Fuera el fiscal y la auditora estatal
Álvaro Aragón Ayala
El gobernador electo Rubén Rocha Moya dio a conocer otra parte de la futura radiografía política-administrativa de Sinaloa al mencionar más nombres de las personas que integrarán su gabinete e informar sobre sus pláticas para conceder una salida negociada al Fiscal General del Estado, en tanto que en el Congreso Estatal se legisló para procesar el cese o la renuncia forzada de la titular de la Auditoría Superior del Estado.
Para la remoción “tersa” del Fiscal Juan José Ríos Estavillo la 63° Legislatura modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa del 2017 y le incluyó las causales por las que el Ejecutivo Estatal/gobernador podrá solicitar la destitución del titular de esta dependencia. Rubén Rocha Moya cuenta ya con los instrumentos jurídicos para procesar su cese o pedirle su remoción.
La 63° Legislatura del Congreso Local también legisló y creó la Unidad Técnica de Evaluación que será responsable de auditar a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera.
Rubén Rocha Moya descartó que el empresario Enrique Díaz Vega de la compañía Housesin vaya a formar parte de su gabinete y adelantó que muy probablemente Javier Gaxiola Coppel podría ser el próximo secretario de Economía. “Es muy probable, está considerado”, dijo.
El gobernador electo indicó que también existe la posibilidad de que la ex diputada y ex dirigente estatal del PRI y ex candidata al gobierno de Sinaloa por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, sea incorporada a su gabinete, aunque no precisó en qué posición.
El ex rector de la UAS y dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, de acuerdo a la declaración de Rubén Rocha Moya, sí estará en su gabinete, pero aclaró que aún no define si va a la titularidad de la SEPyC o bien a la Secretaría de Salud.
Aunque todavía no está definido el cargo para el ex diputado federal y ex superdelegado Jaime Montes Salas, a quien en el norte se le liga con el Grupo Labastida y al diputado federal Ignacio Mier, el gobernador electo indicó que podría ocupar la secretaría de Agricultura u otra posición importante.
Los nombres “soltados” por Rocha Moya se suman a la designación del ex magistrado Enrique Inzunza Cázarez como secretario general de Gobierno -entrará en funciones el 1 de noviembre-, de Graciela Domínguez Nava como responsable de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas o bien de la Secretaría del Bienestar, a la cual funcionará la Secretaría de Desarrollo Social. En la coordinación de comunicación social del gobierno estatal sigue firme Adriana Ochoa del Toro.
El mandatario electo ratificó que desaparecerá la secretaría de Innovación, a cargo actualmente de José de Jesús Gálvez Cázarez, quien fue involucrado en las pasadas elecciones en el uso de las plataformas digitales del gobierno estatal para difundir actos de campaña del candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum. Algunas funciones de esa secretaría podrían incorporarse a la secretaría de Economía u otras dependencias.
Los diputados que entrarán el 1 de octubre a integrar la 64° Legislatura del Congreso Local serán las responsables de procesar los relevos en la Fiscalía General del Estado, para cuya posición ya se baraja el nombre de Oscar Fidel González Mendívil; y en la Auditoría Superior del Estado, cuya titular Emma Guadalupe Félix Rivera ha incurrido en actos de desacato al Congreso y en la simulación en el ejercicio de las auditorías a los entes del gobierno estatal.
En la distribución o redistribución del Poder, personajes del PRI no son contemplados en la instalación o conservación de espacios administrativos; tampoco individuos de corte panista. El PRI y el PAN perdieron el control político territorial con la derrota electoral del 6 de junio pasado.
Para consolidar el poder en su arranque de su gobierno Rocha Moya necesita los ceses o renuncias de Juan José Ríos Estavillo, quien ha dado sobradas muestras de incapacidad para dirigir la Fiscalía General del Estado, la cual opera de manera desarticulada y con el soporte de estadísticas criminales falsas, y de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, acusada por los diputados de Morena de tapar las corruptelas del gobierno saliente y de varios alcaldes corruptos.
