Nuevo título de concesión de Telmex vulnera derechos laborales: telefonistas
Darylh Rodríguez
Trabajadores de Telmex denuncian que los términos del nuevo título de concesión que el Estado le otorgó a la empresa por otros 30 años vulneran sus derechos laborales. Según los telefonistas, dicha concesión debilita las obligaciones estratégicas del sector de telecomunicaciones y elimina la prohibición de subsidios cruzados entre servicios concesionados y sus filiales. La nueva concesión fue otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde inicios de 2023 y entró en vigor en marzo pasado. El organismo “autónomo” ahora desaparecido fue señalado en varias ocasiones por el expresidente AMLO de beneficiar a privados en lugar de velar por el bien de la mayoría
El nuevo título de concesión de Teléfonos de México (Telmex), propiedad del empresario Carlos Slim Helú, entró en vigor el pasado 11 de marzo de 2026 en medio de señalamientos por supuestas violaciones a derechos laborales, y por el debilitamiento de obligaciones estratégicas del sector de telecomunicaciones. Esta situación ha encendido alarmas entre colectivos de trabajadores, que denuncian vulneración de sus derechos laborales.
Entre los cambios más relevantes, destaca la eliminación de la prohibición de subsidios cruzados entre servicios concesionados y sus filiales. Esto implica que la empresa podrá transferir recursos entre distintas unidades de negocio del mismo grupo para favorecer servicios en competencia, sin restricción alguna. Y es que, en el título previo –vigente por 50 años (1976-2026)–, se establecía con cierta claridad que Telmex no podía realizar este tipo de prácticas; una disposición que, según telefonistas, protegía tanto la libre competencia como el interés público.
De acuerdo con la Alianza Nacional Telefonista (ANT), grupo disidente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), la nueva concesión otorgada al empresario más rico del país también elimina las obligaciones vinculadas a la modernización tecnológica. En el título anterior, la empresa estaba obligada a actualizar su red mediante la incorporación de avances tecnológicos, así como a desarrollar investigación industrial que fortaleciera la competitividad del país en materia de telecomunicaciones. Ahora, ambos parámetros desaparecen del nuevo marco concesionado, lo que, dicen, podría traducirse en un debilitamiento de la capacidad del sector para responder a las necesidades nacionales.
“Un tema para nosotros muy delicado es que se exima al concesionario de la obligación de realizar la modernización de las telecomunicaciones y de la investigación tecnológica, y de invertir en la capacitación y en la educación tecnológica”, señala el documento de la ANT contra la concesión enviado al Senado de la República.
Para la disidencia sindical, estos cambios no son menores, sino que configuran un retroceso de fondo. Se trata de una violación flagrante que afecta tanto a las y los trabajadores como a la nación, resultado de políticas neoliberales impulsadas con mayor vehemencia a partir de la creación del ahora extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); organismo encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente del sector, así como de garantizar la competencia y la libre concurrencia en materia de las telecomunicaciones.
En ese contexto, los telefonistas sindicalizados consideran urgente transparentar el proyecto que sustenta la prórroga de la concesión para someterlo al escrutinio público y, con ello, frenar el proceso de desmantelamiento del sector, además de recuperar derechos laborales que han sido vulnerados; entre ellos, la pérdida de la materia de trabajo, debido a que actualmente “miles de trabajadores” se encuentran subcontratados para atender funciones que, conforme al contrato colectivo, corresponden exclusivamente al personal sindicalizado.
“Hoy tenemos a miles de trabajadores de outsourcing (subcontratación) que atienden nuestra materia de trabajo, cuando legalmente nuestro contrato colectivo en la cláusula novena especifica que nosotros, los sindicalizados, somos los que tenemos que atenderla. Ya dejaron de cubrir las vacantes para los telefonistas, que era una obligación de la empresa”, señala Miguel Ángel Sebastián Viveros, integrante de la disidencia del STRM, al explicar que, desde la década de 1990, Telmex adquirió el compromiso de cubrir “todas las plazas generadas”, por lo que actualmente existe un rezago de más de 20 mil vacantes sin ocupar.
La situación no se detiene ahí. Alicia Colchado Ariza, líder del consejo de la misma alianza sindical, advierte que la revisión de la concesión es fundamental ante un contexto internacional marcado por el ascenso de la ultraderecha, corriente que vulnera los derechos humanos. “Si nos damos cuenta, ahora en la crisis mundial que estamos viviendo, todo golpe que se da a los gobiernos progresistas se atraviesa, previamente, por el manejo faccioso de las telecomunicaciones”, señaló al ser consultada por Contralínea.
