La SEPYC, un entuerto difícil de desfacer
Alejandro Luna Ibarra
Creada el 12 de enero de 1981, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado es la institución rectora y responsable de promover la educación superior y garantizar la educación básica, media y normal en Sinaloa.
Atiende cerca de 800 mil alumnos a través de sus más de 5 mil escuelas, lo que absorbe el 46% –26 mil 654 millones en el 2021–, del presupuesto estatal, que se destina en su mayor parte al pago de salarios a sus más de 50 mil trabajadores.
A lo largo de sus 40 años, la SEPYC ha transitado por diversas etapas de crecimiento y consolidación, pero también lo ha hecho en un mar de contradicciones y de intereses que por momentos han pervertido su esencia hasta convertirla en algo parecido a un “Frankenstein” sin control, donde cada área tiene sus propios intereses y mandos reales, económicos y político-sindicales, que ningún secretario de educación ha querido o ha podido enfrenar en más de tres décadas. La mayoría ha terminado sometido a los mandos internos a cambio de una tajada del pastel del presupuesto, su doble sueldo, el diezmo y la adjudicación de plazas.
En mayo de 1992, la federación transfirió al Gobierno del Estado de Sinaloa los servicios federales de educación básica, creando los Servicios de Educación Pública Descentralizadas del Estado de Sinaloa –SEPDES— bajo la tutela de la SEPYC, de tal forma que había dos estructuras administrativas, una para servicios federalizados y otra para estatales, por lo que en 1994 se decretó la fusión de SEPYC y SEPDES en una sola estructura que nunca se logró concretar plenamente, pero que concentró el mando de ambas dependencias en el titular de la SEPYC, quien, desde entonces, es el Secretario de Educación Pública y Cultura y (al mismo tiempo) Director General de los SEPDES, cobrando en ambos cargos por separado.
Sin embargo, aún con la titularidad de los dos puestos y presupuestos, es poco en realidad lo que los secretarios de educación han podido hacer para mejorar la educación en Sinaloa, por lo que la mayoría se ha dedicado a administrar la inercia y a engañar a los sinaloenses con estadísticas, entre las disposiciones oficiales de la SEP, las órdenes del gobernador, los controles de los grupos sindicales y el surgimiento de una casta burocrática empoderada en los años de la Reforma Educativa a partir de la complejización de las gestiones.
Desde finales de los años 90, los gobernadores se han ocupado exclusivamente del control económico y político del sector educativo, a partir de poner operadores para hacer negocios con el presupuesto y ceder al SNTE el control de los diversos niveles educativos a cambio de compromisos político electorales. Así, Daniel Amador controla todos los puestos de la educación básica y Normal estatales, desde la segunda mitad de la década de los 90s hasta la fecha, mientras que la sección 27 ha controlado los puestos federalizados equivalentes. En ese caso, los grupos de poder se han ido rotando la dirigencia del SNTE porque Elba Esther Gordillo no permitía que ningún dirigente seccional se enraizara demasiado. Sin embargo, a partir del encarcelamiento de Elba Esther y de que el SNTE perdió formalmente el control de la asignación de las plazas, se abrió una rendija para que una nueva casta burocrática incursionara en el manejo de recursos y plazas, y aunque la nueva reglamentación del ingreso y promoción a cargo de la USICAMM establece la asignación con justicia y apegado a derecho, en los últimos dos años, en torno a un proyecto político fallido, se consolidó una mafia para el saqueo de los recursos del sector educativo y la asignación de plazas por encima del derecho y la normatividad.
La propia autoridad educativa encabezó un pacto con la burocracia emergente y los grupos sindicales en el poder para poner todos los recursos del sector educativo al servicio de una candidatura política que fracasó, no obstante, lejos de inhibirse ante la derrota, se organizó el más escandaloso saqueo y violación de derechos laborales de que se tenga memoria, el cual meterá en un grave problema jurídico y presupuestal al próximo gobierno, que podría naufragar en un mar de demandas y la escases de recursos. Demandarán al gobierno quienes obtuvieron plazas ilegalmente, como pago por servicios electorales, y demandarán al gobierno quienes sufrieron la violación de sus derechos laborales y que habiendo obtenido sus plazas de acuerdo con la normatividad de la USICAMM, se las birlaron para pagar compromisos políticos. Todo esto sin contar la asignación de plazas injustificadas en el personal administrativo y de otras modalidades que no pasan por la USICAMM, como educación para adultos y misiones culturales, donde se asignaron plazas de supervisión a políticos ajenos al sector educativo.
Esta es apenas una mirada superficial de lo que deberá enfrentar, de arranque, la próxima secretaria de educación (el gobernador electo ha anunciado que será una mujer), antes de voltear a ver el tema de los recursos de las escuelas y el tema educativo, propiamente, más allá de las estadísticas con las que las autoridades del gobierno saliente pretendían ocultar la catástrofe educativa que vive Sinaloa. Y queda pendiente el tema de la corrupción y el desvío de recursos en el sector educativo, que han sido fuente de cuantiosas fortunas de funcionarios de bajo perfil a lo largo de varios sexenios. ¿Habrá la decisión, la capacidad, el valor y la fuerza en el nuevo gobierno para enfrentar a fondo la corrupción en el sector educativo?
