Sinaloa: la “desnaturalización”
de la revocación de mandato
Álvaro Aragón Ayala
La agenda de la revocación de mandato aplicada al gobernador y a los presidentes municipales “ya forma parte del programa legislativo”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndez, en un ríspido escenario en que la participación ciudadana pudiera llegar a “desnaturalizarse” y convertirse en instrumento de desestabilización social y política.
La revocación es una figura que contempla la Constitución Política de Sinaloa, pero solo para rechazar nombramientos de autoridades de segundo o tercer nivel. En el Congreso Local obra una iniciativa de Revocación de Mandato y Consulta Popular, la del Partido Sinaloense. Morena no ha encauzado, en lo local, ningún proyecto legislativo revocatorio.
En Sinaloa, la Ley de Participación Ciudadana cierra los espacios para la revocación de mandato o para el cese de autoridades incompetentes o corruptas. La ley de marras es de corto alcance democrático.
Se circunscribe a “facultar” al ciudadano para que apruebe o rechace actos, propuestas o decisiones de las autoridades o para que exprese opiniones afirmativas o negativas en torno a las leyes estatales.
Con Morena hay una especie de retroacción en el Congreso Local. Porque posee el respaldo de la mayoría de los diputados, sería fácil y factible que esta fracción parlamentaria modificara la Constitución a fin de dar vida al poder ciudadano revocatorio incluyendo a los alcaldes y al gobernador en este tipo de ejercicios democráticos, solo que el procedimiento puede tener efectos de bumerang por la vertiente que se abriría para emplazar a una “revolución participativa” sin control.
En su artículo 150, la Constitución Política de Sinaloa establece que “la revocación de mandato es el acto mediante el cual la mayoría absoluta de los ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos, habitantes de un pueblo o región cualquiera, tienen derecho para recusar el nombramiento de autoridades, hecho por el Ejecutivo, por el Supremo Tribunal de Justicia o por los Ayuntamientos…”.
El artículo es arcaico. No sincroniza con la Constitución General de la República ni con la Ley Federal de Revocación de Mandato. Por el interés por mantener alejado el tema del plano discursivo, jurídico y legislativo, en la “nueva” Ley de Participación Ciudadana de Sinaloa no se incluyó la revocación de mandato, pese a que, en algunos estados, como el de Oaxaca, a la revocación del gobernador ya se le dio forma jurídica o de ley.
La Ley de Participación Ciudadana de Oaxaca contempla que la revocación de mandato es el mecanismo de consulta a la ciudadanía del Estado, a fin de que este se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la destitución del cargo público del Gobernador del Estado con anterioridad a la terminación del periodo para el cual fue electo.
En Oaxaca la revocación de mandato es una figura independiente del juicio político al que podrá sujetarse el gobernador; por el contrario, en Sinaloa, Baja California y otras entidades, el cese del gobernador o de la autoridad municipal solo procede bajo el mecanismo de los juicios políticos, con los controles oficiales inherentes de los diputados de los Congresos Locales y los tribunales de justicia de las entidades federativas.
A estas alturas, incluir en la vida democrática de Sinaloa la revocación de mandato con estatus legislativo-jurídico, darle rango de ley, podría alentar estallidos políticos de alta magnitud dada la avanzada de la alianza “de choque” que alienta el PRI-PAN-PRD, FRENA y los grupos empresariales antiAMLO contra el presidente de la República y los gobernadores emanados de Morena o de la Cuarta Transformación.
La revocación de mandato, convertida en ley estatal, podría ser la coyuntura ideal para que los colectivos sociales demandaran sin ton ni son la caída de cabezas. El ejercicio democrático mutaría en instrumento de ataque y de desestabilización política en la víspera de la sucesión del 2024, año en que se celebrarán de nuevo en Sinaloa elecciones de alcaldes, diputados locales y federales y Senadores y en el plano federal de presidente de la República.
El proceso mediante el cual se busca la construcción de una nueva ciudadanía con la reapropiación y resignificación de los espacios de participación política, podría entrar a una peligrosa fase de “desnaturalización” en modo incontrolable por la agregación de intereses trocados en “redes de socialidad” del PRI-PAN-PRD, FRENA y los grupos antiAMLO, cuyo proyecto común es “reventar” los gobiernos
estatales de la Cuarta Transformación.
Es probable y posible que en la víspera del proceso electoral del 2024 en Sinaloa revocación de mandato y gobernabilidad sean temas o agendas contrapunteadas
