La revocación de mandato de jueces, ¿una idea viable?

Si los jueces son electos por el pueblo, el pueblo debería poder removerlos. Suena democrático. Incluso razonable en un primer acercamiento.

Carlos Enrique Odriozola Mariscal

El descontento con el nuevo modelo judicial en México es real y no debe minimizarse. La elección de jueces ha generado dudas sobre perfiles, decisiones y resultados. Para muchos, la promesa de una justicia más cercana al pueblo no se ha traducido en mejores resoluciones ni en mayor confianza institucional. La crítica no solo proviene de especialistas o actores políticos. También se expresa en la percepción pública de que algo no termina de funcionar como se prometió.

Pero es precisamente en ese contexto donde comienza a plantearse una idea que, lejos de resolver el problema, puede agravarlo. La presidenta Sheinbaum sugirió la posibilidad de someter a los jueces a mecanismos de revocación de mandato. La propuesta parece intuitiva. Si los jueces son electos por el pueblo, el pueblo debería poder removerlos. Suena democrático. Incluso razonable en un primer acercamiento. Sin embargo, esa lógica pasa por alto una diferencia esencial entre la función política y la función judicial.

Un juez no está para representar a la mayoría. Está para aplicar la Constitución, incluso cuando hacerlo implica ir en contra de la opinión pública. Esa es la razón por la que, históricamente, los sistemas constitucionales han protegido la independencia judicial frente a presiones externas, incluidas las mayoritarias. La función del juez no es seguir el ánimo social, sino garantizar que las reglas se respeten incluso cuando resulta incómodo.

La reforma judicial reciente modificó de manera profunda ese equilibrio. La introducción de la elección popular de juzgadores cambió la naturaleza del cargo. A partir de ese momento, los jueces dejaron de ser exclusivamente operadores técnicos del derecho para convertirse, inevitablemente, en actores dentro de una dinámica política. La elección implica campaña. La campaña implica exposición. Y la exposición implica incentivos que no siempre están alineados con la aplicación estricta de la ley.

En ese nuevo diseño institucional ya existe un mecanismo para remover jueces. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene facultades para investigar, sancionar e incluso proponer destituir a juzgadores por faltas graves. En el caso de personas electas por voto popular, procede el juicio político. Es un modelo que busca mantener un control técnico sobre la función jurisdiccional y que, al menos en su concepción, pretende preservar la integridad del sistema.

La revocación de mandato introduce una lógica distinta. No evalúa faltas ni conductas ilegales. Evalúa aprobación. Mide desgaste. Responde a la percepción pública sobre el desempeño de una persona. Ese cambio es profundo porque desplaza el criterio de legalidad por el de popularidad. Un juez sujeto a revocación no solo debe preocuparse por resolver conforme a derecho. Debe considerar el impacto político de sus decisiones.

El problema no es teórico. Es estructural. Un juez que sabe que puede ser removido por una mayoría enfrenta un dilema constante. Resolver conforme a la Constitución o evitar una reacción que pueda traducirse en una campaña en su contra. En ese contexto, la independencia judicial deja de ser una garantía efectiva y se convierte en una condición frágil, expuesta a las dinámicas del momento.

El argumento de que el pueblo manda puede ser políticamente atractivo, pero es constitucionalmente incompleto. En un Estado de derecho, el poder de la mayoría está limitado por normas que no pueden someterse a votación permanente. La justicia no está diseñada para reflejar el ánimo social, sino para contenerlo cuando es necesario. Esa es precisamente su función en una democracia constitucional.

El descontento con el sistema judicial debe atenderse. Negarlo sería un error. Pero convertir a los jueces en funcionarios revocables no corrige sus fallas. Las traslada a otro terreno, el de la competencia política. Y en ese terreno, la justicia pierde su esencia. Porque deja de ser un espacio de resolución conforme a derecho para convertirse en un escenario donde importa también la aprobación.

La reforma judicial ya abrió la puerta a que los jueces participen en la lógica electoral. La revocación de mandato pretende dar el siguiente paso. Que dependan de esa lógica para permanecer en el cargo. Ese no es un mecanismo de control democrático. Es la institucionalización de la presión.

Cuando un juez decide bajo presión, la Constitución deja de ser su guía para convertirse en una variable más dentro del cálculo político.