La delgada línea institucional
Fernando Martínez González
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa abre un debate relevante sobre el delicado equilibrio entre la seguridad del sistema financiero y la protección de los derechos individuales.
Por un lado, es innegable que el Estado necesita herramientas eficaces para combatir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado. En ese contexto, la posibilidad de actuar con rapidez puede resultar clave para evitar la dispersión de recursos de origen ilícito. Esta es la lógica que sustenta la postura oficial, que supone un fortalecimiento de los mecanismos de prevención y protección de la integridad del sistema financiero.
Sin embargo, también es necesario analizar los alcances de esta medida ante posibles excesos, a la luz de principios constitucionales como el derecho de propiedad, previsto en el artículo 14 de la Constitución que en forma precisa dice que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sin que exista una orden judicial. Asimismo, podría vulnerar la presunción de inocencia contemplada en el artículo 20 constitucional.
Diversos especialistas en materia jurídica han señalado que permitir el congelamiento de cuentas sin intervención judicial previa puede generar tensiones con estos derechos, particularmente si no existen controles claros, oportunos y transparentes.
No se trata de negar la necesidad de combatir actividades ilícitas, pero al mismo tiempo se debe garantizar que las herramientas utilizadas no deriven en arbitrariedades o en un uso faccioso con fines políticos.
En un entorno donde la certeza jurídica es un factor determinante para la inversión y la confianza económica, este tipo de medidas abonan el terreno para la incertidumbre. No es casual que durante el mes pasado hayan salido del país 206 mil millones de dólares de inversión en el tema energético y más de 7 mil millones de dólares de capitales golondrinos en busca de mejores rendimientos y climas de mayor estabilidad.
La UIF ha sostenido, bajo la conducción de Omar Reyes Colmenares, que esta facultad no está dirigida contra ciudadanos o empresas que operan dentro de la legalidad, sino que busca proteger tanto a la sociedad como al sistema financiero. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la forma en que los afectados pueden ejercer su derecho de audiencia y defensa.
Los procedimientos existentes, como la solicitud de desbloqueo ante la UIF, los juicios de amparo o los procesos contencioso-administrativos, representan vías legales importantes, pero también pueden implicar costos y tiempos que afectan la operación de personas y empresas.
Una determinación de tal magnitud requiere un análisis a fondo, que tenga como principal objetivo la construcción de instituciones capaces de enfrentar amenazas reales sin debilitar el marco de derechos que sostiene la vida democrática. La clave parece estar en el diseño de contrapesos efectivos, transparencia en la aplicación de las medidas y certeza en los procesos de revisión.
En un país donde los retos en materia de seguridad financiera son significativos, el desafío no es menor. Fortalecer la capacidad del Estado y al mismo tiempo preservar la confianza de los ciudadanos y los inversionistas será determinante para el rumbo institucional y económico de México.
