CRIMEN DE ESTADO CONTRA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Alvaro Aragón Ayala
Las instituciones rara vez desaparecen por una decisión repentina. Con frecuencia se debilitan lentamente cuando las condiciones financieras o materiales que sostienen su existencia comienzan a deteriorarse. La insuficiencia financiera persistente opera como mecanismo gubernamental para provocar desgaste. Hoy, la relación entre el Gobierno Federal y las Universidades Públicas Estatales se desplaza hacia esa lógica: la del estrangulamiento presupuestal que busca gradualmente cancelar la autonomía universitaria, limitando, primero, las condiciones que la hacen posible ya que la manera más eficaz de reducir y aplastar a las instituciones consiste en privarla de los recursos indispensables para evitar que ejerza plenamente su libertad y cumpla con sus funciones sustantivas.
Las universidades comprendieron la profundidad de este fenómeno cuando desmontaron una de las falacias más persistentes del debate público: la idea de que el presupuesto constituye un asunto meramente administrativo. Presupuesto y autonomía forman una unidad inseparable. No existe autonomía real sin suficiencia financiera. Atentar contra el sustento material de una universidad equivale a vulnerar las condiciones mismas que hacen posible su existencia.
Desde una perspectiva filosófica, la autonomía universitaria no es una abstracción etérea suspendida en el mundo de las declaraciones jurídicas. Es una potencia que requiere condiciones materiales para convertirse en acto. Si la libertad de cátedra, la investigación científica y el autogobierno representan el espíritu de la universidad, el presupuesto constituye su cuerpo. Sin recursos, la autonomía sobrevive apenas como una ficción normativa.
Cuando el poder político reduce el financiamiento a niveles insuficientes, opera una forma de mutilación institucional: permite a la universidad existir formalmente, pero limita severamente su capacidad de actuar. La institución permanece reconocida por la ley, aunque privada de los medios necesarios para cumplir plenamente su misión. El resultado es una autonomía nominal y una dependencia real.
La insuficiencia presupuestal sistemática termina, entonces, convirtiéndose en un mecanismo de sometimiento indirecto del pensamiento crítico. Y la evidencia demuestra que es el plan trazado por el gobierno federal. La asfixia financiera no incluye únicamente una institución; suma prácticamente a todas las universidades públicas de todo el país.
Un primer bloque corresponde a las instituciones que enfrentan escenarios de insolvencia extrema y dificultades crecientes para cubrir salarios y prestaciones básicas. En este grupo aparecen la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Un segundo bloque está integrado por universidades sometidas a una presión estructural permanente, y cuyos subsidios resultan insuficientes respecto de sus necesidades reales de operación y crecimiento. Allí se ubican instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Existe además un tercer bloque que demuestra que incluso las universidades históricamente más sólidas comienzan a resentir las nuevas presiones derivadas de la inflación, la revolución tecnológica y el incremento sostenido de los costos operativos. En esta situación se encuentran la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Baja California.
Desde la óptica constitucional, el debilitamiento financiero de las universidades no tiene razón de ser pues el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución reconoce y protege la autonomía universitaria, otorgando a estas instituciones la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, administrar su patrimonio y desarrollar libremente sus funciones sustantivas.
A esta disposición se suma la Ley General de Educación Superior, cuyo espíritu descansa en los principios de concurrencia, corresponsabilidad financiera, progresividad y fortalecimiento institucional. El marco jurídico vigente establece que la Federación y las entidades federativas tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de las universidades públicas, garantizando condiciones mínimas para el cumplimiento de sus fines.
La lógica constitucional es precisa: no puede exigirse cobertura, calidad, inclusión, investigación científica, innovación tecnológica, internacionalización y gratuidad progresiva sin construir simultáneamente un sistema de financiamiento congruente con esas obligaciones.
Si los subsidios permanecen estancados mientras aumentan la matrícula, la inflación, los salarios, las prestaciones laborales y los costos tecnológicos, se genera, pues, una contradicción estructural entre los objetivos que el Estado impone y los recursos que efectivamente proporciona.
LA PRESIÓN CONTRA LAS JUBILACIONES UNIVERSITARIAS
En este contexto comenzó a extenderse entre diversos sectores universitarios una preocupación creciente: la posibilidad de que se esté configurando una estrategia orientada a transformar radicalmente los sistemas jubilatorios universitarios mediante mecanismos de presión financiera y reformas constitucionales recientes, particularmente a partir de la modificación al artículo 127 constitucional.
La inquietud no surge de manera arbitraria. Durante más de tres décadas, numerosas universidades públicas desarrollaron sistemas de jubilaciones dinámicas o complementarias sin contar con fondos actuariales suficientes ni con partidas presupuestales federales específicas. Dichas prestaciones fueron incorporadas a los contratos colectivos y financiadas, en gran medida, con recursos originalmente destinados a la operación institucional.
El fenómeno fue conocido durante años por las autoridades educativas y hacendarias del país. Sin embargo, no se construyeron mecanismos nacionales de transición que permitieran enfrentar oportunamente los pasivos acumulados.
Reducir la crisis universitaria exclusivamente al problema pensionario, no obstante, constituye una simplificación engañosa. Las universidades enfrentan simultáneamente presiones derivadas del crecimiento de la matrícula, los incrementos salariales, la modernización tecnológica, la expansión de la infraestructura, la digitalización educativa, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la necesidad permanente de actualización académica.
A pesar de ello, el Estado fue retirando progresivamente diversos mecanismos de apoyo extraordinario. La desaparición en 2018 del Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas eliminó una de las pocas válvulas de emergencia que permitían enfrentar contingencias financieras relacionadas con salarios y prestaciones de fin de año.
La consecuencia fue trasladar crecientemente la presión financiera hacia las propias universidades, obligándolas a emprender reformas internas, ajustes administrativos y procesos de reingeniería institucional para evitar escenarios de colapso.
La intervención directa sobre la autonomía universitaria tendría costos políticos y jurídicos considerables. Por ello, el camino más eficiente del gobierno para limitar la capacidad de acción de las instituciones consiste en restringir gradualmente los recursos que hacen posible su funcionamiento. El deterioro financiero genera conflictos internos, confrontaciones laborales, paralización de proyectos estratégicos y pérdida de capacidad de planeación.
Una universidad obligada a concentrar sus energías en resolver crisis presupuestales permanentes dispone de menos recursos intelectuales, financieros y humanos para innovar, investigar y proyectarse hacia el futuro.
El viejo manual del asedio político enseña que primero se debilita la estructura y después se responsabiliza a la víctima de sus propias limitaciones. Bajo esa lógica, el deterioro financiero termina utilizándose como argumento para justificar mayores mecanismos de control o supervisión.
La discusión de fondo, sin embargo, rebasa las cifras presupuestales. Lo que está en juego es la capacidad de las universidades públicas para seguir siendo espacios de pensamiento libre, producción científica, movilidad social y formación ciudadana.
La asfixia presupuestal no constituye únicamente un problema administrativo. Es un fenómeno que compromete el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria. Y cuando la autonomía se debilita, no solo pierde la universidad: pierde también la sociedad que necesita de instituciones libres para producir conocimiento, formar profesionales y sostener la vida democrática de la nación.
La batalla de las universidades públicas mexicanas no se reduce a la obtención de mayores recursos. Es, en última instancia, una defensa del derecho constitucional a existir con dignidad, libertad y capacidad real de cumplir la misión histórica que la sociedad les ha encomendado.