“En México, las telecomunicaciones debieron de haberse mantenido siempre como sectores estratégicos de la nación como un punto de seguridad nacional; sin embargo, el proyecto neoliberal impuso la privatización y ahora, con la cuarta transformación, tenemos la esperanza de que este sector se recupere con esa clasificación: de sector estratégico de la nación”.
Subsidios cruzados en la nueva concesión
Como se recordará, Teléfonos de México, SAB de CV forma parte de un entramado corporativo más amplio, que entre sus redes sostiene vínculos con diversas filiales, como el consorcio América Móvil –corporación que surgió de la propia telefónica en el 2000 y con presencia en América Latina y Europa–, o firmas como Radiomóvil Dipsa SA de CV (Telcel).
En este contexto, la disidencia sindical sostiene que, desde la privatización de la empresa, se ha configurado un esquema que le ha permitido trasladar de manera sistemática la materia de trabajo hacia otras compañías del mismo grupo corporativo, como Triara, Uninet, Red Uno o Telcel, desde donde “se prestan servicios que originalmente le correspondía atender a Telmex”.
Para la Alianza Sindical, este proceso se ha sostenido mediante prácticas como la subcontratación y los llamados “subsidios cruzados”, gracias a un entorno marcado por la falta de intervención de las autoridades regulatorias, entre ellas la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el IFT, organismos recientemente extintos. Así, bajo esta lógica, los telefonistas acusan que dichas dinámicas han derivado en una afectación a sus derechos laborales.
Y es que la gravedad de los “subsidios cruzados” radica en que este concepto le permite a cualquier empresa de un mismo grupo –como Telcel– utilizar recursos, ingresos o la misma infraestructura de un servicio concesionado –en este caso Telmex– para fortalecer su posición en el mercado. Esto implica que las capacidades financiadas bajo una concesión pública pueden ser transferidas de manera indirecta a otras unidades de negocio, lo que genera “ventajas desleales” frente a sus competidores. En este sentido, los telefonistas señalan que Telmex ya ha trasladado operaciones y recursos hacia sus filiales, lo que estaría afectando la libre competencia y la materia de trabajo de los sindicalizados.
“De 1990 a la fecha, todo se ha facilitado para que el empresario Carlos Slim se lleve la materia de trabajo a sus otras empresas como Triara, Uninet o Red Uno; desde donde se prestan servicios de telefonía y todo lo que nosotros tendríamos que estar prestando a través de Teléfonos de México. Pero, a lo largo de estos años, el IFT jugó un papel para ‘hacerle un traje a la medida’ a Carlos Slim, y que a través de sus otras empresas se siguiera enriqueciendo”, expresa Alicia Colchado a este semanario.
Con ello, advierte que, aunque estas prácticas ya se venían realizando, con la entrada en vigor del nuevo título de concesión se eliminan restricciones “clave”, lo que podría legalizar dinámicas que antes estaban prohibidas. A ello se suma la flexibilización en los requisitos de inversión, que “abre la puerta” a una mayor participación de capital extranjero en el sector.
“Uno de los temas en la prórroga del título de concesiones es que ya no hay la obligación que el título original establecía que estaba prohibido, por ejemplo, los subsidios cruzados; quiere decir que un solo empresario no puede tener una empresa, generar otra y las ganancias de una pasarlas a la otra. Y aunque lo venía practicando, a partir del 11 de marzo 2026, ya esa práctica va a ser ‘legal’. Por otro lado, ya no hay obligatoriedad de que la mayoría de los inversionistas en el tema de telecomunicaciones tengan que ser mexicanos. Y esto supera los intereses transnacionales, inclusive de nuestras telecomunicaciones”.
Prácticas monopólicas
Este contexto no es nuevo. En marzo de 2014, el entonces IFT determinó que el grupo de interés económico integrado por América Móvil, Telmex, Teléfonos del Noroeste, Telcel, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa constituía un agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones. Dicha resolución implicó el reconocimiento de su alta concentración en el mercado, así como la imposición de medidas regulatorias específicas para evitar afectaciones a la competencia y la libre concurrencia.
Sin embargo, ese no fue el único antecedente de la empresa. El dominio de Telmex en el mercado de las telecomunicaciones fijas derivó en múltiples señalamientos por supuestas prácticas monopólicas. Desde 1999, se han recibido denuncias en su contra y, para 2007, éstas se habían intensificado. Por ello, la Cofece tuvo que determinar que la empresa contaba con “poder sustancial” en el mercado; es decir, una capacidad que no podía ser igualada ni contrarrestada por cualquiera de sus competidores.
