¿Un Sinaloa sin Fuerzas Armadas?
Álvaro Aragón Ayala
Senadores del PRI y de otras fuerzas parlamentarias “narcotizaron” el ejercicio legislativo tratando de abrir vacíos legales que faciliten la expansión y fortalecimiento territorial de los cárteles de la droga en México. Las organizaciones criminales pugnan por sacar al ejército de las calles. La permanencia de los militares en las tareas de seguridad pública y contención de delitos representan un estorbo para el narcotráfico.
El priismo se autonombró en el Senado y en el mercado mediático la “voz del pueblo” para intentar tumbar la iniciativa de seguridad pública y seguridad interior del país. Un meta-análisis revela que el PRI no representa al grueso de la población mexicana; si acaso personifica a reducidos segmentos de la sociedad que por falta de credibilidad han ido perdiendo posiciones en estados y municipios y en el Poder Legislativo.
De manera tramposa, los Senadores del PRI se autoproclamaron anti-militaristas para colocarse al lado de los intereses del crimen organizado con el evidente propósito de frenar la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de seguridad pública, la cual permitiría crear el marco jurídico que regule la participación de las fuerzas armadas en la prevención y combate a la delincuencia.
El capo del Cártel de Medellín, Juan Pablo Escobar Gaviria, también “narcotizó” el Poder Legislativo de Colombia para orientar políticas públicas que enmascararan actividades del narcotráfico. Expulsado del Congreso desató una masacre y creó el grupo Los Extraditables, integrado por criminales. Por medio del terror, los mafiosos intentaron influir en la sociedad colombiana y en los estamentos jurídicos y legislativos para que no existiese el tratado de extradición con los Estados Unidos.
LAS OPERACIONES MILITARES
Por décadas, el ejército mexicano ha acompañado a las autoridades de Sinaloa y de México en las tareas de combate a la violencia y la criminalidad y en la lucha contra el narcotráfico. Durante el régimen de Alfonso G. Calderón el narcotráfico sembró una estela de terror y muerte en Sinaloa que obligó al gobierno federal a implementar la “Operación Cóndor”.
Por el reducido alcance de las Policía Estatal y de las Policías Municipales, a veces cooptadas por el narco, el ejército coadyuva en las tareas de disuasión, combate o captura de delincuentes de extrema peligrosidad a todo lo largo y ancho del país. Los militares intervienen en auxilio de la población ante los desastres naturales, distribuyen vacunas o medicamentos u operan el acceso a los programas sociales.
El gobierno de Sinaloa ha instalado en puestos claves o de mando de las corporaciones policiacas a militares en retiro o en activo, con licencia, para “agilizar” la vinculación o la coordinación en las acciones de prevención de delitos y de combate al crimen. El resultado del trabajo diario se analiza en la Mesa de Seguridad a la que concurren diferentes instancias del gobierno a analizar y tomar acuerdos en materia de seguridad.
Francisco Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública Estatal durante el régimen de Mario López Valdez, dijo que “si no hubiéramos tenido el apoyo del Ejército y de la Marina en ese tiempo no hubiéramos podido con la tarea, esa es la realidad; estoy hablando del 2011, estoy hablando de hace 12 años. No hubiéramos podido con la tarea, nuestras fuerzas estatales estaban diezmadas; les faltaba todo. Tenían miedo”.
Durante el periodo de gobierno de Quirino Ordaz Coppel los grupos delictivos crecieron exponencialmente y tomaron el control territorial de los 18 municipios. Culiacán se convirtió en la capital del crimen. Rubén Rocha Moya heredó un desastre en materia de seguridad pública. Sinaloa pervive en medio de la “pax narca”.
LA FALSEDAD DE LA MILITARIZACIÓN
La falta de cultura de la sociedad sobre la función de las Fuerzas Armadas y su accionar en materia de seguridad pública y seguridad interior, abrió la coyuntura para que Senadores del PRI y sus aliados demonizaran la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y satanizaran la propuesta de la permanencia de los soldados en las calles hasta el 2028, abriendo espacios para la virtual expansión y el fortalecimiento territorial de los grupos delictivos.
El concepto de la militarización del país, argucia o argumento de la oposición partidista al presidente Andrés Manuel López Obrador, es un sofisma demasiado impactante ya que “engancha” a la población generando un escenario de incertidumbre. Sin embargo, para militarizar el país se requiere una nueva Constitución o reformas de fondo que llevaría a cancelar la inviolabilidad del domicilio, los derechos humanos, la no discriminación, el derecho a la reunión, la libertad de expresión, y legitimar el toque de queda, etcétera.
De hecho, nadie de los legisladores ha propuesto la creación de una nueva Constitución ad hoc a la militarización del país o una iniciativa de reforma a la carta magna para permitir que los militares participen o incidan en los cargos o funciones electorales. En sí, la militarización se plasma por la asunción, por parte de militares, de responsabilidades políticas. Sin embargo, los diferentes sistemas democráticos del mundo no están exentos de la presencia de militares en los altos cargos políticos.
LA POSICIÓN A FAVOR DEL CRIMEN
En Colombia, el grupo de Los Extraditables pugnó por medio del terror y el asesinato por alterar la estructura jurídica de ese país e influir en el Poder legislativos y Judicial para que no existiese el tratado de extradición de delincuentes con los Estados Unidos. En México, los Senadores del PRI y sus aliados hacen el “trabajo legislativo” de los narcos bloqueando la creación y formalización de un marco jurídico indispensable para regular la participación del ejército en materia de seguridad pública y seguridad interior.
El periodista Carlos Ramírez Hernández, especialista en meta-análisis políticos, sociales y militares, consideró que los Senadores de la oposición están negando a las Fuerzas Armadas el marco jurídico necesario “no para perpetuarse en las labores policíacas, sino para colaborar por cuatro años adicionales a los cinco originales y permitir que la Guardia Nacional se consolide y profesionalice como cuerpo autónomo de seguridad”.
“La decisión del Senado de no apoyar la minuta de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para extender otros cuatro años el apoyo militar en seguridad pública-interior logrará que (después del 2024) la Guardia Nacional aún en formación y profesionalización tenga que enfrentar a cárteles y bandas criminales que de manera paradójica se han fortalecido por el descuido o el apoyo de sectores civiles en toda la República”.
Precisó que “la existencia en México de un sector criminal en modo de poder cuasimilitar; si se contextualiza la afirmación gubernamental, (es) un sector delictivo que le disputa hegemonía al Estado y a las instituciones, que tiene invadida toda La República y con una capacidad de fuego que sólo puede ser encarada por una asociación de la Guardia Nacional con el Ejército”.
“De manera engañosa” -dijo- “la oposición se ha negado a discutir el tema de la crisis de la seguridad pública en el escenario de su articulación con las otras dos seguridades: la interior y la nacional, de tal manera que se ha eludido la existencia de un crimen organizado que está quitándole dominio soberano al Estado en porciones del territorio nacional”.
