Sinaloa: El regreso de Rubén Rocha sacude el tablero político de Morena
Alvaro Aragón Ayala
Quienes decretaron prematuramente el fin de la era y la influencia de Rubén Rocha Moya tras la turbulencia de los últimos meses se topan hoy con un hecho contundente: el gobernador retomó formalmente las riendas del Poder Ejecutivo de Sinaloa. Para la ciencia política, este movimiento es una reordenación de fuerzas que devuelve al mandatario, en estos momentos, su estatus de copropietario de la designación de la candidatura de Morena.
Nicolás Maquiavelo adujo en “El Príncipe” que el primer atributo que debe conservar un gobernante amenazado por el conflicto es la vigencia de sus prerrogativas legales. Al separarse temporalmente para someterse a la indagatoria de la Fiscalía General de la República y regresar sin una resolución condenatoria, Rocha Moya desarma el principal argumento de sus detractores internos y externos: la presunción de inhabilitación política.
El retorno se da bajo la ratificación del mandato constitucional. En términos de gobernabilidad, haber enfrentado el escrutinio formal y recuperar la silla ejecutiva le otorga un “segundo aire” de legitimidad estratégica. Frente a Palacio Nacional y la dirigencia de Morena, Rocha vuelve a ser el mandatario constitucional de una entidad geopolíticamente decisiva. Esa diferencia de estatus le restituye de inmediato el derecho a sentarse en la mesa donde se procesará el futuro del estado.
A diferencia de las cúpulas partidistas que operan desde el centro del país, el gobernador retoma y retiene el control operativo sobre el territorio. Los tratados de estrategia política -desde Sun Tzu hasta los manuales de inteligencia de Estado- coinciden en que la logística y la cohesión de los mandos intermedios deciden el resultado de las batallas.
En Sinaloa, la red de alcaldes, legisladores locales, dirigentes municipales y operadores territoriales responde, en primera instancia, a la lógica del presupuesto y la gobernabilidad estatal. Aunque las marcas nacionales influyan, la capacidad real de movilización en los municipios volvió a las manos y a la estructura que encabeza el Ejecutivo local.
En estos momentos, si el centro partidista -Morena Nacional- decide imponer condiciones en el proceso interno partidista y marginar a la estructura rochista, implicaría un riesgo de fractura o migración de votos en las urnas. Ese peligro convierte al gobernador en un actor –hasta el día de hoy- con poder de veto sobre perfiles que le resulten abiertamente hostiles.
La tesis de que Palacio Nacional había “desconectado” a Rocha Moya omite la naturaleza del modelo de poder en México. Para la Presidencia de la República y la dirigencia nacional de Morena, la prioridad no es el desplazamiento de las corrientes regionales, sino la garantía de triunfos electorales inobjetables y la estabilidad de las entidades.
Un gobernador reinstalado, con la administración bajo su mando directo y la estructura bajo control, resulta infinitamente más útil para los fines del proyecto nacional que un estado atomizado por pugnas de facción. El retorno de Rocha demuestra que el canal de comunicación con el centro nunca estuvo roto, sino pausado bajo una lógica de control de daños que hoy entra en una nueva fase de negociación.
Uno de los mayores activos de Rocha Moya en este momento es la ausencia de una figura antagónica local que haya logrado aglutinar a todo el antirochismo de manera orgánica. Las tribus o corrientes que aspiraban a ocupar el vacío creado durante su licencia no consolidaron un mando unificado ni un perfil que garantice por sí solo el triunfo electoral.
Al no existir un liderazgo alternativo con hegemonía territorial, el gobernador en funciones vuelve a erigirse como el gran ordenador de la política sinaloense. Los aspirantes que pretendían saltarse la aduana del Palacio de Gobierno en Culiacán tendrán que recalibrar su estrategia: la vía para alcanzar la candidatura requerirá, si no de su bendición abierta, al menos de un pacto de neutralidad o convivencia política con su grupo rochista.
El restablecimiento de Rubén Rocha Moya no significa que impondrá de forma unilateral e irrestricta a su sucesor directo como en los viejos tiempos del partido hegemónico. Representa algo mucho más realista y estratégicamente sólido: ha asegurado su lugar como copropietario de la decisión sucesoria 2026/2027.
El escenario hacia la sucesión estatal se configura ahora como un esquema de codecisión pragmática. La candidatura a la gubernatura tenderá a ser un perfil pactado entre Palacio Nacional y el Ejecutivo estatal, garantizando continuidad administrativa para el grupo saliente y viabilidad electoral para la marca nacional.
La reincorporación de Rubén Rocha Moya demuestra que en política la forma es fondo y la permanencia es fuerza. Dar por descontado al gobernador en la ecuación sucesoria de Sinaloa no solo resulta un análisis fallido, sino una lectura defectuosa de las dinámicas del poder real. Hasta ahora el mandatario no ha perdido la capacidad de incidir; por el contrario, ha demostrado que su figura sigue siendo la pieza central sobre la que descansa el equilibrio político de la entidad.
