Desnarcotizar el Estado: La tesis de Imelda Castro para la refundación de la paz en Sinaloa
Alvaro Aragón Ayala
La senadora Imelda Castro Castro situó en la cúspide del debate público una premisa que trasciende la coyuntura y redefine la ontología de la crisis de seguridad en Sinaloa: la pacificación no es una gesta individual, sino un imperativo categórico del Estado Mexicano. Con esta afirmación, la legisladora fractura la narrativa tradicional que deposita la solución en liderazgos providenciales, desplazando el foco hacia la corresponsabilidad sistémica y el robustecimiento institucional.
En un ecosistema donde la violencia ha mutado de fenómeno esporádico a condición estructural, su planteamiento exige reconocer que cualquier estrategia personalista —por más vigorosa que pretenda ser— resulta insuficiente frente a la complejidad del desafío. La seguridad, bajo esta óptica académica y política, deja de ser una cuestión de voluntad política individual para convertirse en una arquitectura de Estado, donde la eficacia depende de la sincronía entre los órdenes de gobierno y sus organismos de inteligencia y justicia.
Sin embargo, el punto de inflexión en su discurso radica en un concepto de profunda carga sociológica: la urgencia de “desnarcotizar” la vida pública. Esta propuesta no se limita al desmantelamiento de las falanges criminales, sino que exige una disección quirúrgica para extirpar la influencia del narcotráfico en los nervios vitales de la economía, la política y la cultura. Es, en esencia, un diagnóstico crudo sobre la capilaridad del fenómeno delictivo y su capacidad de infiltración en el tejido social.
Desnarcotizar la economía conlleva el reconocimiento tácito de que diversos sectores productivos han coexistido, de forma simbiótica o forzada, con flujos de capital de procedencia ilícita. Bajo esta lógica, la transformación regional no se agota en el despliegue de fuerza pública; requiere un cambio de paradigma económico que sustituya la dependencia de esos recursos mediante políticas de desarrollo sostenible, inversión transparente y el fortalecimiento de la formalidad financiera.
En el espectro político, el señalamiento de la senadora adquiere una gravedad institucional ineludible. Hablar de desnarcotización en el ejercicio del poder supone admitir la erosión de las fronteras entre la legalidad y el estado de ausencia. La influencia del crimen en el andamiaje electoral y en la toma de decisiones públicas deja de ser una narrativa marginal para erigirse como el obstáculo principal que el Estado debe remover para garantizar la autenticidad de la democracia.
No obstante, es en la dimensión cultural donde la propuesta de Castro Castro alcanza su mayor profundidad intelectual. La normalización del horror, la apología del delito y la asimilación de códigos criminales como referentes de éxito social evidencian que el problema colonizó el imaginario colectivo. Desnarcotizar, en este sentido, es una tarea de reconstrucción axiológica: se trata de regenerar los valores, los referentes éticos y las expectativas de una sociedad que debe reaprender a proyectarse fuera de la sombra de la ilegalidad.
Como respuesta pragmática a este diagnóstico, la senadora ha articulado la plataforma “Vocerías por la Paz”, un mecanismo diseñado para transitar de la retórica a la acción ciudadana. Esta iniciativa postula que la sociedad civil no puede ser un convidado de piedra en la gestión de su propia seguridad, sino un agente deliberativo y proactivo en la configuración de un entorno habitable.
Ineludiblemente, este despliegue de ideas posee una lectura estratégica en el tablero electoral. En el seno de Morena, y con el horizonte puesto en la sucesión gubernamental de 2027, Imelda Castro se perfila con una narrativa propia. “Vocerías por la Paz” no solo opera como un catalizador social, sino como una plataforma de posicionamiento político que busca amalgamar el descontento social con una propuesta de gobierno técnica y humanista.
Las declaraciones de la senadora operan, por tanto, en una dualidad dialéctica. Por un lado, ofrecen un diagnóstico estructural de difícil refutación: la violencia no se mitiga con paliativos ni con figuras mesiánicas. Por otro, delinean la hoja de ruta de un proyecto de futuro que aspira a capitalizar la urgencia de paz en un programa de transformación sistémica.
Así, pues, mientras la inseguridad se aborde exclusivamente desde la óptica de la fuerza coercitiva, la paz seguirá siendo una quimera. La transformación real implica intervenir los cimientos del orden establecido. El llamado a la desnarcotización no es solo una consigna política; es una advertencia histórica sobre la necesidad de reconstruir el contrato social en Sinaloa sobre bases de legalidad absoluta.
