Durazo alista auditorías contra el gobierno de Palovich en Sonora

Milton Martínez

El gobernador electo, Alfonso Durazo, anunció una serie de auditorías para transparentar el ejercicio del recurso en notarías públicas, deuda estatal, centro de comando C5i y la reasignación que se hizo para atender la pandemia de covid-19.

También se fiscalizará la venta de terrenos y bienes del Ejecutivo estatal en el periodo 2015-2021, sexenio a cargo de la mandataria sonorense Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.

“En primer lugar (se auditará) el área de notarías, todos los procesos de entrega de estos nombramientos de notarios que puedan revisarse”, destacó el extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las declaraciones de Durazo se dieron luego de que en las últimas semanas un grupo de notarios públicos y abogados documentó que Pavlovich expidió siete patentes de notario en Hermosillo y Empalme.

De ese total, una patente fue otorgada a su primo político y exsecretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, y otra al actual secretario de la Consejería Jurídica, Iván Jaimes Archundia.

“Una de las primeras iniciativas que presentaré en mi gobierno (al Poder Legislativo) es para cancelar la discrecionalidad con la que se otorgan notarías en el último año de gobierno de cualquier administración”, precisó.

Otra de las acciones que emprenderá el próximo gobernador sonorense será auditar el proceso de la venta de terrenos y bienes en general del estado, que se han puesto a subasta recientemente.

Del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), reveló que presenta una deuda oculta de 500 millones de pesos.

Con respecto a la deuda pública, adelantó que la auditoría responde a que existen incuantificables “pagos pendientes” a proveedores, que son inexplicables cuando el estado ha recibido las ministraciones puntuales de presupuesto.

Al final habló de la urgencia de una auditoría a los procesos de reasignación de recursos para la atención de las consecuencias e impactos del covid-19 –en lo que se ha ejercido dinero discrecional desde la Secretaría de Salud estatal–, y de un préstamo de 500 millones solicitado para proyectos productivos, que se recondujo para atender la contingencia sanitaria.

Con información de Proceso