COPARMEX-Sinaloa: ¿Puerta para acceder al poder político?
Alvaro Aragón Ayala
Con el liderazgo de Martha Elena Reyes Zazueta, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa pasó del cabildeo institucional a la trinchera política opositora de cara al proceso electoral de 2027. Históricamente, al menos en Sinaloa, el organismo operó como una especie de “sindicato” empresarial para articular la voz del sector privado, impulsar la libre empresa, defender la certeza jurídica y ejercer presión ante el Estado.
¿Por qué Martha Reyes convirtió a Coparmex Sinaloa en un organismo de confrontación política frontal contra Morena, el gobernador Rubén Rocha Moya y las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? La respuesta podría encontrarse en lo que los hombres de negocios llaman crisis de gobernabilidad, en una redefinición de la filosofía empresarial local o, incluso, en la percepción de que Coparmex puede ingresar por la vía electoral a la disputa por el poder político en Sinaloa.
Ante el colapso de la seguridad en la entidad, desatado desde finales de 2024 y prolongado durante 2025 y 2026 -con el consecuente cierre de miles de comercios, la pérdida masiva de empleos y la semi-parálisis de los sectores inmobiliario y turístico-, la narrativa de la dirigencia de Coparmex cambió. Para Reyes y el colectivo empresarial que encabeza, la postura tradicional de emitir comunicados o participar en mesas de diálogo con el gobernador Rubén Rocha Moya dejó de ofrecer resultados.
Desde la filosofía del libre mercado y la defensa del Estado de derecho, se asumió que cuando la autoridad gubernamental incumple su responsabilidad esencial de garantizar la vida, la seguridad y la libertad de emprender, el empresariado no puede limitarse a exigir soluciones; debe disputar el poder para instrumentarlas. Bajo esta lógica, movilizaciones como “Ya basta, queremos paz”, las comisiones enviadas a Palacio Nacional y el discurso de “saltar de la protesta a la boleta electoral” convirtieron a Coparmex en catalizador de un movimiento opositor que busca impulsar candidaturas propias y ciudadanas para frenar al morenismo en Sinaloa.
LA VÍA PRAGMÁTICA: EL CSE Y LA MESA CON RAMÍREZ CUELLAR
En contraste con la postura de Coparmex, que asumió un papel de confrontación pública en las calles y los medios, el gran capital sinaloense trazó una ruta distinta: el pragmatismo basado en la interlocución directa con la cúpula del poder federal.
Una demostración fue la reunión privada sostenida el pasado 5 de agosto de 2026 entre el Consejo Sinaloense de Empresarios (CSE) y el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, actor político relevante y cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En esa mesa de acercamiento estuvieron representantes de algunas de las principales empresas e industrias del estado. Entre los empresarios del CSE que acudieron y suscribieron el planteamiento destacan Agustín Coppel Luken (Grupo Coppel), Diego Ley López (sector agroindustrial/Grupo Chata), Luis Osuna Vidaurri (Grupo Panamá), Juan Habermann Gastélum (sector agrícola), David Tamayo, Juan Ley, Sebastián Arana y Amado Guzmán Reynaud (Grupo Petroil/Mazatlán), entre otros.
Los integrantes del CSE expresaron al legislador morenista que la respuesta de los tres niveles de gobierno ante la delincuencia ha sido “insuficiente e incapaz frente a la magnitud de la fuerza delictiva”, situación que ha provocado un verdadero “desastre económico”. No obstante, a diferencia de la confrontación total, el CSE utilizó a Ramírez Cuéllar como puente diplomático para solicitar un canal directo con Claudia Sheinbaum y plantear un programa de emergencia económica, así como una intervención federal reforzada. En los hechos, la estrategia dejó en segundo plano la erosionada interlocución con el gobierno estatal.
DOS ESTRATEGIAS EN JUEGO
En el tablero político de Sinaloa coexisten, entonces, dos dinámicas empresariales que persiguen la supervivencia del sector privado, pero mediante tácticas opuestas: La trinchera de Coparmex, y la del Consejo Sinaloense de Empresarios
El primer grupo, que aglutina principalmente a medianas y pequeñas empresas, comerciantes y restauranteros, ha establecido una alianza con figuras del activismo y la oposición, como el chef Miguel Taniyama y el empresario inmobiliario y copropietario de Noroeste, Manuel Clouthier Carrillo.
Su diagnóstico es que el sistema político local de Morena se encuentra agotado y que la única forma de garantizar condiciones para el desarrollo consiste en construir un bloque ciudadano-empresarial capaz de competir por alcaldías, diputaciones y otros espacios de decisión mediante las urnas.
En el segundo, el del Consejo Sinaloense de Empresarios, representa al gran capital regional y a empresas con fuerte presencia nacional. Su premisa no es el choque frontal, sino garantizar la viabilidad de sus inversiones y preservar la estabilidad económica regional.
Su estrategia parte de una realidad política: Morena mantiene el poder federal. Por ello, el CSE opta por la negociación de alto nivel con operadores como Alfonso Ramírez Cuéllar, con el propósito de incidir en las políticas públicas de seguridad, inversión y fomento económico desde el interior del propio sistema.
LA NATURALEZA PATRONAL DE COPARMEX
La transformación de Coparmex Sinaloa reabrió un debate histórico sobre la naturaleza y los límites de los organismos patronales en México. Para Martha Reyes y sus aliados, la Coparmex no asumió una posición opositora por mero cálculo partidista, sino como respuesta a una necesidad de supervivencia frente a lo que consideran una insuficiente actuación del Estado.
Sin embargo, existe el riesgo latente de que el organismo patronal deje de ser percibido como un representante legítimo de la sociedad civil y termine identificado como una plataforma de acceso al poder político para intereses personales o de grupo.
El contraste entre ambas estrategias resulta evidente. El Consejo Sinaloense de Empresarios apuesta por la negociación con el poder constituido para mitigar los daños económicos y preservar sus intereses; Coparmex, en cambio, parece dispuesta a cruzar la frontera entre la representación empresarial y la participación política para disputar espacios de poder en las urnas.
El desenlace de esta apuesta determinará si la iniciativa privada sinaloense consigue reconfigurar el mapa político de la entidad o si termina pagando el costo de una politización abierta en un estado profundamente convulsionado.
