La restructuración y supervivencia del Cártel de Sinaloa

Alvaro Aragón Ayala

Un análisis riguroso de las narrativas gestadas desde los centros de operación digital de los aparatos de seguridad y los medios de comunicación de los  Estados Unidos, clonadas en México, a veces con la recreación de escenarios novelescos, en torno a funcionarios, exjefes policiacos y actores políticos mexicanos, permite advertir que el propósito público y declarado es el desmantelamiento técnico-policial del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el conjunto de estos elementos también admite la interpretación de que el objetivo de fondo es inocular un daño político quirúrgico en el México Profundo, desestabilizar al Estado y minar el proyecto de la Cuarta Transformación (Morena) mediante el uso del aparato judicial estadounidense.

Bajo la óptica de la inteligencia criminal y de la doctrina de seguridad, las acusaciones formuladas en cortes como las de Nueva York  tienen un alcance limitado para desmantelar el negocio del narcotráfico. Sean ciertas o falsas, e independientemente de la inocencia o responsabilidad penal de los señalados —aspecto que aquí no se valida ni se prejuzga—, los actores políticos y policiales identificados como presuntos facilitadores del cártel comparten una constante: saben poco o no saben nada de la estructura operativa de esa organización.

Organismos como la DEA, el FBI, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) coinciden en un principio elemental: las grandes organizaciones criminales no funcionan como pirámides rígidas, sino como redes celulares altamente compartimentadas. Bajo este principio, cada integrante del cártel posee únicamente la información indispensable para cumplir su función específica.

En consecuencia, un funcionario público o político investigado por presunta corrupción o facilitación delictiva se ubicaría exclusivamente en la periferia de la estructura de protección. Esa red es externa, utilitaria y desechable; no forma parte del núcleo estratégico ni del andamiaje financiero del cártel. Quienes hoy están bajo la lupa judicial en el extranjero desconocen, entonces, las cadenas internas de mando, los sistemas de comunicación encriptada, las rutas logísticas internacionales y la identidad de los verdaderos operadores financieros encargados del lavado de dinero en el sistema bancario global.

Además, el crimen organizado opera únicamente con quienes se encuentran en funciones. Se trata de una maquinaria burocrática e impersonal que ha mantenido la misma lógica durante décadas: cuando un facilitador político o externo pierde el cargo o es detenido, la organización lo sustituye de inmediato. Por esa razón, el valor informativo de un exfuncionario resulta prácticamente nulo para los fines de una desarticulación táctica y  profunda el corporativo criminal. Las capturas pueden representar un éxito mediático, pero difícilmente constituirían un golpe letal para el negocio soterrado.

Los verdaderos cimientos o el verdadero centro de gravedad de un cártel, estructurado en diversos niveles blindados entre sí, no descansa en los funcionarios públicos, ni en los políticos ni los jefes policiacos.

La primera estructura estratégica de la organización, está integrada por un reducido grupo encargado de las alianzas, la expansión territorial y la administración de conflictos. Sus integrantes rara vez participan de manera visible en las operaciones.

La segunda corresponde al andamiaje financiero, considerado por el Financial Crimes Enforcement Network como el auténtico corazón del cártel, el cual emplea empresas fachada, criptomonedas, inversiones inmobiliarias, comercio internacional y exportaciones simuladas para dispersar y ocultar el capital ilícito.

La tercera es la estructura logística, conformada por células encargadas del transporte de mercancías, el control de bodegas y las rutas de distribución, cuyos integrantes desconocen quién financia, quién compra o quién dirige la organización en su conjunto.

Y la operación de la red de protección, integrada por abogados, notarios públicos, banqueros, propietarios de casas de cambio, prestanombres y funcionarios públicos, cuya función consiste en facilitar que determinadas operaciones puedan realizarse en un espacio y tiempo específicos.

Si una pieza de todo el entramado cae, la estructura financiera y estratégica del cártel prácticamente no se altera. Pueden perderse cargamentos y ser detenidos operadores visibles, pero la red económica continúa funcionando.

Uno de los fenómenos que con frecuencia desconcierta a diversos analistas es la ausencia de represalias violentas o de ejecuciones públicas contra funcionarios y exfuncionarios señalados por la justicia estadounidense. Desde la perspectiva de la inteligencia criminal, esa ausencia no obedece a la benevolencia, sino a un cálculo frío de costo-beneficio y a la propia lógica de la compartimentación o la división de funciones. Si un operador o facilitador externo investigado decidiera colaborar con las autoridades estadounidenses, la organización criminal sabe que el alcance de su testimonio sería necesariamente limitado, pues carece de acceso al núcleo estratégico. Además, ordenar un asesinato de alto impacto político provocaría una respuesta policial y militar desproporcionada que pondría en riesgo las rutas comerciales y los intereses económicos de la organización. La ausencia de reacciones violentas frente a estos procesos judiciales puede interpretarse como un indicio de que los acusados no representan una amenaza significativa para la supervivencia operativa del cártel.

Las agencias federales de Estados Unidos conocen perfectamente este modelo de análisis (network analysis). Saben que sentar a un exfuncionario en el banquillo de los acusados de una corte de Nueva York no detendrá, por sí solo, el flujo de drogas ni permitirá desarticular automáticamente los activos financieros ocultos en paraísos fiscales.

De ahí que la insistencia en construir expedientes sustentados principalmente en testimonios de testigos protegidos o colaboradores, orientados a golpear la línea de flotación de la soberanía mexicana y del proyecto político de la Cuarta Transformación, pueda interpretarse como parte de una estrategia de presión política internacional, sin que ello excluya la existencia de investigaciones judiciales legítimas o de responsabilidades individuales que, en su caso, deberán acreditarse conforme al debido proceso.

La discusión, por lo tanto, debe madurar. Es momento de desplazar el debate del espectáculo mediático de las extradiciones y los arrestos cotidianos hacia el fortalecimiento institucional del Estado mexicano; es tiempo de robustecer la inteligencia financiera, perfeccionar los mecanismos de investigación patrimonial y desmantelar las estructuras económicas y logísticas que sostienen al crimen organizado.

Solamente con ese enfoque estructural será posible afectar de manera significativa la capacidad operativa de las organizaciones criminales y reducir, al mismo tiempo, el impacto político que las narrativas internacionales pueden tener sobre México. En tanto, el cártel está a salvo. El negocio colapsará únicamente cuando termine el consumo de drogas en el mundo.

Y si se trata de fijar una línea del tiempo, el ser humano usa sustancias con efectos psicoactivos desde hace decenas de miles de años, mucho antes de la agricultura, las ciudades o la escritura. La evidencia arqueológica, química y antropológica indica que el consumo de plantas, hongos y bebidas fermentadas ha acompañado prácticamente toda la historia de la humanidad. Punto.