Harfuch en Culiacán: la anatomía del mando y la estrategia de proyección
Alvaro Aragón Ayala
La iconografía política no es un subproducto, sino una herramienta de operaciones psicológicas. Omar García Harfuch, al encabezar la mesa de seguridad en Culiacán, no solo preside una reunión; ejecuta una maniobra de posicionamiento. La escena, calculada y difundida, proyecta una percepción de mando unificado y control centralizado en una sola figura. Sin embargo, en el análisis de inteligencia estratégica, lo que se proyecta en la superficie no siempre guarda correspondencia con la arquitectura del poder real y el orden de batalla en México. Ahí reside la verdadera interrogante para el analista de Estado.
Es imperativo establecer un axioma de seguridad nacional: el poder de fuego y la capacidad orgánica de las Fuerzas Armadas no están sujetos al ciclo sexenal. A diferencia de las estructuras políticas, vulnerables a la alternancia electoral, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) constituyen instituciones de carácter permanente y sustantivo. Su continuidad doctrinal, su despliegue territorial, su inteligencia técnica y su férrea disciplina interna las consolidan como estructuras de Estado que trascienden las administraciones transitorias. Los sexenios representan coyunturas; la institución castrense representa la estructura.
En este diseño institucional, el ejercicio del poder no admite ambigüedades. Existe una cúspide jerárquica inamovible: la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas, potestad exclusiva de la titular del Ejecutivo Federal, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Dicha facultad es indelegable por mandato constitucional. Ningún cuadro civil, por alto que sea su perfil operativo, puede arrogarse esa jerarquía. Su función puede oscilar entre la coordinación táctica y la ejecución de directrices, pero jamás sustituir la jefatura del mando supremo.
Por lo tanto, al evaluar si García Harfuch posee las atribuciones para liderar el Gabinete de Seguridad, la precisión es vital. Su competencia es de carácter operativo-político. Posee la facultad de articular el esfuerzo institucional, conducir las sesiones de planeación y fungir como el interlocutor estratégico de la Presidencia. No obstante, no ostenta mando militar sobre las unidades de combate ni se posiciona por encima de los Altos Mandos. Su ubicación en la cabecera de la mesa no denota una jerarquía de mando de armas, sino una delegación funcional para la conducción de la política criminal.
Es aquí donde colisionan la doctrina de seguridad y la exposición pública. Por definición, las sesiones del Gabinete de Seguridad son de carácter reservado y compartimentado. No se trata de opacidad, sino de seguridad de las operaciones. En estos foros se disecan objetivos prioritarios, se cruza inteligencia de señales y humana, y se identifican vulnerabilidades críticas del adversario. Exponer el contenido sustantivo sería una vulneración a la integridad operativa. La lógica militar que rige en la SEDENA y la SEMAR prioriza la discreción táctica; la lógica política, en cambio, demanda la exposición mediática.
Lo observado en Culiacán es una anomalía controlada por la variable política. Las reuniones se tornan visibles y se documentan para el consumo público, no con fines de transparencia estratégica, sino como una escenificación del control. No se transparenta el “cómo” (el método), sino que se proyecta el “quién” (la autoridad). Lo que se comunica es el simbolismo de la presencia del Estado en una zona de alta intensidad conflictiva.
Esta apertura obedece a una maniobra de comunicación estratégica con objetivos múltiples: primero, la disuasión mediante la presencia física del Estado en teatros de operaciones complejos; segundo, la consolidación de Harfuch como el operador táctico central del proyecto de seguridad; tercero, la reafirmación de la soberanía federal sobre el territorio; y cuarto, el control de la narrativa para evitar que la guerra de información sea capitalizada por grupos antagónicos o por la incertidumbre social.
Tras el despliegue mediático, el ecosistema del poder real permanece inalterado. México se rige bajo un modelo de cohabitación estratégica entre el poder civil y el estamento militar. No existe una subordinación lineal ni un desplazamiento de funciones. Lo que prevalece es un equilibrio de pesos y contrapesos: el poder civil define la directriz política y la narrativa de seguridad, mientras que el poder militar mantiene la soberanía sobre la ejecución táctica, el despliegue de fuerza y el control territorial.
En este engranaje, el rol de García Harfuch es el de un intermediario de alta especialidad. No es un mando de armas, pero tampoco un administrativo. Su fuerza reside en su capacidad de síntesis de inteligencia operativa y en su control sobre la arquitectura comunicacional de la crisis. No emite órdenes de marcha a los batallones, pero influye en la definición de los vectores de ataque. No decide la táctica en el terreno, pero tiene peso en la selección de los blancos estratégicos. No detenta el monopolio de la fuerza, pero sí el control del tablero político.
Independientemente de la narrativa, la capacidad resolutiva en el terreno sigue residiendo en la SEDENA y la SEMAR. Son estas instituciones las que sostienen la fricción del combate, movilizan los recursos cinéticos y garantizan la presencia permanente en las regiones. Es una realidad insoslayable: en el último escalón del uso de la fuerza, la cadena de mando militar es la que prevalece sobre cualquier acuerdo de índole política. En la línea de fuego, la decisión es estrictamente militar.
Consecuentemente, la incursión en Culiacán no debe interpretarse como un desplazamiento del estamento militar, sino como una reconfiguración de la visibilidad del mando civil. El Ejecutivo apuesta por centralizar la conducción política en una figura con perfil policial técnico, sin erosionar —labor por demás compleja— la columna vertebral operativa de las Fuerzas Armadas.
El sistema resultante es un modelo híbrido de seguridad: conducción estratégica de origen civil, ejecución operativa de doctrina militar y una comunicación pública de naturaleza política. Se trata de un equilibrio de alta tensión, sostenido por la coordinación institucional y no por una jerarquía orgánica absoluta.
La relevancia, entonces, no reside en quién ocupa el centro del encuadre fotográfico. La verdadera cuestión de Estado es quién posee la capacidad de dictar la orden y quién tiene el brazo ejecutor para garantizar su cumplimiento en el territorio nacional. En México, esa respuesta sigue siendo un mosaico de poderes concurrentes, y en esa complejidad se cifra la verdadera fuerza del sistema.
