En México prevalece la impunidad por desapariciones, alerta Amnistía Internacional
Con apenas 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada y ante una crisis de más de 52 mil cuerpos no identificados y más de 7 mil desapariciones en 2021, la organización Amnistía Internacional (AI) advirtió altos niveles de impunidad en esta y otras violaciones a los derechos humanos.
En su informe internacional 2021/2022, Amnistía destacó que solo el año pasado las autoridades registraron al menos 7 mil 698 casos (69% hombres y 31%, mujeres), los cuales elevaron más de 97 mil el número total de denuncias desde 1964.
“La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Según cifras oficiales, seguía habiendo más de 52.000 cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se hallaban en fosas comunes”, sostiene el documento.
Apenas el pasado 17 de marzo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.
Esto, luego de que el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos sostuvo que hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país.
El informe de Amnistía Internacional también señala los ataques desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra académicas y mujeres que han protestado contra la violencia de género.
“Las autoridades siguieron estigmatizando y reprimiendo las protestas feministas y haciendo un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir de su participación a las personas”, expuso el informe sobre las declaraciones del presidente y funcionarios que calificaron de violentas las marchas por el Día Internacional de la Mujer.
Sobre la violencia contra mujeres y niñas, Amnistía insistió en que las investigaciones penales en feminicidios presentan deficiencias graves.
“Las autoridades no custodiaban adecuadamente las pruebas recopiladas ni examinaban todas las líneas de investigación aplicando correctamente una perspectiva de género. Así, los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, lo que aumentaba la probabilidad de que los delitos quedaran impunes. Además, estas familias siguieron siendo objeto de amenazas y maltrato por parte de las autoridades”, menciona.
El informe también critica que las personas defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo elevados niveles de violencia, y la mayoría de los ataques contra ellas quedaban impunes.
“El gobierno realizó declaraciones en las que cuestionaba el trabajo de las organizaciones y comunidades que se oponían a los megaproyectos promovidos por la administración presidencial”, expuso.
Además, reiteró que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continúan siendo sometidas al uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y devoluciones ilegales por parte de las autoridades, así como a secuestros y homicidios a manos del crimen organizado.
En cuanto a crímenes de odio, Amnistía también destacó a México como el segundo país de la región en registrar el mayor número de agresiones contra personas LGBTI, con al menos 72 homicidios y desapariciones durante el año.
Con información de Animal Político
