UAS: “Caso SAT” ¿derivó en conspiración?
Alvaro Aragón Ayala
El caso del adeudo de 2 mil 35 millones de pesos -no reconocido por la Universidad Autónoma de Sinaloa- reclamado por el Sistema de Administración Tributaria -SAT-, y que fue ocasionado por la negativa de anteriores gobiernos estatales a regresar a la institución de enseñanza superior montos millonarios del Impuesto Sobre la Renta -ISR- derivó en una especie de conspiración contra la Casa Rosalina, con lecturas de intentos de linchamientos políticos.
Varios legisladores de Morena sincronizaron sus primeros ataques contra el Alma Mater pese a que está claro que la UAS no saldó esos adeudos con el SAT, los cuales no llegan en realidad a los 500 millones de pesos, porque los gobiernos priistas no cumplieron con el compromiso de regresar el ISR a la Universidad para que, en apego a la Ley de Coordinación Fiscal, como ente autónomo, cumpliera con sus obligaciones fiscales y financieras.
Al no reconocer el adeudo, la UAS interpuso una demanda en la primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que resolvió en una primera instancia a favor de la institución de enseñanza superior que reclama la nulidad del adeudo. El Tribunal emitió una sentencia interlocutoria que ordena la suspensión definitiva de cualquier mandamiento de embargo o ejecución contra la institución.
El adeudo requerido por el SAT es por los ejercicios fiscal 2015 y 2016, años en los que estuvo al frente de la rectoría de la Casa Rosalina, Juan Eulogio Guerra Liera. Los diputados de Morena exigen la práctica de auditorías cuando esas investigaciones contables fueron realizadas en tiempo y forma por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado sin encontrar irregularidades en el manejo de los presupuestos anuales ni daños patrimoniales a la universidad.
Para los especialistas en temas universitarios, el ingreso de los diputados de Morena en el “caso del SAT” exigiendo auditorías y la petición de la intervención de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, despide tufos “injerencistas” y marcan la ruta de la apertura de coyunturas para “reventar” la autonomía universitaria. Las auditorías ya fueron practicadas por la ASF y la ASE, pero los legisladores “les buscan chichis a las culebras”.
Los primeros ataques “legislativos” contra la UAS fueron tan mal armados que se corre el riesgo de colocar, también, en el tapete de la discusión en el Congreso Local, al interior y fuera de la Casa Rosalina, la agenda de las “jubilaciones dinámicas”. Los diputados de Morena quieren “todo dentro de la ley” y el gobierno federal no incluye en la asignación de los presupuestos universitarios recursos para el pago de las jubilaciones o dobles jubilaciones. Ni la SHyCP ni la SEP reconocen esta prestación laboral.
En su pretensión de linchamiento de la UAS y la tendencia a sentar en el banquillo de los acusados a Juan Eulogio Guerra Liera y quizá a otros personajes universitarios, los diputados de Morena ya toparon con pared en el “Caso SAT”, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió en una primera instancia a favor de la UAS, pero buscan otros “filones para el escándalo” con el propósito de generar inestabilidad en la Casa Rosalina y linchamientos mediáticos.
Al no funcionarles el “Caso SAT”, en el discurso leguleyo y en el afán de “escarbarle” a la UAS y, en cambio, proteger al gobierno corrupto de Quirino Ordaz Coppel, los diputados de Morena habría de intentar “reventar” la autonomía universitaria para impedir que la UAS paguen las “jubilados dinámica”, porque la “prestación no es reconocida” por el gobierno federal, acción que de tomarse perjudicaría a alrededor de 5 mil trabajadores en retiro, obligando a la institución a “levantarse en armas”.
Paradójicamente, ningún diputado de Morena se ha pronunciado contra los gobiernos priistas que no regresaron el ISR a la Universidad ni han exigido la práctica de auditorías a la federación para que se aclare en que se invirtió ese dinero o quien de los funcionarios estatales se quedó con los millonarios recursos que le pertenecen a la UAS; por el contrario, como si se tratara de una conspiración o de una consigna orientan la sospecha contra la Casa Rosalina.
El director de la Facultad de Derecho Mazatlán, doctor José Ramón Bonilla Rojas, quien lleva el litigio de la UAS ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señaló que las autoridades fiscales reclaman un adeudo que no es tal, que no se reconoce, y dijo que “hablan del 2015 de 193 millones de pesos de retención y el 2016 de 302 millones, cantidades que los gobiernos estaban obligado a devolver a la Universidad en apego a la Ley de Coordinación Fiscal”. Los dos conceptos, apenas llegan a los 495 millones de pesos, pero los diputados de Morena, como si fueran defensores de oficio y cobradores del SAT suman la deuda en 2 mil 35 millones.
