autonomía constitucional –a los que acusa de ser costosos y herencias de los gobiernos neoliberales– e incorporar sus funciones a secretarías de Estado; es decir, al presidente. Según un plan que el mandatario esbozó en enero de 2021, las facultades del INAI recaerían en la SFP o la ASF, con la promesa de que las solicitudes de información serían respondidas en un plazo máximo de 72 horas.
Sin embargo, su propio gobierno ha sido particularmente reticente a entregar información bajo el sistema actual de transparencia. De acuerdo con el informe anual del INAI, de las 281 mil solicitudes de información recibidas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, las dependencias de la administración declararon la inexistencia de la información en cuatro mil 163 casos, reservó tres mil 850 archivos, se declararon incompetentes en 22 mil 552 ocasiones, y sostuvieron que la información ya era pública en 76 mil 154 casos.
El INAI planteó que en 2022 los usuarios del sistema de transparencia –en su mayoría académicos, empresarios, periodistas, servidores públicos y activistas– solicitaron principalmente información derivadas de las actividades de las dependencias. Sin embargo, en no pocas ocasiones pidieron datos sobre servidores públicos, contratos, temas de salud, sentencias y resoluciones, medio ambiente, archivos, seguridad nacional o violaciones a derechos humanos.
A lo largo de los primeros cuatro años de la administración abundaron los ejemplos de respuestas absurdas de dependencias de gobierno a solicitudes de información: la propia Presidencia de la República suele responder que, tras una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró la información solicitada –a veces en temas en que el propio presidente dijo tener datos y documentos–, mientras que otras instancias de gobierno, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), suelen invocar la “seguridad nacional” para no dar información.
De hecho, el INAI recibió en 2022 un número históricamente alto de impugnaciones contra las respuestas de las dependencias –las personas pidieron su intermediación en 20 mil 197 ocasiones–, que lo llevaron a ordenar, en nueve mil 360 mil casos, que el gobierno modifique su respuesta y cumpla con la solicitud de información. Desde la reforma constitucional de 2014, las decisiones del INAI son “vinculatorias, definitivas e inatacables”; sin embargo, el organismo indicó que en 657 ocasiones las dependencias incumplieron con sus instrucciones, y que en 41 casos se enfrentó a juicios de amparo.
Varios de estos juicios están vinculados a información sobre la compraventa fraudulenta de Grupo Fertinal, solicitada por este semanario: Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) llegó al punto de contratar un despacho de abogados externo para presentar un amparo contra las órdenes del INAI, y Banco Azteca lanzó sus propios procedimientos judiciales para poner impedir a Nacional Financiera (Nafin) y a Bancomext que entreguen sus documentos sobre este caso.
