Espionaje y la teoría de la conspiración
Álvaro Aragón Ayala
La detección de videocámaras usadas para la vigilancia o espionaje de funcionarios del gobierno estatal desnudó la fragilidad del aparato de seguridad de Rubén Rocha Moya y del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. Pese a ser un espacio público, el cuidado del “área confidencial” o privada de los miembros del gabinete es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
El gobernador Rubén Rocha Moya reveló en La Mañanera de este lunes que, en las últimas semanas, se detectó un sistema de espionaje al interior de por lo menos 4 secretarías, además de su oficina, y dijo que las videocámaras fueron instaladas debajo de los plafones del techo del tercer piso y que el equipo pudo haber sido instalado durante el periodo vacacional decembrino.
Detalló que en su despacho se encontraron 3 cámaras de video, otras más en la oficina de la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz, en la de Administración y Finanzas, con Enrique Díaz, y en la Secretaría General de Gobierno de Enrique Cázarez, en la que se halló una cámara infrarroja.
El develamiento del equipo de videograbación desencadenó comentarios en torno a la “teoría de la conspiración” y una serie de conjeturas en torno a los responsables de la instalación del sistema de espionaje y aunque el gobernador exoneró de tal práctica al gobierno de Quirino Ordaz Coppel, surgieron hipótesis periodísticas vinculatorias al personal despedido de la Dirección de Gobierno y de la Secretaría de Innovación, en donde laboraron especialistas en la “vigilancia electrónica” de particulares, políticos y funcionarios públicos.
El gobierno de Rubén Rocha Moya quería mantener en reserva el tema del descubrimiento de las videocámaras, pero decidió hacerlo público luego de que la revista Espejo publicó, en un reportaje, que el gobierno del estado había adquirido un equipo que puede servir para la práctica del espionaje. Se trata de un software invasivo para la copia de toda la información de los equipos, incluyendo contraseñas, fotografías, videos, contactos, datos borrados, aplicaciones y conversaciones en cuestión de segundos.
La revista Espejo reveló que el “laboratorio digital” usa el programa UFED creado por la empresa israelí Cellebrite como una herramienta de trabajo forense. En México es utilizado de manera constante por fiscalías. El equipo es la herramienta más importante para resolver crímenes, pues permite escuchar audios, revisar fotografías y videos privados, leer conversaciones y descifrar las últimas ubicaciones de víctimas o criminales, todo “abriendo” sus equipos celulares.
El software invasivo, cuyo costo no se ha definido con exactitud, se compró bajo el pretexto de su asignación al “trabajo” de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. El equipo se encuentra actualmente en poder de la secretaría General de Gobierno. En la Mañanera el gobernador giró instrucciones a Enrique Inzunza Cázarez para que sea radicado en la Fiscalía General del Estado. “Si cae en otras manos puede ser ilegal”, señaló el mandatario.
Para saber a ciencia cierta quién instaló y opera el equipo de espionaje es necesario una investigación que empezaría por interrogar al personal de aseo y mantenimiento de las oficinas del gobernador y miembros de su gabinete y al personal de vigilancia cuyo trabajo de supervisión recae en la figura del secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, heredado por “una recomendación presidencial” al gobierno de Rubén Rocha Moya.
El gobernador no informó sobre la calidad, el registro o marca ni el alcance de las videocámaras halladas en las secretarías, tampoco si se trata de equipo de baterías o conectado a la red de energía eléctrica de las oficinas, datos claves para trazar líneas de investigación. No especificó si el sistema de espionaje estaba o no enlazado a una especie de “oficina comando” o central digital. Sí, explicó, que es posiblemente este hecho no se denuncie formalmente ante instancias competentes. “No quiero distraerme en cosas que me parecen que no valen. No quiero meterme en litigios que me puedan distraer y no creo que valga la pena denunciarlo”, dijo.
