Imelda y Graciela: más allá del mito de la pertenencia

Alvaro Aragón Ayala

Reducir el mapa de poder de Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa a la falacia de que “todos son gente de Rubén Rocha” constituye un error analítico que ignora los fundamentos teóricos de la ciencia política. Figuras clave como Imelda Castro Castro y Graciela Domínguez Nava no se subsumen al rochismo por el simple hecho de haber compartido espacios institucionales o proyectos electorales.

La premisa merece ser desmontada porque confunde tres categorías distintas: proximidad institucional, coincidencia política y pertenencia facciosa. Haber formado parte de un gobierno no convierte automáticamente a un funcionario en integrante de la corriente personal del gobernante; del mismo modo, compartir una fórmula electoral no establece una relación permanente de subordinación. En política, las alianzas tienen temporalidad, propósito y contexto. Una cosa es coincidir en una etapa del poder y otra muy distinta formar parte de una estructura de lealtades personales.

Desde perspectiva analítica de Maurice Duverger en su obra clásica “Los partidos políticos” (1951), las estructuras partidistas no se articulan como monolitos personales, sino como redes orgánicas compuestas por facciones de diversos orígenes institucionales. En el caso de Morena, la coincidencia en una boleta o en un gabinete no representa una sumisión jerárquica permanente, sino una alianza coyuntural propia de un partido de cuadros heterogéneos donde la fórmula electoral responde a criterios de competitividad, equilibrio territorial y cuotas de género, y no a una subordinación clientelar.

Esta distinción adquiere particular relevancia en Sinaloa, donde Morena no nació políticamente como una extensión de un solo grupo local. La construcción del movimiento involucró a dirigentes provenientes de distintas experiencias de la izquierda, del perredismo, del obradorismo y de organizaciones sociales y electorales que posteriormente convergieron en el partido. Identificar a todos los actores que ocuparon posiciones durante una administración con el grupo personal del gobernador constituye una simplificación retrospectiva: lee parcialmente el pasado a partir del desenlace del presente.

El análisis de Giovanni Sartori, desarrollado ampliamente en “Partidos y sistemas de partidos” (1976), permite clasificar a Morena como un sistema plural de grupos interactuantes caracterizado por dinámicas de competencia interna. La trayectoria de Graciela Domínguez Nava es ilustrativa de esta distinción: su inserción política precede significativamente la consolidación del rochismo, al tener sus raíces teóricas y pragmáticas en el núcleo fundador de la izquierda histórica y del perredismo en la entidad.

En efecto, la trayectoria de Domínguez permite observar la diferencia entre origen político y adscripción gubernamental. Su incorporación a Morena ocurrió durante la etapa de formación y expansión del partido en Sinaloa, y posteriormente ocupó responsabilidades legislativas relevantes dentro de la estructura morenista, incluida la coordinación del Grupo Parlamentario y la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Su llegada al gabinete de Rocha, en 2021, es por tanto una etapa posterior de su carrera y no el punto de nacimiento de su identidad política.

Ocupar la titularidad de una secretaría en el gabinete durante el mandato de Rubén Rocha Moya responde a la lógica de la gobernabilidad burocrática y de los equilibrios internos, pero de ninguna manera equivale a una adscripción facciosa. Como demuestra la ciencia política contemporánea, se puede desempeñar un cargo gubernamental de alto nivel manteniendo una red de poder y una identidad política autónoma, premisa que se confirmó al ascender a la gubernatura interina como producto de un consenso negociado entre múltiples corrientes y no por una mera designación unipersonal.

Aquí aparece un dato político que modifica la lectura del momento actual. El Congreso del Estado nombró a Graciela Domínguez gobernadora interina el 25 de agosto de 2026, después de la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura. La designación obtuvo 31 votos a favor y seis en contra. El hecho institucionalmente relevante no es solamente quién ocupó la titularidad del Ejecutivo, sino que una dirigente que había formado parte del gabinete anterior pasó a encabezar un gobierno interino en una etapa política distinta.

Ese desplazamiento demuestra por qué la categoría “gente de Rocha” resulta insuficiente. Si la pertenencia política fuera una relación mecánica e irreversible, el cambio de posición institucional carecería de significado. Pero en política las posiciones cambian porque cambian las correlaciones de fuerza, las necesidades de gobernabilidad, las alianzas y los centros de decisión.

La conceptualización de Hans Kelsen en Compendio de teoría general del Estado (1925) sobre el “Estado de partidos” (Parteienstaat) es clave para desarticular la premisa de la subordinación en el ámbito legislativo y partidista. Kelsen planteó que los partidos son los órganos e instrumentos indispensables para la articulación de la voluntad colectiva democrática, lo que exige mecanismos internos de contrapeso frente al poder personal.

Desde esta perspectiva, el partido no puede confundirse con el gobierno ni el gobierno con una persona. Son estructuras distintas, aunque puedan coincidir temporalmente en sus integrantes. Esa separación resulta fundamental para comprender la nueva etapa de Morena en Sinaloa: el partido comienza a operar bajo una conducción distinta precisamente cuando el Ejecutivo estatal atraviesa una transición extraordinaria.

