La UAS al borde del paro financiero
Alvaro Aragón Ayala
Hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa reveló una realidad brutal: la posibilidad inminente de suspender actividades sustantivas por insuficiencia financiera. Esta advertencia no es una narrativa de victimización institucional ni un amago de huelga laboral o confrontación sindical; no es así, pues se deriva de un diagnóstico técnico de inviabilidad operativa: la principal institución educativa de Sinaloa se está quedando sin flujo de efectivo para mantener sus instalaciones abiertas.
El comunicado emitido por la UAS este 18 de mayo constituye un documento de emergencia que evidencia la quiebra del Modelo Financiero de las Universidades Públicas Estatales (UPES) en México, un sistema que sobrevive mediante esquemas de déficit permanente y que, incluso, suspendió los convenios de apoyo extraordinario que solo postergaban el colapso de las instituciones.
En el documento de emergencia institucional la Casa Rosalina admite que enfrenta “el riesgo vigente de suspender las actividades sustantivas por insuficiencia financiera; no por una huelga ni un paro voluntario, sino por la escasez real de recursos para operar”; refleja, además, que la crisis estructural universitaria tiene su origen en la asimetría financiera documentada por la ANUIES y la propia Auditoría Superior de la Federación. El problema se agudizó a partir de la reforma constitucional de 2019, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
El Estado Mexicano amplió el derecho a la educación superior sin construir simultáneamente un modelo sostenible de financiamiento universitario generando una presión insostenible sobre las UPES. Entre 2018 y 2024, a las universidades públicas se le exigió a aumentar su absorción escolar. Sin embargo, el subsidio ordinario federal por alumno en términos reales decreció o se mantuvo estancado, lo que obligó a las instituciones a atender a más estudiantes con menos recursos por cápita.
A este diseño macroeconómico deficitario se sumaron los pasivos estructurales históricos. Durante décadas, la UAS —al igual que instituciones como la Universidad Autónoma de Nayarit o la Universidad Autónoma de Zacatecas— absorbió el costo de plantillas de personal docente y administrativo no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, pero indispensables para atender la demanda real en las aulas.
Asimismo, los sistemas de jubilaciones y pensiones dinámicas, carentes de fondos de reserva actuarialmente viables, terminaron por devorar el presupuesto ordinario. La llamada “jubilación dinámica”, adoptada durante años en numerosas universidades públicas del país, creó pasivos laborales gigantescos que terminaron devorando progresivamente los presupuestos ordinarios.
El resultado, en la UAS, es explosivo: paga una doble nómina. La de los trabajadores en activo y la de los jubilados que engulle más de 2 mil 500 millones del presupuesto anuales. El gobierno federal que fue permisivo, que toleró la creación en las UPES de estos sistemas de retiro se niega a financiarlos y proyecta dejar toda la carga del pago a las Universidades.
El diagnóstico financiero de la UAS revela que las medidas de austeridad, la Reingeniería Integral y la contención del gasto resultan insuficientes cuando el déficit es de origen estructural. En los últimos tres años, la falta de fondos extraordinarios federales para el saneamiento financiero obligó a la institución a recurrir a préstamos puente otorgados por el gobierno estatal.
La UAS atiende a más de 160 mil estudiantes y mantiene presencia territorial en los 20 municipios de Sinaloa. Es la principal plataforma de movilidad social y un factor de gobernabilidad y estabilidad en una región históricamente vulnerable a la violencia y la informalidad laboral. Mantener las universidades públicas operando bajo el esquema de “crisis recurrentes” equivale a administrar la educación desde la precariedad.
El mensaje de la UAS es una interpelación técnica dirigida al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La sustitución de los fondos federales extraordinarios —mecanismos que permitían a las UPES cerrar el año sin déficit de flujo— por transferencias condicionadas, que también fueron suspendidas, dejó a las instituciones sin margen de maniobra ante contingencias fiscales o incrementos salariales derivados de las revisiones contractuales.
