Exprocurador prostituyó la justicia en el norte de Sinaloa
Richard Lizárraga Peiro
Los Mochis, Sin.- Aquí la procuración y administración de justicia ya no es un postulado del debido proceso; mutó en un abierto atentado a los Derecho Humanos. En la Vicefiscalía de Justicia, Zona Norte, el Ministerio Público fabrica delitos. En este enclave, en donde el Estado de Derecho se desvanece entre el tráfico de influencias y el rictus del autoritarismo, las hipotéticas “investigaciones” se ajustan a una “ingeniería delictiva institucionalizada”, una maquinaria de precisión donde la inocencia o la culpabilidad se negocia en el despacho de un exprocurador de justicia.
El núcleo de esta patología jurídica reside en la manipulación de las Carpetas de Investigación (CI). En un sistema acusatorio que exige lealtad procesal y probidad, la fabricación de datos de prueba y la mutilación selectiva de evidencias constituyen delitos de “lesa majestad contra la justicia” (crimen laesae maiestatis).
En la demarcación norte del estado, se observa un fenómeno de “justicia dirigida”. La integración de las carpetas no obedece a la búsqueda de la verdad histórica y jurídica, sino a una narrativa preestablecida. Mediante la exclusión de elementos exculpatorios y la inserción de testimonios aleccionados, se construyen “verdades legales” que vinculan a proceso a inocentes o garantizan el no ejercicio de la acción penal a los dueños del dinero y a actores con protección política. Esta discrecionalidad técnica no es otra cosa que la arbitrariedad disfrazada de legalidad.
El epicentro de este ecosistema de corrupción se vincula a una figura de influencia absoluta: un exprocurador de justicia cuya red de poder ha sobrevivido a los cambios de administración. Este personaje con ramificaciones en los poderes fácticos logró articular una estructura paralela de mando que trasciende la jerarquía oficial.
Su poder va mas allá del simple tráfico de influencias. Al controlar las lealtades de Ministerios Públicos, peritos y policías de investigación, este personaje convirtió a la Vicefiscalía en un despacho privado al servicio de intereses particulares. La “peligrosidad” de esta red radica en su capacidad de fuego judicial: el poder de privar de la libertad a través de la instrumentalización del sistema penal, o de garantizar una impunidad blindada.
La contaminación del proceso no se detiene en la etapa de investigación. Esta podredumbre permea hacia el Poder Judicial local, donde la debilidad institucional permite que las consignas prevalezcan sobre el análisis dogmático de los casos.
Lo más alarmante, sin embargo, es la influencia que se proyecta hacia la justicia federal. El otorgamiento o negación de amparos —el último bastión de defensa del ciudadano contra el abuso de poder— es asediado por esta red de complicidades. Cuando la información que llega a los tribunales federales está viciada de origen, el juicio de garantías se vuelve inoperante. La capacidad de este grupo para incidir en resoluciones de amparo representa el quiebre total del equilibrio de poderes y deja al ciudadano en un estado de indefensión jurídica absoluta.
La Vicefiscalía de la Zona Norte de Sinaloa se convirtió en el síntoma más grave de un sistema en metástasis. La violación crónica a los derechos humanos no es un error del sistema, es el sistema mismo operando bajo una lógica de mercado: donde la justicia tiene precio y la ley es un estorbo que se moldea a conveniencia.
En tanto la designación de operadores de justicia siga respondiendo al compadrazgo y a la lealtad hacia figuras del pasado, y no al mérito técnico y la ética profesional, el Estado de Derecho seguirá siendo una ficción. La denuncia de estas redes de peligrosidad es el primer paso hacia una purga necesaria; de lo contrario, la procuración y administración de justicia seguirá siendo, una fábrica de delitos y un mercado al mejor postor.