La figura de Imelda Castro Castro ejemplifica esta autonomía estructural: haber compartido fórmula senatorial con Rocha en un momento dado y posteriormente con Enrique Inzunza demuestra que la asociación electoral es un instrumento de coyuntura y no una adhesión ontológica. Al asumir la Coordinación Estatal de Morena rumbo al proceso de 2027, el centro de gravedad del poder partidista sufre una mutación institucional decisiva, reconfigurando el mapa de decisiones y separando de forma clara la estructura gubernamental de la orgánica partidaria.

El dato ya no es una especulación. El 26 de agosto de 2026, las dirigencias de Morena y sus aliados anunciaron a Imelda Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa. Diversos medios nacionales interpretaron la decisión como el paso previo a su eventual postulación para la gubernatura de 2027, aunque jurídicamente la coordinación no equivale todavía a una candidatura formal.

La secuencia de acontecimientos es políticamente reveladora: Rocha deja la gubernatura; Graciela Domínguez asume el Ejecutivo interino; Morena coloca a Imelda Castro al frente de su estructura política estatal. Tres movimientos distintos, tres espacios de poder distintos y, sobre todo, tres funciones que no deben confundirse.

Esta división de funciones -con el Ejecutivo en un periodo de transición interina y el partido operando bajo una nueva dirección- transforma el escenario local en un sistema de competencia interna. Morena en Sinaloa opera como una mesa de negociación permanente donde confluyen la izquierda fundacional, el pragmatismo gubernamental, los liderazgos territoriales independientes, los grupos de oportunidad y la imperiosa influencia de las cúpulas nacionales.

Más precisamente, no se trata de un “sistema multipartita” en sentido estricto -pues Morena continúa siendo un solo partido dentro de un sistema electoral de varios partidos-, sino de un sistema interno de pluralidad, competencia y negociación. Esa precisión conceptual importa porque permite comprender que la disputa rumbo a 2027 no será solamente entre partidos, sino también dentro del propio bloque gobernante.

Reducir esta complejidad a una supuesta pertenencia absoluta a la corriente de un gobernador saliente imposibilita un diagnóstico acertado del proceso. La interrogante estratégica rumbo al 2027 no es la fidelidad a un nombre, sino la capacidad teórica y operativa de estos liderazgos para articular la nueva mayoría interna tras la reconfiguración del poder en la entidad.

Ahora, el verdadero problema, no es quién estuvo cerca de Rocha, quién trabajó con Rocha o quién compartió una boleta con Rocha, sino quién tiene capacidad para construir gobernabilidad después de Rocha; quién puede articular al partido, relacionarse con la dirigencia nacional, reconstruir vínculos territoriales y, al mismo tiempo, responder a una sociedad golpeada por la inseguridad y por la crisis de confianza institucional.

En ese sentido, Imelda Castro y Graciela Domínguez representan hoy dos posiciones diferentes dentro de una misma reconfiguración política. Una encabeza el aparato partidista rumbo a la competencia electoral; la otra encabeza provisionalmente el Poder Ejecutivo estatal. Esa separación puede convertirse en una de las claves de la transición sinaloense, porque obliga a distinguir entre el gobierno que administra la coyuntura y el partido que construye el proyecto electoral de 2027.

Así, el laboratorio político sinaloense demuestra que la política rara vez responde a los dogmas del monolitismo o la devoción personal. En la arquitectura contemporánea del poder, la cercanía temporal no debe confundirse con la servidumbre ideológica ni el trabajo burocrático con el sometimiento faccioso. Imelda Castro Castro y Graciela Domínguez Nava no encarnan el legado de una figura en retirada, sino la vigencia de trayectorias propias que han sabido navegar las complejas capas de la coalición dominante.

Ambas fueron vinculadas políticamente con el gobierno de Rocha por razones diferentes y, sin embargo, el nuevo escenario las coloca en espacios institucionales que pueden contribuir precisamente a la separación de la etapa rochista. Domínguez desde el gobierno interino y Castro desde la conducción partidista. No significa que sean políticamente idénticas, ni que necesariamente compartan una misma estrategia, sino que ambas forman parte de una nueva distribución de funciones que ya no puede explicarse mediante el viejo organigrama del poder.

El análisis serio debe abandonar las etiquetas heredadas y comenzar a observar las nuevas relaciones de poder: quién controla la estructura partidista, quién administra el gobierno, quién conserva presencia territorial, quién tiene interlocución con la dirigencia nacional, quién puede construir consensos y quién está en condiciones de sobrevivir políticamente a la ruptura de la etapa anterior.

Quien insista en leer a Morena en Sinaloa como el patrimonio exclusivo del rochismo no solo comete un anacronismo analítico, sino que se condena a la ceguera estratégica ante el verdadero fenómeno en curso: la redistribución institucional del poder y el nacimiento inevitable de una nueva hegemonía interna rumbo al 2027.