“La concentración monopólica de las telecomunicaciones es una amenaza contra las democracias, nosotros lo llamamos un tema de seguridad nacional”, advierte Alicia Colchado.
A la par de estas preocupaciones, la alianza denuncia un deterioro progresivo de sus condiciones laborales. Un desgaste que concentra la eliminación del reparto de utilidades para trabajadores activos, así como la pérdida de prestaciones y el endurecimiento de las condiciones de jubilación.
“Carlos Slim dice que ya no hay ganancias, que nada más por ‘amor a la empresa’ la sigue conservando, pero que no es ya costeable para él; o sea, ya no es costeable para él, pero pide una prórroga del título de concesión por 30 años más. Entonces, no es creíble”, cuestiona Amado Lozano, integrante de la ANT.
De acuerdo con los testimonios, en años recientes las condiciones de retiro también se han modificado de manera significativa. “Antes, las mujeres podían jubilarse con 25 años de antigüedad; ahora se ha elevado a más de 35, y 65 de edad cuando anteriormente desde los 52 se podían jubilar. Estamos hablando de una pérdida de al menos una década en derechos laborales”, explican.
Asimismo, Alicia Colchado detalla que, hasta hace aproximadamente nueve años, las mujeres podían jubilarse desde los 48 años tras cumplir 25 años de servicio, mientras que los hombres lo hacían a partir de los 53. En ambos casos, la pensión correspondía a un 70 por ciento del salario total, con posibilidad de incrementarse hasta 80 por ciento si extendían su vida laboral a 31 años de servicio.
Ahora, esa realidad parece lejana. Con las modificaciones actuales, las mujeres deben jubilarse a los 65 años con apenas el 30 por ciento de su salario, lo que implica un incremento de hasta 17 años en la edad de retiro y una reducción sustancial en el monto de la pensión. “Antes no había límite de edad: se podía alcanzar hasta el 80 por ciento del salario con 31 años de servicio, o jubilarse desde los 48 años con 25 años de antigüedad, aunque con un porcentaje menor. Hoy, prácticamente, se ha perdido todo”.
De igual manera, recuerda que, en su momento, estos esquemas diferenciados sí logran responder a un reconocimiento histórico de las condiciones laborales de las mujeres. “Se entendía que teníamos una doble o triple carga de trabajo, por lo que la jubilación anticipada era también un reconocimiento social. Eso hoy ha desaparecido”, sostiene Alicia Colchado.
A ello se suma un clima interno de control sindical que inhibe la denuncia. “La gente no se atreve a reclamar porque hay represalia; les niegan préstamos o incluso los excluyen de beneficios sindicales”, señala la líder del consejo de la ANT. Según la disidencia sindical, estas prácticas han derivado incluso en agresiones contra trabajadores inconformes, algunas de las cuales han sido denunciadas por la vía legal.
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana nació en 1950 como una de las organizaciones laborales más relevantes del sector de las telecomunicaciones en el país. Actualmente, su dirigencia está encabezada por el ingeniero Francisco Hernández Juárez, figura que lleva más de 50 años en el cargo como secretario general.
En este contexto, la disidencia sindical señala que esta prolongada permanencia en el liderazgo ha derivado en un “charrismo” y en un esquema de control interno que inhibe la crítica y la participación democrática “real” y “certera”. “Una organización que llegó a agrupar a más de 60 mil trabajadoras y trabajadores no puede estar bajo el mando de una sola persona durante tanto tiempo sin un aparato de control y represión permanente”, señala Colchado.
Con ello, la alianza disidente denuncia un deterioro en las condiciones laborales, que incluye la eliminación del reparto de utilidades para trabajadores activos, así como la pérdida progresiva de prestaciones. “Son muchas las cosas que nos han estado quitando a raíz de que está el secretario general Francisco Hernández Juárez. Y la gente no reclama porque hay represalias, les quitan más derechos o les cancelan sus derechos sindicales; les niegan préstamos o les impiden recomendar a nuevos trabajadores”, añade la activista. Incluso, señala que integrantes del STRM han sido agredidos por manifestar inconformidades.
