Sucesión 2024: los medios también votan o por qué las acusaciones
Carlos Ramírez
Detrás de las recriminaciones recurrentes del presidente López Obrador contra algunos medios de comunicación de definición política opositora se localiza la certeza de que la prensa no pudo transitar de manera ordenada del régimen autoritario a las aperturas democráticas y se quedó estancada en la dependencia de recursos del gobierno o de los bloques de poder.
El presidente ha sido muy insistente en revelar las fuentes de financiamiento de la prensa y sobre todo de algunos de los analistas que publican en esos medios para significar el hecho de que hasta finales del gobierno de Peña Nieto el sector de comunicación política era considerado un sector invisible del sistema/régimen/Estado priísta y que por esa razón había derivado en un aparato ideológico a favor del bloque gobernante priísta ya en su fase neoliberal.
La intensidad de las críticas presidenciales se debe contextualizar en el escenario del proceso de sucesión presidencial en la coalición gobernante para definir con claridad el territorio de la disputa, pero las confrontaciones de Palacio Nacional se han quedado en los cuestionamientos a la prensa crítica sin que el grupo morenista haya podido construir un bloque crítico para confrontar los proyectos en el terreno de las ideas.
Sobre este tema centra la edición número 12 de la revista digital Palacio Nacional 2024 (https://indicadorpolitico.com.mx/?page_id=12227) en busca de centralizar los ataques en un terreno político que revise el papel de la crítica periodística e intelectual en las disputas por el poder en las sucesiones y elecciones presidenciales y cuando menos presente un marco referencial político a lo que ha terminado en una confrontación de dimes y diretes.
La historia de la relación de la prensa por el poder se ha definido con precisión en los tiempos políticos de selección del candidato presidencial del partido en el poder –sea el PRI, el PAN o Morena–, aunque los sectores en pugna a veces se han quedado en la superficie de los dardos envenenados o de las acusaciones ciertas en la superficie de la reedición de la relación de la prensa con el poder político a partir del colapso sistémico de 1968.
El otro tema central que atrae la atención de la revista es el que se conceptualiza en el modelo de voto criminal y que no es otro que la participación directa de la delincuencia organizada/desorganizada en el apoyo a partidos y candidatos como favores que tendrán que pagarse con las nuevas administraciones municipales estatales y federales. Aquí hay que subrayar el descuido de la estrategia de seguridad del Estado –porque involucra al INE como organismo no gubernamental– en las elecciones de 2021 a 2024 para permitir que las bandas criminales involucraran en política y ahora estén cobrando los favores en plazas calientes como Quintana Roo, Zacatecas, Colima, Guanajuato y otras.
También la revista recuerda la crisis del proceso de sucesión presidencial priísta en 1970 cuando se dio la nominación en 1969 del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y la ruptura de las reglas sucesorias que garantizaban la estabilidad política en la continuidad sistémica del régimen. Díaz Ordaz optó por Echeverría en la lógica tradicional de que el titular de Gobernación era la pieza que garantizaba la continuidad estabilizadora, sin contar con la sorpresa que dio Echeverría de romper con el grupo diazordacista, dividir a la clase política y fracturar la arquitectura del PRI.
El analista Rafael Abascal hace una evaluación de las encuestas y tendencias del voto en Tamaulipas, donde el PAN mantiene un posicionamiento adelantado, aunque con la existencia de una sociedad irritada por la violencia y por el abandono federal y con un 28% de votantes indecisos que podrían dar una sorpresa el día de las elecciones.
Con información de Indicador Político
