Sinaloa: El peso electoral del narco-poder que no aparece en las encuestas
Alvaro Aragón Ayala
Los sinaloenses son testigos de una proliferación constante de encuestas orientadas a definir las tendencias del electorado. Sin embargo, en un estado marcado por la disputa territorial y la violencia, estas mediciones sufren de un sesgo estructural: evalúan la contienda como si ocurriera en un entorno sin crimen organizado. Si se ignora al narcotráfico como un factor con capacidad de incidir en la participación y en la orientación del sufragio, entonces las encuestas convencionales ofrecen una radiografía incompleta de la realidad política. Los grupos delictivos, se admita o no, operan como un activo de poder que no requiere figurar formalmente en la boleta para condicionar el proceso democrático.
Abordar este fenómeno exige rigor metodológico. El primer error conceptual consistiría en tipificar al crimen organizado como un partido político tradicional, dado que carece de registro formal, candidatos inscritos o plataformas de gobierno públicas. No obstante, las organizaciones delictivas ostentan un recurso indispensable para la competencia política: el control territorial. En las comunidades donde un grupo fáctico determina quién transita, quién se reúne y quién se moviliza, se configura una forma de poder con consecuencias electorales directas. El error no radica tanto en catalogar dicho dominio inmediatamente como narco-gobierno, sino en no medir de manera empírica su capacidad de interferencia en las urnas.
Esta influencia opera en múltiples dimensiones que rebasan la mera intimidación física. Existe un nivel de penetración más complejo, caracterizado por la cooptación o el condicionamiento de estructuras formales de autoridad, operadores locales e incluso mecanismos de financiamiento. En este punto, un instrumento de medición no debe indagar por quién votará el ciudadano, sino plantear los cuestionamientos que las encuestas tradicionales evaden:
¿Percibe que grupos armados inciden en la selección de candidaturas en su municipio? ¿Considera que existen zonas donde los partidos no pueden realizar campaña con libertad? ¿Qué actor posee mayor capacidad para imponer condiciones en su comunidad: el gobierno o el poder informal?
El miedo, en este escenario, deja de ser una emoción individual para transformarse en una variable de control electoral. En contextos bajo presión delictiva, la preferencia declarada por un ciudadano no equivale automáticamente a su conducta final en las urnas. La violencia no necesita emitir proclamas políticas para comunicar límites; un atentado, una desaparición o el bloqueo de una vía principal emiten un mensaje indirecto que induce al repliegue, a la abstención o al voto oculto. De este modo, la agresión física se convierte en materia prima de manipulación social, alterando las condiciones de la contienda mucho antes de la jornada electoral.
De cara a las futuras definiciones políticas en la entidad, resulta estéril medir el narcotráfico como un porcentaje de intenciones de voto. Su verdadero papel debe analizarse como una variable explicativa. Las diferencias en la dinámica social entre municipios como Culiacán o Ahome demuestran que el impacto de la violencia es heterogéneo y profundamente territorial; por ende, cualquier medición seria debe cruzar la preferencia del elector con la percepción de presencia criminal y el nivel de confianza institucional.
El antecedente de los comicios previos en la región evidencia que la distancia entre el discurso de acusación partidista y la demostración empírica solo puede cerrarse mediante la investigación metodológica. El desafío analítico no consiste en asumir deductivamente que el crimen controla las elecciones, sino en determinar si posee la capacidad de modificar el terreno en el que compiten los actores formales. Las casas encuestadoras continúen limitándose a preguntar quién encabeza las preferencias, sin embargo, la interrogante de fondo seguirá silenciada: ¿quién ostenta la capacidad real de imponer las reglas del juego democrático en el territorio? Esa es, precisamente, la medición que aún está por hacerse.