Sin embargo, el dirigente sindical rechaza estas acusaciones. En entrevista para esta revista, Hernández Juárez sostiene que el STRM “cuenta con mecanismos democráticos internos”; aunque reconoce que siempre habrá “voces disidentes”. “Desde siempre se han expresado en contra, nunca les ha gustado la manera en la que dirigimos al sindicato, y toda la vida han tratado de desestabilizar a la organización diciendo que expresan la opinión de la mayoría de los compañeros, pero eso se acredita con hechos. Nosotros renovamos nuestro Comité Ejecutivo cada cuatro años mediante voto universal; lo mismo ocurre con delegados y comités locales en las 191 secciones del país”.
En cuanto a la situación de Telmex, el líder sindical reconoce que, desde inicios de los años 2000, la empresa enfrentó una reconfiguración estructural, marcada por la “transferencia de los servicios más rentables” hacia otras compañías del grupo, como la telefonía celular. Este proceso “redujo la capacidad financiera de la empresa y limitó sus niveles de inversión”.
“A partir del año 2000, 2002, 2003 se empezó a modificar la estructura de Teléfonos de México porque los dueños, digamos, que empezaron a sacar los servicios más rentables de Telmex, y obviamente su condición financiera se modificó porque los servicios que más ingresos les dejaban empezaron a trasladarse a otro corporativo, a Telcel, empezando por la telefonía celular, que la concesión original es de Telmex. De modo que se buscó la manera de reducir la presencia de Telmex por dos vías: la de sacar los servicios más rentables y empezar a limitar los niveles de inversión en la propia empresa”.
En este sentido, Hernández Juárez critica las políticas regulatorias aplicadas al sector, particularmente las derivadas de la declaratoria de preponderancia, al considerar que se “obligó” a Telmex a compartir su infraestructura sin generar incentivos suficientes para que otras empresas invirtieran en sus propias redes.
A la par, cuestiona la “falta de interlocución” con autoridades gubernamentales en torno al nuevo título de concesión. “Nos hemos enterado por la vía de la empresa; las autoridades no nos han convocado y no vemos disposición de acercamiento”, señala. Añade que, pese a la desaparición del IFT, el marco legal se mantuvo sin cambios sustanciales, por lo que las medidas regulatorias afectan a la empresa sin generar beneficios para el país.
Por otra parte, frente a las críticas de la disidencia sindical sobre una supuesta falta de defensa de los derechos laborales, el secretario general asegura que sí se han impulsado recursos legales y acciones institucionales en favor de las y los trabajadores telefonistas. No obstante, sostiene que varios de estos procesos se han visto limitados por resoluciones judiciales, particularmente en instancias como el Poder Judicial de la Federación, que en su momento estaba liderado por voces más conservadores.
“Sí, tenemos la esperanza que con este nuevo Poder Judicial podamos tener un acercamiento. La verdad es que antes no habíamos tenido ni siquiera posibilidad de un acercamiento con el Poder Judicial, con este nuevo sí, y esperemos que eso nos pueda abrir oportunidades de renovar nuestras preocupaciones, porque recientemente nos rechazaron los amparos. Y estoy por revisar con mi cuerpo jurídico cuáles son los elementos para ver si hay algún recurso que plantearnos, pero en principio puedo decir que nos negaron”.
A pesar de que el funcionario defiende su labor al frente del sindicato de telefonista, el grupo disidente vincula la dinámica interna del gremio con el deterioro de las condiciones laborales, al acusar prácticas que han derivado en la pérdida progresiva de derechos, así como una supuesta corrupción que termina por afectar a las y los trabajadores telefonistas. “La parte también principal que hemos padecido muchísimos telefonistas, que estamos objetando la posición que tiene el secretario general Francisco Hernández Juárez, es, principalmente, por la pérdida de derechos que hemos padecido”, expresa Miguel Ángel Sebastián Viveros.
Tal es el descontento de la Alianza Nacional Telefonista que sus demandas han escalado hasta instancias como la Presidencia de la República, algo que sucedió durante la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora, tras la desaparición del IFT y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones –órgano dependiente del Ejecutivo federal–, los trabajadores disidentes confían en que se realice una revisión de fondo al título de concesión de Telmex, así como a las condiciones laborales del gremio y al papel que ha desempeñado la dirigencia del STRM. Por lo pronto, esperan una respuesta de la Presidencia, encabezada por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Nosotros les hemos hecho llegar nuestras inquietudes a legisladores, ellos saben del tema; y la verdad, estamos contentos por la desaparición del IFT, pero no vemos avance de la Agencia de Transformación Digital hacia nosotros. Sin embargo, seguiremos buscando los contactos y todo lo que tengamos que hacer en ambas Cámaras para ser escuchados. Pero la Agencia de Transformación Digital, por sí misma, ya tendría que habernos escuchado”, reitera Colchado.
