Crímenes por omisión o negligencia en la Plaza Fiesta Las Palmas

Alvaro Aragón Ayala

Sinaloa. – El incendio mortal de la Plaza Fiestas Las Palmas en Los Mochis no fue un azote del destino ni un capricho del azar. Jurídicamente fueron crímenes anunciados; literariamente, es el descenso a un infierno construido por la mano del hombre. Es el resultado de una cadena de negligencias que hoy se traducen en homicidios culposos y lesiones gravísimas. Las autoridades renunciaron a su deber de garante de la seguridad de la población y deben ser sometidas al imperio de la ley.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa tiene ya ante sí un expediente en ciernes, que de antemano, exhala el olor rancio de la corrupción, una indagatoria que no debe rellenarse con un simple peritaje de incendios; la investigación debe profundizar en el inventario de una burocracia de almas muertas, un sistema donde la vida humana se permuta por sellos y firmas compradas.

En tanto los cuerpos de emergencia se jugaban la vida contra el fuego, la realidad técnica emergió con una violencia descarnada: la plaza era una trampa de fuego mortal. Materiales como el Polietileno Expandido, espumas plásticas sin tratamiento ignífugo y paneles de aluminio con núcleos combustibles avivaron las llamas insaciables. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) prohíben su uso en toda construcción. Aquellas paredes, el edificio mismo era el combustible, un ataúd de polímero esperando una chispa.

¿Quién otorgó el dictamen de factibilidad? ¿Qué mano, movida por la inercia o el soborno, firmó el visto bueno de seguridad sobre una estructura que era, en esencia, una pira preparada? Es imperativo que la investigación judicial coloque en el banquillo de los acusados a los responsables de esta tragedia:

Protección Civil del Municipio de Ahome: Cuya función no debe ser el rito post-mortem de lamentarse sobre las cenizas, sino la inspección técnica rigurosa. Si esos materiales estaban ahí, existió una inspección simulada o una ceguera institucional financiada por la desidia.

Dirección de Urbanismo y Obras Públicas: Por autorizar el uso de materiales que contravienen los estándares internacionales de seguridad humana, ignorando que cada plano aprobado sin rigor es una sentencia de muerte firmada.

Autoridades de Inspección y Normatividad: Por permitir la operación de giros de alto impacto en estructuras desnudas de sistemas de supresión de incendios (sprinklers) y retardantes ignífugos.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Cómplices por omisión en la vigilancia de las condiciones de seguridad e higiene. Su ausencia en los centros de trabajo no es falta de presupuesto, es abandono de funciones, dejando al trabajador a merced de un entorno hostil donde el patrón es dueño de la vida y el aire.

TIENDA COPPEL: LA IMPUNIDAD, ECO DEL 2010

Como en un relato de horror que se repite en un bucle infinito, aquellos “fantasmas de la muerte” de Culiacán regresaron y se posaron en Los Mochis. La noche del 10 de noviembre de 2010, seis almas fueron inmoladas en el altar de la avaricia corporativa: Ariana López (24), Carmen Moreno (36), Verónica Picos (22), Claudia Bernal (25), Rosa Imelda y Perla Zapata.

Encerradas bajo llave, como si el tiempo de su vida perteneciera al inventario o la contabilidad de la tienda COPPEL de Culiacán, escucharon la llegada y el crepitar de la muerte sin salida posible. Imposibilitadas para salir del edificio, sometidas a “secuestro laboral” a cuatro candados en el negocio, mientras el humo llenaba sus pulmones, ellas llamaron a sus seres queridos para decir adiós desde el centro del infierno.

Setenta y cinco bomberos, luchando contra una burocracia de muros infranqueables, intentaron romper candados y cortinas metálicas. Fue inútil. Quince horas después, la mañana del 11 de noviembre, reveló la escena dantesca: cuerpos abrazados en el último suspiro de asfixia, tres de ellos calcinados hasta el anonimato. Por estos crímenes, protegidos por el manto de la impunidad de COPPEL, nadie pisó la cárcel. Sí. Ahora, esos “fantasmas de la muerte” penetraron a la Plaza Fiesta las Palmas.

EXIGENCIA DE JUSTICIA: NO MÁS ALMAS MUERTAS

La Fiscalía no debe buscar “chivos expiatorios” entre los eslabones más débiles de la cadena. La ley exige desentrañar:

La responsabilidad penal solidaria de los propietarios y administradores de la plaza comercial.

La responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que, con una pluma cargada de cinismo, firmaron licencias de funcionamiento sin verificar la seguridad estructural de la plaza y los negocios que albergaba.

Ya basta, pues, de dictámenes burocráticos destinados al archivo. Cada momento de silencio de la autoridad es una traición a la vida. Cada licencia otorgada sin inspección es un permiso para morir. La sociedad de Ahome exige una investigación profunda y órdenes de aprehensión. La negligencia, la falta de vigilancia, el no cumplimiento de las normas más elementales de protección civil, se convirtieron en el principal combustible de la tragedia. Justicia para las víctimas. Cárcel para los omisos. El silencio terminó.