GIEI accedió a 57 reportes de espionaje del Cisen y Sedena a normalistas rurales
Nancy Flores
En su tercer informe del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela la existencia de al menos 57 informes de inteligencia elaborados por el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En éstos quedan al descubierto las labores de seguimiento y espionaje permanente que hicieron ambas instituciones –entre 2011 y 2014– contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Los reportes a los que tuvo acceso el GIEI detallan desde las reivindicaciones estudiantiles –como la exigencia de que se crearan plazas para maestros rurales recién egresados–, movilizaciones y toma de autobuses, pero también de conflictos con autoridades policiales, asesinatos y otros episodios de violencia policiaca.
Al respecto, en su Informe Ayotzinapa III, el GIEI da cuenta de que tuvo acceso a 57 informes de seguimiento de las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa de 2011 a 2014, época que coincide con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en el estado de Guerrero.
Agrega que del periodo de 2014 les fueron entregadas 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Cisen –que era dependiente de la Secretaría de Gobernación– que daban cuenta de las actividades de los estudiantes de Ayotzinapa, tanto de días anteriores al crimen como de ese mismo día hasta las actividades de toma de autobuses en las afueras de Iguala. Por ello, los expertos concluyen que las autoridades civiles federales y militares conocían de las actividades de los estudiantes y el monitoreo a que eran sometidos.
El GIEI apunta que “los informes reservados de las autoridades militares de Sedena, así como posteriormente de los servicios de inteligencia del Cisen, dan cuenta de las reivindicaciones de plazas o transparencia en el uso de recursos; movilizaciones y toma de buses, para las marchas; conflictos con las autoridades policiales y algunos hechos de violencia específicos como asesinatos, detenciones o desalojos; incluyendo igualmente reportes de discusiones en asambleas y relación con otras organizaciones”.
Añade que esa información y monitoreo de las actividades estudiantiles no sólo se hacía con métodos de observación externa o información de contexto, sino con la existencia de agentes de inteligencia infiltrados con fachada de estudiantes de la normal rural. “Según pudo comprobar el GIEI, dentro de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa existían personas que hacían parte activa del Ejército Mexicano que realizaban tareas de información”. Al respecto, cita dos oficios internos de la dependencia entonces bajo el mando del general Salvador Cienfuegos Zepeda: el GAOI/5246, del 29 de septiembre de 2014, y el GAOI/5823, del 21 de octubre de ese mismo año.
Los expertos internacionales también señalan que en el momento del crimen –noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron tanto la desaparición de los 43 normalistas como los ataques que dejan seis jóvenes asesinados y 40 heridos–, al menos, tres agentes de inteligencia de Sedena estaban activos en la normal de Ayotzinapa y en Tixla, la localidad donde ésta se encuentra.
En algunos documentos, refieren en su tercer informe, “se habla abiertamente de ‘fachada de alumno’. Ninguno de dichos reportes hacía en ningún caso referencia a posibles actividades ligadas al narcotráfico por parte de los estudiantes, sino de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades desarrolladas por el alumnado”.
Documento: RESUMEN GIEI AYOTZINAPA III
Algunos informes del espionaje
Los expertos independientes revelan extractos de algunos de los 57 informes de espionaje a los que tuvieron acceso. Por ejemplo, se cita el documento con folio G.A.O.I./5087, del 22 de septiembre de 2014, en el que la Comandancia de la 35 Zona Militar informa a la superioridad DN-1, S-2, sobre “las actividades de los alumnos de la Escuela Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
El oficio indica: “se tuvo conocimiento de una reunión del comité estudiantil ‘Ricardo Flores Magón’, (…) al interior de las instalaciones de la escuela normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Mpio. de Tixtla, Gro., donde acordaron los asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de aprox. 15 autobuses (…) con la finalidad de contar con los medios necesarios para trasladarse a la Plaza de México D.F. a fin de participar en el ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. de 1968, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco’”.
En ese mismo documento, la Comandancia de la 35 Zona Militar ordenó a todos los batallones del estado de Guerrero que dieran seguimiento a las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa. “Así, se indica al Comandante del 50 Batallón de Infantería: ‘se mantenga al pendiente de las actividades que realizan los alumnos de citado plantel educativo, con la finalidad de informar oportunamente la salida de contingentes a la Ciudad de México para la conmemoración del ‘XLVI aniversario de los hechos registrados el 2 oct. 1968’, así como el de otras organización (sic) con presencia dentro de su sector de responsabilidad”.
El tercer informe del GIEI observa que esa misma instrucción se giró a los comandantes de los Batallones 27, 34, 41 y 93 a quienes se les solicitaba: “Informe(n) por el medio más expedito a esta Cmcia. de Z.M. sin detrimento de realizarlo posteriormente por escrito, la salida de contingentes dentro de sus sector (sic) de responsabilidad a esta plaza o a la Cd. de México, a fin de participar en la conmemoración del aniversario citado en texto”.
El día del crimen también hicieron espionaje
EL Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que varios documentos de inteligencia –sin precisar cuántos– del Cisen y de la Sedena revelan el seguimiento pormenorizado que tuvieron los normalistas rurales de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
“De todas las evidencias, podemos concluir que los estudiantes tomaron tres autobuses de la [central] camionera, que venían en dos autobuses de la Escuela [Normal Rural de Ayotzinapa] y que deciden regresar nuevamente y de forma urgente a Tixtla, domicilio de la Escuela. Desplazándose en total en cinco autobuses hacia Tixtla, tomaron diversas rutas divididas en dos grupos. Que se conocieron los disparos y las agresiones que sufrieron los normalistas en los dos escenarios señalados, y se transmitieron las informaciones a los mandos de las diferentes corporaciones, habiendo desaparecidos de estos dos escenarios confirmados:
“-Un grupo de los desaparecidos se encontraba en un autobús ubicado al frente del Palacio de Justicia en la carretera rumbo a Chilpancingo y;
“-El otro autobús que iba de tercero en la caravana de los autobuses que llevaban los estudiantes que estaba ubicado sobre la calle Juan N Álvarez, dirección periférico, tal y como lo señalamos en los informes del GIEI año 2015 y 2016.”
