Registro teléfonico será facilitador de justicia: analista de ciberseguridad
Alina Poulain, experta en ciberseguridad asegura que más allá de una herramienta de comunicación, el teléfono celular representa hoy en día una de las principales llaves de acceso a la identidad digital. Hasta hace unos días, 96 millones de líneas telefónicas seguían sin registrarse, cuando en total existen alrededor de 150 millones de líneas activas en México.
Daniela Reséndiz Quiroz
El registro obligatorio de líneas telefónicas no representa riesgos de vigilancia, sino que será un facilitador de justicia y evitará la pérdida de acceso a servicios como aplicaciones de banco y redes sociales, asegura Alina Poulain, experta en ciberseguridad.
Desde que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la medida del registro obligatorio, especulaciones sobre un posible espionaje o vigilancia gubernamental comenzaron a tomar fuerza en la conversación nacional.
Sin embargo, Poulain afirma que este tipo de narrativas han sido impulsadas por la desinformación de algunos medios de comunicación y actores políticos con fines específicos:
“Son ideas infundadas y miedos que meten actores políticos que no se dan cuenta de los problemas de la población. (…) La gente tiene miedos que no existen”.
Hasta hace unos días, 96 millones de líneas telefónicas seguían sin registrarse, cuando en total existen alrededor de 150 millones de líneas activas en México.
Originalmente, la fecha límite para realizar el trámite era el 30 de junio, pero el lento avance de los registros, que apenas alcanzó el 43% a seis días de la recta final, provocó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunciara una prórroga, la cual depende del último dígito del teléfono y, solo en algunos casos, se extiende hasta diciembre de 2026.
Poulain fue entrevistada por Proceso un día antes del anuncio de la CRT. Sin embargo, su postura sobre la medida del gobierno federal no está atada a la prórroga, sino al impacto que tendrá el registro a largo plazo.
La especialista asegura que, más allá de una herramienta de comunicación, el teléfono celular representa hoy en día una de las principales llaves de acceso a la identidad digital, porque está vinculado con aplicaciones financieras, redes sociales, entre otros.
En ese contexto, no realizar el trámite ocasionaría la posible pérdida de acceso a estos servicios, una problemática de la que poco se habla y que parece pasar desapercibida por las propias empresas bancarias y tecnológicas, que no han emitido información pública sobre planes estratégicos al respecto.
“Yo esperaba que Google me contestara, o Meta; que estas corporativas me dijeran ‘oye, vamos a abrir un portal para toda esa gente que perdió la línea’. No lo logré. Ellos dicen que ya tienen medidas, (…) pero hasta ahorita nadie ha hecho nada extraordinario para tener este extra, ni los bancos. He estado alertando y nadie me hace caso”, asegura.
Instituciones como BBVA, Scotiabank o Banamex utilizan el número telefónico para procesos individuales, desde el inicio de sesión hasta la reactivación de tarjetas bloqueadas o la validación de operaciones no reconocidas. Sin acceso al mensaje de texto (SMS) o a WhatsApp para recuperación de contraseñas y otras funciones, millones de mexicanos podrían quedar “exiliados” de sus propias cuentas, sostiene la especialista.
Además, señala que los usuarios han tenido sus datos vulnerables desde que empezaron a dejar las sesiones de aplicaciones abiertas de forma permanente, bajo “una falsa sensación de seguridad”.
Las narrativas de espionaje: “un desconocimiento tremendo”
Poulain reitera que las narrativas sobre una vigilancia masiva y riesgos de recopilación de datos sensibles, son “alarmistas”. “El hecho de que manejen la palabra ‘espionaje’ es delicadísimo y nadie tiene pruebas”, afirma, señalando que herramientas como Pegasus son extremadamente costosas y complejas de operar técnicamente.
“Es un desconocimiento tremendo estar diciendo que nos van a espiar. Hay medidas de seguridad que como usuarios debemos de tener, debemos de configurar y hacernos responsables, (…) pero yo no metería ningún tipo de palabra que tenga que ver con vigilancia. Está completamente descartado”, enfatiza.
Para la especialista, más allá de un factor de peligro, el registro obligatorio es una garantía de justicia. Actualmente, la facilidad para cambiar de línea “como si fuera de calcetines”, incrementa un mercado de “líneas basura”, que propicia delitos como la extorsión y el fraude.
La medida del gobierno, dice Poulain, permitiría validar las bases de datos y dar un paso hacia la transparencia.
“¿Cómo voy a acceder a la justicia si estos números ni siquiera tienen nombre? (…) Como usuarios tenemos que estar conscientes (…) de poder tener un mejor manejo de la justicia”.
Ante el escenario actual, con solo el 43% de líneas registradas, la especialista recomienda tomar medidas de ciberseguridad que no dependa exclusivamente del celular, entre ellas:
· Uso de llaves físicas de seguridad (estándares FIDO2).
· Aplicaciones de autenticación (como 1Password o Google Authenticator).
· Resguardo de códigos de recuperación y contraseñas escritos en papel y en lugares seguros.
· Implementación de correos electrónicos privados exclusivos para servicios financieros.
Poulain concluye que, frente al contexto de una gran comunidad cuya identidad digital financiera y social se ha reducido a los números telefónicos, el registro de líneas podría ser una herramienta contra la impunidad del anonimato, que ayude a garantizar respuestas por parte de las autoridades ante la comisión de delitos.
