Pensiones sin fondo: la misma bomba en universidades, Pemex y CFE
Alvaro Aragón Ayala
El problema que hoy enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa forma parte de una crisis originada porque instituciones públicas mexicanas asumieron compromisos pensionarios sin construir, al mismo ritmo, fondos suficientes para respaldarlos. El resultado aparece ahora en distintos frentes: universidades públicas estatales, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad encaran obligaciones laborales y pensionarias que colapsan sus finanzas.
El caso de Pemex y la CFE permite dimensionar el problema. Un reporte periodístico de REFORMA consigna que los pasivos por beneficios a empleados de ambas empresas suman alrededor de 2.1 billones de pesos, una cantidad equivalente a varias veces el presupuesto anual de sectores estratégicos del país. En el primer semestre, Pemex destinó alrededor de 506 mil millones de pesos a pensiones, jubilaciones, prestaciones y otros beneficios contractuales; la CFE, por su parte, destinó 554.2 mil millones en recursos a ese concepto y otros compromisos reportados. La magnitud demuestra que los sistemas pensionarios sin fondos suficientes terminan convirtiéndose en una carga financiera estructural.
En las universidades públicas estatales ocurre algo semejante, aunque bajo otra escala y naturaleza institucional. En la UAS, la llamada jubilación dinámica se convirtió en una prestación adicional que se paga con recursos universitarios. El problema no apareció de repente: creció conforme aumentó el número de jubilados y se prolongó la expectativa de vida, mientras la institución continúa utilizando su presupuesto ordinario para cubrir una obligación que requiere una fuente financiera permanente. El estudio actuarial de la SEP no inventó esa realidad; simplemente puso números al futuro de una obligación que ya existía.
La lección de Pemex y CFE detalla que una obligación pensionaria no desaparece porque se posponga su solución. Cuando no existe un fondo suficiente, el costo termina trasladándose al presupuesto corriente, reduciendo el margen para invertir, mantener infraestructura, mejorar salarios, ampliar servicios o cumplir con la función sustantiva de cada institución. En una universidad, el riesgo es particularmente delicado: cada peso que absorbe una obligación jubilatoria sin financiamiento suficiente es un peso que deja de estar disponible para aulas, investigación, laboratorios, tecnología y estudiantes.
Por eso la discusión sobre el pago de la jubilación dinámica de la UAS debe salir del terreno de las consignas. No se trata de desconocer los años de servicio de los jubilados ni de negar las prestaciones que jurídicamente correspondan, sino de determinar quién y cómo debe financiar una obligación adicional durante las próximas décadas. El Fideicomiso Pro-Jubilación responde precisamente a esa necesidad: construir una reserva financiera y distribuir la responsabilidad para evitar que todo el costo siga recayendo sobre el presupuesto ordinario de la Universidad. La solución tampoco puede ser exclusivamente universitaria: el Estado mexicano debe asumir su corresponsabilidad en el financiamiento de la educación superior y en la atención de los pasivos históricos que se acumularon bajo un modelo que durante décadas fue tolerado.
La experiencia de Pemex, CFE y las universidades deja la advertencia en el sentido de que los sistemas pensionarios sin fondeo suficiente terminan asfixiando a las instituciones que los sostienen. El problema no es el jubilado; el problema es un modelo que permitió crecer obligaciones sin crear reservas proporcionales para pagarlas. Corregirlo no significa abandonar a quienes ya cumplieron con su vida laboral, sino impedir que el costo del pasado termine destruyendo las instituciones que deben garantizar el futuro.