El informe establece que las autoridades policiales y militares de todos los niveles en Iguala tuvieron conocimiento en tiempo real de todos esos hechos: “sabían de quién se trataba [normalistas rurales] desde las reuniones en las que se preparaba la toma de autobuses para la marcha del aniversario” [de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968].
“Conocieron la mañana del 26 de septiembre de 2014 el intento de tomar autobuses en Chilpancingo, frustrado por la policía estatal. Sabían del objetivo de la acción que los jóvenes pretendían realizar. Conocieron y se reportó en documentos el viaje de salida de la escuela hacia Iguala, siendo monitoreados en el trayecto. Supieron de las circunstancias de su llegada a las afueras de la ciudad a tomar autobuses, y de cómo un grupo ingresó a Iguala para devolverse con el bus y quedó encerrado en el mismo. Supieron y reportaron en documentos que el resto de los jóvenes que había quedado fuera esperando, llegaron a la central camionera y se llevaron tres autobuses. Conocieron su intento de salida de la ciudad”.
El informe del GIEI señala que “todos sabían, a través de OBIS [infiltrados identificados internamente como agentes de obtención y búsqueda de información] que reportaban directamente desde el lugar de los hechos y del C-4, que un número grande de jóvenes había sido detenido de forma violenta en medio de disparos o agresiones físicas en los dos escenarios del Palacio de Justicia y de la calle Juan N Álvarez, por varias policías municipales con un enorme despliegue de vehículos de distintas corporaciones y policías vestidos de negro en el caso del Palacio de Justicia”.
Al citar el informe interno FCA No.CRFI/1194, del 26 de septiembre de 2014, el GIEI destaca que la documentación que obtuvo da cuenta de un hecho llamativo: “este seguimiento detallado y reproducido en los referidos informes cesa en las horas críticas de la ocurrencia de los hechos. Sin embargo, otros documentos de inteligencia que reproducen el contenido de interceptación de comunicaciones dan cuenta que las autoridades militares tenían información en tiempo real de los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Iguala”.
Otros documentos militares
El informe del GIEI revela fragmentos de otros documentos militares que revelan pormenores del papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso Ayotzinapa. En ellos también se descubre el seguimiento y labores de espionaje que hacía el Ejército de las actividades del crimen organizado, “especialmente de enfrentamientos, hechos de violencia y control en diferentes lugares de Iguala y zonas aledañas”.
Al respecto, indica que tanto las autoridades militares como el Cisen “hacían seguimiento a las actividades del crimen organizado en tiempo real, a través de intervenciones de comunicaciones de integrantes de las organizaciones delictivas”. De esto último, enfatiza que también sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando “las autoridades militares tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”.
Uno de los ejemplos que cita es el mensaje militar CRFI, del 24 de agosto de 2014, un mes antes de la tragedia: “(…)en relación a (sic) los hechos ocurridos y la información obtenida por los OBIS de esta unidad es probable que estas acciones hayan sido realizadas y ordenadas por el grupo delictivo Guerreros Unidos asentado en esta plaza con la finalidad de no permitir que integrantes de un grupo antagónico entre a esta ciudad para disputarles el control de las operaciones ilícitas que tienen en la misma (…)”.
Asimismo, se refiere al mensaje militar F.C.A. 037114, del 27 de septiembre de 2014, cuando ya había sucedido el “gran operativo” que dejó como saldo seis jóvenes muertos, 43 normalistas rurales desaparecidos, 40 heridos y 120 víctimas de persecución que sufrieron tentativas de asesinato. Aunque de éste no se cita ni un párrafo textual, el informe del GIEI, detalla: “da cuenta que la caseta de cobro número 3 de Iguala, carretera México/Chilpancingo, había sido decretada instalación estratégica del 1 al 30 de septiembre. Caseta que cumple un rol fundamental en la narrativa acerca de cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que contaba en los días de los hechos con presencia de una patrulla militar”.
Asimismo, revela la existencia del documento militar llamado “Panorama General delictivo en el Estado de Guerrero”, de noviembre de 2014. Y reproduce un fragmento del mismo: “el estado de Guerrero es relevante en la producción de estupefacientes, principalmente amapola, por su ubicación geográfica e infraestructura de comunicación, facilitando el trasiego aéreo, terrestre y marítimo procedente de Centroamérica, con destino a los EUA”.
Otro oficio al que hacen referencia es el F.C.A. G.A.O.I/5388, del 4 de octubre de 2014, enviado por la Comandancia de la 35 Zona Militar a la Comandancia del 27 Batallón de Infantería, en el cual los militares abordan el tema de la utilización de autobuses en el traslado de droga: “La chiva que se elabora en Tlacotepec es enviada a Chicago USA vía carretera en autobús como el reciente autobús detenido en Puebla”.
A pesar de la importancia que revisten todas estas informaciones internas, fue hasta el año pasado con la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) empezaron a entregar a cuenta gotas estos documentos al GIEI. En su más reciente informe, el Grupo reitera la necesidad de que estas dos instituciones den acceso pleno a sus archivos y con ello se contribuya a conocer la verdad acerca de este macro caso de un crimen de lesa humanidad.
Con información de La Contralínea
