FGR cierra 4 carpetas de investigación por supuesta “fuga de información” en CNI

Zósimo Camacho

Por instrucciones de quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo –actual gobernador de Sonora–, en 2020 se abrieron sendas investigaciones por supuestas “filtraciones de información de seguridad nacional” en contra de cuatro directivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos años después de esa investigación (2022), que provocó la separación de sus cargos de los cuatro altos mandos del principal órgano de seguridad nacional del país, los expedientes judiciales han sido cerrados sin que pudiera acreditarse alguna responsabilidad administrativa o penal por el delito de sustracción de información de seguridad nacional, y sólo uno de esos servidores públicos del CNI, Andrés Andrade Téllez, fue recontratado como coordinador general de Servicios Técnicos-CGST.

En las cuatro carpetas integradas por la FGR se investigó si hubo “sustracción de información del CNI, copiándola en dispositivos” (sic), y se concluyó que no hubo tal delito; mientras que al interior del CNI se le asignó el “grado de relevancia alto”, el de mayor importancia en las investigaciones internas, pero también se cerraron los expedientes.

La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA/588/2020 se abrió contra Fernando Torres Torres, un capitán formado en la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional y quien se desempeñaba como coordinador general de la Coordinación de Contrainteligencia.

Otra carpeta correspondió al expediente FED/SEIDO/UEITA/560/2020, integrado contra el abogado y consultor en seguridad pública y nacional Andrés Andrade Téllez, entonces director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Una más fue la FED/SEIDO/UEITA/561/2020 en contra de Ignacio Mendoza Gandaria, hasta ese momento director de Apoyo a la Operación y a quien se le acusa de presenciar torturas contra supuestos involucrados en la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

La carpeta FED/SEIDO/UEITA/562/2020 contra el maestro en finanzas especializado en economía internacional e inteligencia Jorge Retana Yarto, le costó la Dirección de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (Esisen), la institución formadora de cuadros, antes para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy transformado en CNI.

El documento del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano se titula “Informe de Asuntos y del Estado que Guardan de la Coordinación General Jurídica”, firmado por el abogado Pedro Salvador Cárdenas Ruelas de la Dirección Jurídica.

Un documento más –donde aclara internamente información publicada en Contralínea por Miguel Badillo el 29 de noviembre de 2021, bajo la cabeza “El hombre de los contratos en el Centro Nacional de Inteligencia”– rechaza que Andrade Téllez haya cometido alguna irregularidad y que sea el responsable de asignar contratos en el CNI.

En el escrito se argumenta que “todo procedimiento de contratación se realiza conforme [con] la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el [que] intervienen diversas áreas según su ámbito de competencia (Áreas requiriente, Jurídico, Recursos Materiales y OIC [Órgano Interno de Control] y la Auditoría Superior de la Federación)” (sic). Por ello, señala, la asignación de contratos no era una decisión ni un proceso en el que participara una sola persona. Además, asegura, la celebración de contratos cuenta con controles internos y externos.

Reconoce que Andrade Téllez se desempeñó en el puesto citado por año y medio a partir de enero de 2019. Y que dejó el cargo a mediados del año siguiente. “Es correcto, el 30 de junio de 2020 dicho servidor público presentó su renuncia por razones personales”. Incluso, el escrito insiste en que el funcionario no fue separado de su cargo, sino que “renunció en junio de 2020 sin que existiera a esa fecha, y a la fecha presente ningún procedimiento administrativo ni penal que le haya sido notificado en donde se le señale como probable responsable de dichas conductas”.

El documento, exculpa a Andrade Téllez de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA/560/2020, en la que se le investigó al funcionario de sustracción de información. Por el contrario, señala que en su paso por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales “logró ahorros y economías sustanciales en las contrataciones”.

Destaca que consiguió mantener la operación sustantiva del CNI sin mayores afectaciones, a pesar de la drástica reducción presupuestal. Ejemplifica como ahorros la cancelación de un contrato de arrendamiento de un edificio de nueve pisos, en la calle de Patricio Sanz, colonia del Valle de la Ciudad de México. Estima un ahorro, con esta decisión, por 10 millones 676 mil 340.72 pesos anuales.

Otro ahorro es el de la reducción de contratos de arrendamiento de vehículos. El monto que se ahorraron las arcas públicas es de 16 millones 944 mil 710.55 pesos por año, asegura el escrito.

En la apología de Andrés Andrade Téllez, se da cuenta de su regreso al CNI una vez que Alfonso Durazo Montaño dejara la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –cabeza de sector a la cual está adscrito el CNI–. Descarta que la salida de Durazo del gobierno federal –para buscar y ganar el gobierno de Sonora– tuviera relación directa con su regreso al organismo de seguridad nacional.

“En enero de 2021, se le invitó a dicho servidor público [Andrade Téllez] a regresar y ocupar un cargo de la Coordinación General de nueva creación, con funciones sustantivas y operativas dentro del CNI (Coordinación General de Servicios Técnicos-CGST); por lo que a partir de dicha fecha reingresó a la institución.”

En este cargo, Andrés Andrade Téllez tiene la responsabilidad de diseñar la nueva estratégica tecnológica del CNI. Debe conciliar la generación de ahorros con el incremento de capacidades del organismo en la materia. Entre las misiones asignadas se encuentra la de conseguir que el Centro deje de depender de proveedores externos. Por el contrario , debe promover el desarrollo de tecnología propia y fortalecer la soberanía tecnológica.

En ese sentido, el CNI canceló un contrato con Microsoft por más de 50 millones de pesos anuales. Lo anterior, “sin afectar las actividades ni capacidades del Centro”. Tales recursos se han reasignado a “tareas más importantes y necesarias”.

La información de Contralínea del 29 de noviembre de 2021 dio cuenta de que la empresa Palo Tinto Networks fue beneficiaria con la entrega de dos contratos por 31 millones 325 mil 703 pesos y que el software adquirido resultó más caro que los proporcionados por las compañías anteriores.

En el escrito del CNI, se reconoce la existencia de contratos que ampararon los servicios de mantenimiento a la infraestructura de comunicaciones y servidores marca Cisco, conocidos como Red de Comunicaciones Unificadas, pero precisa que desde 2021 esa empresa dejó de ser contratista del Centro. Mismo caso que el de Hola Innovación, otra de las empresas favorecidas con contratos que hoy ya no tiene acuerdos con el Centro.

Asegura, sin embargo, que los contratos se entregaron por medio de licitación pública y que se realizaron bajo los lineamientos del “área requirente y responsable de la estrategia tecnológica” del propio CNI. Se trata de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico, entonces encabezada por Raúl Villegas Lastra. Hoy este ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones y maestro en Liderazgo Tecnológico se desempeña como director general de Sistemas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con información de Contralínea